La política migratoria instrumentada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), secundada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prioriza la detención de migrantes −a toda costa− y refuerza el esquema de la militarización fronteriza con presencia de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano. 

Activistas promigrantes y defensores de derechos humanos en Tijuana, aseguran que las medidas adoptadas no han sido útiles y denuncian que han potenciado al crimen organizado en la frontera norte y el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos (EE. UU.). 

Entrevistado por este semanario, José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, aseguró que el fracaso de esta política migratoria no provino precisamente de los acuerdos firmados por AMLO y Donald Trump cuando éste asumió su primer periodo como presidente del país vecino, sino cuando recortó los recursos que estaban destinados para la ONG en todo el país.

“Con la administración anterior (de AMLO) desafortunadamente no hubo apoyo del Gobierno Federal, al contrario, quitaron ese recurso que era el apoyo para las organizaciones que atienden este fenómeno de la migración no sólo en el norte, sino también en el centro y sur del país.

Recursos empleados para detener migrantes

Hugo Castro, fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, consideró “lamentable que los recursos que deberían ser para las organizaciones los estén utilizando para la persecución de los migrantes, y es lamentable también que, habiendo tanta violencia hacia esta población, se esté normalizando todo ello, porque es la visión que nos dejan”.

Agregó que “las autoridades (migratorias y de seguridad) siguen diciendo ¡Ay!, rescatamos a los migrantes, pero ¿cuándo les pidieron apoyo? Son migrantes que quieren cruzar a EE. UU., muchos de ellos mexicanos que ya tienen sus familias en aquel país y que no quieren volver”.

El activista precisó que, con esta situación, los indocumentados ahora deben enfrentar a los elementos de la Guardia Nacional en su tránsito; y muchas veces eso propicia que mejor se recurra a otras alternativas como acercarse a los polleros, que generalmente están ligados al crimen organizado.

“Con esto se acentúa la necesidad de las personas migrantes de buscar medios alternativos para llegar a EE. UU. y así es como terminan en las manos de los polleros (traficantes de personas), que son los únicos que se benefician de toda esta situación y quienes terminan sacando tajada”, lamentó.

Secuestradores enganchan a migrantes en las garitas

Castro aseguró que estas personas dedicadas al delito del tráfico y secuestro se aprovechan de la situación imperante en la frontera y “están enganchando” a los migrantes y deportados de EE. UU. mediante las garitas de Otay y San Ysidro, en Tijuana.

 “Todos ellos (los polleros) empiezan a lucrar más, están cobrando más por los cruces y hay muchos casos de deportaciones que se están dando en zonas como las garitas de Otay y El Chaparral, donde hay enganchadores que no sólo son polleros, sino también secuestradores que buscan sacar el dinero a través de esta práctica”, agregó.

Resaltó igualmente que los secuestradores proponen a los migrantes cruzarlos fácilmente por alrededor de 10 mil dólares por persona y los convencen con falsas promesas de dejarlos hasta el destino elegido; pero “luego los secuestran, los retienen en casas de seguridad y les exigen el doble (20 mil dólares) por dejarlos libres”.

“Los que pueden lo pagan o llegan a un acuerdo para ser liberados, los que no pueden, quién sabe dónde quedan”, aseveró el activista, quien actualmente tiene en sus manos el caso de una pareja originaria de Chiapas que pasó por esta situación, cuya denuncia se formalizó ante las autoridades.

“Es una pareja que buscaba regresar a EE. UU.; cuando los deportaron, por la garita de Otay, los engancharon y les dijeron que los iban a cruzar cobrándoles 10 mil dólares a cada uno; pero terminaron secuestrados y tuvieron que dar más dinero, dieron 23 mil dólares y lo denunciamos; pero no pasó nada”, manifestó.

Castro refirió que se encontraron con las autoridades estatales y locales en Tijuana; sin embargo, “no hubo respuesta, les enviamos los screenshots donde se ve a quiénes se les realizaron los depósitos de este dinero, quiénes fueron los secuestradores, y no pasó nada, ahí están las fotos y la información”.

