Nunca como en este caso es apropiada la paráfrasis del famoso libro de Gabriel García Márquez. El atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación fue el previsible corolario de años de ataques y agresiones de todo tipo, en donde la figura de Cristina Fernández de Kirchner fue escarnecida y difamada sin tregua. El ensañamiento con el que fue execrada por los infames habitantes de la cloaca mediática nacional, gentes que encuentran en ese pestilente torrente de excrementos y desechos de todo tipo su hábitat más confortable; con que fue denigrada por la dirigencia de la sanguinaria derecha argentina, que continúa recordando con nostalgia los tiempos de la dictadura genocida; y con que fue insultada por los representantes políticos e intelectuales de los poderes fácticos, todos inflamados por un odio visceral hacia CFK (y lo que de una u otra manera represente a lo popular y a los “nadies”) tenía, más pronto que tarde, que alumbrar la aparición de un sicario dispuesto a llevar todas estas premisas hasta sus últimas consecuencias prácticas: eliminar físicamente a quien aparecía en este bombardeo mediático como una figura satánica, la personificación misma del mal.

Por eso el frustrado magnicidio debe ser analizado como el punto final de un perverso proceso signado por una sucesión de gestos, mensajes y discursos de muerte cuyos emisores son, objetivamente hablando, autores intelectuales o al menos instigadores del fallido atentado contra la Vicepresidenta. Instalaron y aplaudieron la aparición de guillotinas, horcas, bolsas mortuorias, ataúdes en la Plaza de Mayo y otros sitios, todos con el rostro o el nombre de Cristina; legisladores y principales dirigentes de la oposición exigieron cárcel perpetua o la pena de muerte para ella y sus colaboradores, acusada de la comisión de los peores crímenes en contra de la república; se oyeron y leyeron declaraciones escandalosas a favor del derecho a portar y utilizar armas de fuego supuestamente justificado en nombre de la libertad, sabiendo que esas manifestaciones caerían en oídos prestos a pasar de las palabras a los hechos. Nada fue casual.

Este venenoso clima de opinión que convoca a la violencia fue meticulosamente incentivado por el vómito diario, sin pausa, de una tropa de malhechores; los pseudo-periodistas de la cloaca mediática que esconden sus aviesas maniobras al servicio de los poderes fácticos bajo el manto de la libertad de expresión. El remate final de este deplorable proceso fue el vociferante –e insustancial– alegato de un oscuro abogadillo al que el sicariato comunicacional convenció de que era la mismísima reencarnación de Catón el Viejo, célebre porque en el Senado Romano terminaba todos sus discursos con la vibrante exhortación de “Destruir a Cartago”.

Exaltado por la manipulación a que era sometido por “los medios” el sucesor de opereta del viejo senador apeló a una fórmula parecida y con voz tonante proclamó que “Cristina es la jefa de una asociación ilícita” y que por el bien de la república había que destruirla. Con todos estos elementos, la mesa estaba servida para la aparición del magnicida y que éste apretara el gatillo. Pero quienes cargaron las balas en la pistola de Fernando Sabag Montiel fueron “los profetas del odio”, para usar la apropiadísima expresión de Arturo Jauretche acuñada en tiempos en los cuales la derecha había dado rienda libre a su furia asesina y bombardeaba desde sus aviones a civiles indefensos que en un día de trabajo transitaban por Plaza de Mayo. Son aquéllos, junto al frustrado magnicida, quienes también deberán ser llevados ante la Justicia. La historia ya los condenó; ahora falta que los fiscales y jueces de este sufrido país hagan lo mismo.