La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.
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A un año de que se asumieron compromisos para luchar contra la violencia y el acoso laboral, no se ha avanzado en temas legislativos y de políticas públicas en México que contribuyan en el cumplimiento del Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró Mayeli Cabral, socia de la Práctica Laboral en Chevez Ruiz Zamarripa.
Indicó que “quedaron pendientes varias reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y cambios en materia de inspecciones y capacitación”, asimismo, México tenía que armonizar su marco legal con las disposiciones de la norma internacional, lo cual implicaba reformar al menos seis legislaciones. Destacó que actualmente, la violencia y el acoso laboral no se vinculan como un riesgo de trabajo, lo que impacta negativamente en los compromisos de prevención que deben llevar a cabo las autoridades.
Por su parte, Jacqueline Álvarez, socia de la Práctica Legal-Laboral de EY México, explicó que el convenio es innovador porque protege a los trabajadores; así como a los aspirantes a empleo, practicantes y extrabajadores, abarcando tanto el empleo formal como el informal; sin embargo, el Estado no ha adaptado la legislación para incluir a las personas en la informalidad, quienes también están protegidas por el convenio.
Según Álvarez, durante el último año se debió observar una mayor difusión e inspección del convenio, pero las acciones en este sentido han sido escasas.
A pesar de que, en marzo de 2022, el Senado aprobó un paquete de reformas para armonizar el marco legal con el C190, el período ordinario de sesiones concluyó sin que la minuta se discutiera en la Cámara de Diputados.
Finalmente, Mayeli Cabral señaló que el mayor avance se logró previamente a la ratificación del convenio, cuando la Ley Federal del Trabajo reforzó conceptos y obligó a contar con protocolos para prevenir la discriminación y el acoso laboral. “Sabíamos que hacia allá teníamos que ir, pero ahí se quedó. El escenario posterior al convenio, donde la labor legislativa debería ser más intensa para reforzar los conceptos en la ley, no se hizo”.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.