Sheinbaum preocupada por cumplir mandatos de Trump

Judith Cabrera de la Rocha, codirectora del albergue Border Line Crisis Center, destacó durante entrevista que la presidenta de México está actualmente más “preocupada por cumplir los mandatos de Trump ante las amenazas por los aranceles que en establecer una política real para la atención integral de la migración”.

Ejemplo de ello fue la primera visita que Sheinbaum realizó ya como Presidenta a la frontera, el pasado 26 de octubre, donde “se olvidó prácticamente de los migrantes y de la situación migratoria que se vive en esta región del país, ya que nunca tocó ni abordó el tema, es decir, el asunto no estuvo para nada considerado en su agenda pública”.

Durante su discurso, la presidenta Sheinbaum solamente se limitó a declarar que, con la “Cuarta Transformación”, “reivindicamos a los trabajadores mexicanos y en particular a nuestros hermanos que viven del otro lado de la frontera, que son héroes y heroínas de la patria, que no abandonan a sus familias, que no abandonan a nuestro país”.

“No a la militarización”

Ante estas circunstancias y medidas, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y autoridades municipales de Tijuana, exigieron a la Presidenta que realice reformas a las políticas migratorias que tiendan a una ejecución con mayor sentido de respeto a los derechos humanos.

Las exigencias derivaron de los sucesos producidos en diversos estados de este país y de los que se han registrado en Tijuana durante este año, sobre todo los abusos, agresiones y hasta amenazas de muerte hacia la población migrante y activistas; éstos se producen por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.

La codirectora de Border Line Crisis Center, reportó que “en México estamos viendo un aumento paulatino, pero sostenido, de la militarización, de la migración y de la criminalización, tanto de personas migrantes como defensoras, lo cual se ha materializado también de forma preocupante en Tijuana”.

Como ejemplo de ello recordó lo sucedido el 13 de octubre de 2023, cuando elementos del INM y de la GN intentaron ingresar a la fuerza a su albergue, situado a un kilómetro de la garita de San Ysidro, “un hecho vergonzoso que ya nos había prendido las alarmas”.

“Y un año después (dos de octubre de 2024) suceden las amenazas de muerte proveniente de una agente también de migración, contra la defensora Paola Morales, quien se ha dedicado a la defensa de los migrantes en Baja California desde hace varios años”, informó.

De la Rocha cuestionó que, ante estas agresiones, no han recibido respuesta de las autoridades pertinentes que les garanticen “la no repetición y la reparación de los daños en ambos casos. Hemos trabajado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todos nuestros esfuerzos han sido ignorados”.

La activista reiteró “la exigencia en voz alta y para todos los oídos” para cambiar y suspender la militarización de las políticas migratorias; porque también el “estar enfrentando a los cuerpos castrenses nos pone en una vulnerabilidad evidente dado que están armados, son cuerpos corruptos y sabemos que operan con impunidad.

“Sabemos que hay una orden, a nivel nacional, de detener la migración a como dé lugar, y lo hacen pasándose por el arco del triunfo todo tipo de leyes y acuerdos; esto sucede en complicidad con el gobierno estadounidense; por lo cual, una imagen que me parece que evoca una realidad muy cierta es que México se ha convertido en el perro guardián de la frontera con EE. UU.”.

Guardia Nacional acribilla a siete migrantes colombianos en Tecate

Un ejemplo de la pésima política de detención de migrantes, coincidieron los entrevistados, es lo ocurrido el pasado dos de noviembre, cuando siete migrantes de origen colombiano que cruzaban la frontera hacia EE. UU. fueron acribillados por elementos de la Guardia Nacional.

Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Tecate, en la carretera de cuota rumbo al tramo conocido como La Rumorosa, en las inmediaciones del parque eólico de la localidad, resultando dos personas fallecidas y cinco heridas, entre ellas una menor de edad.

Mediante un comunicado emitido en su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que, supuestamente, los elementos de la GN fueron agredidos inicialmente con armas de fuego, por lo que “repelieron la agresión”; además de que, en los hechos, detuvieron a un hombre de nacionalidad mexicana.

Las dos personas que perdieron la vida fueron identificadas como Yuli Vanessa Herrera Marulanda, de 37 años, herida directamente en la cabeza, y Ronaldo Andrés Quintero Pañuelas, de 20 años, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza, pecho, cuello y hombro, lo que contrasta con las versiones de las autoridades castrenses.

Erradicar perfiles militares en el INM

Al respecto, la Red Jesuita con Migrantes-México se sumó a la exigencia para que la presidenta Sheinbaum replantee la política migratoria mexicana para que se ejecute “con apego a los derechos humanos” y se aleje “del enfoque de seguridad militarizado que privilegia el control y la contención, en detrimento de la protección y el acceso a derechos”.

Mediante un comunicado, se pronunciaron por que los perfiles de los candidatos a delegados del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados cuenten con “la trayectoria, conocimientos y capacidades necesarias para implementar una política migratoria basada en el pleno respeto a los derechos”.

“Que de ninguna manera se impongan perfiles militares, incluyendo a personas con formación militar, en retiro o con licencia de las fuerzas armadas. Tampoco considerar perfiles que provengan del aparato de seguridad, incluyendo el sistema penitenciario”, puntualizaron.

A estas voces se sumó la del director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, José Luis Pérez Canchola, quien compartió en entrevista que, en la medida en que llegan migrantes hasta la frontera norte, se deben considerar otras políticas más humanitarias y que sean actualizadas para facilitar también los refugios en el país.

“El problema que también vemos con todo ello es que tenemos leyes muy obsoletas, y en el trato al refugio es aún más visible, y creo que, en conjunto con los diputados, las autoridades deben preocuparse por una reforma a nuestras leyes de migración y de refugio, para convertirlas en leyes humanitarias y dejar de lado la burocracia y la exigencia de requisitos imposibles de cumplir”, apuntó.

Corredor de Movilidad, una opción

A decir de Jorge Rivera Manzo, director de gestión para la Atención de Grupos Migrantes del Estado, los indocumentados solicitantes de asilo que llegan a Tijuana, lo hacen a través del Corredor Emergente de Movilidad Segura, que ha evitado cualquier adversidad para las personas migrantes.

En conferencia de prensa, detalló que este corredor funciona como un proyecto impulsado por el Gobierno de México en agosto pasado, “para auxiliar en el traslado terrestre de migrantes directamente desde Tapachula, Chiapas, exclusivamente para quienes cuenten con su cita de asilo a través de la aplicación CBP-One”.

“Actualmente, las personas están llegando a través de este llamado corredor humanitario y estamos recibiendo camiones cada semana, procedentes de la frontera sur, directo a Mexicali y de ahí a Tijuana, es un servicio gratuito para quienes vienen ya con su cita de CBP-One”, explicó.

Refirió que desde que se activó este corredor han recibido un camión por semana con alrededor de 30 personas cada uno, cifra que se ha incrementado, ya que al menos en la última semana de noviembre recibieron dos camiones con más de 60 migrantes.

En su mayoría, las personas que están utilizando esta opción proceden de países como Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, quienes llegan a la frontera sur solicitando asilo en EE. UU.

El funcionario subrayó que, actualmente, en Tijuana se ha establecido un promedio de acogida en los albergues y que no ha habido incrementos en ese rubro, a cuyo corredor atribuyó mayor funcionalidad por donde las personas pueden cruzar, “porque la información está fluyendo mejor.

“Esto tiene que ver porque desde que se tiene esta variación del corredor, gestionando sus citas de CBP-One desde la frontera sur, ha evitado que las personas lleguen aquí y se acumulen, y busquen la opción del cruce irregular, ya que ellos se quedan dos o tres días en la ciudad y luego entran a EE. UU.”, acotó.

Finalmente, agregó que el flujo migratorio en Baja California se está transformado y se adecua a nuevas circunstancias: “y creo que de los estados fronterizos es el que más cambios tiene y ahorita estamos en esa fase en la que prácticamente la mayoría llega con cita, sólo 30 por ciento aproximadamente son los que llegan sin cita y buscan otro tipo de cruces”.