De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 40 por ciento de los expedientes laborales iniciados en el Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen una resolución, el resto, el 60 por ciento sigue sin concluirse y en algunos casos el proceso puede extenderse hasta por 15 años.

La lentitud con la que se desarrollan los casos y por la falta de justicia son las razones por las que muchas veces los trabajadores abandonan sus demandas, esto pese al discurso de las autoridades que reportan avances en los procedimientos.

La reforma laboral, puesta en marcha en 2019, ha mostrado escasos avances en el cumplimiento de los derechos laborales. De acuerdo con el mismo informe, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, el PJF abrió 60 mil 258 expedientes en materia laboral. De ellos, sólo 23 mil 207 recibieron una resolución. Esto representa un rezago del 61.5 por ciento.

A nivel estatal, el número de expedientes aumentó 12.2 por ciento en 2024; sin embargo, sólo el 29 por ciento de los casos concluyó con una resolución.

El Inegi identificó como principales sectores con denuncias laborales a las actividades legislativas y gubernamentales; por el contrario, las industrias manufactureras y el comercio al por menor. En el ámbito estatal, el mayor número de casos se concentró en el sector de medios masivos, con 6.4 por ciento del total. El comercio minorista ocupó el segundo lugar, con 4.8 por ciento.

Asimismo, el Instituto atribuyó la demora en los juicios laborales a la falta de personal, carencias en infraestructura, desinterés institucional y problemas relacionados con la contingencia pasiva, es decir, los costos que enfrentan las empresas por obligaciones laborales no resueltas en el pasado.

Desde el 17 de noviembre de 2019, las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de recibir nuevos casos. Los nuevos tribunales asumieron esa función, y las juntas cerrarían al concluir sus pendientes; sin embargo, la transición no avanzó como se planeó.

Alejandra Sepúlveda, integrante de Trabajo Digno, denunció que en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México existe un rezago grave. “Desmantelaron la junta sin cerrarla, cuando debieron hacerlo después de terminar todos los procesos. Ahora hay miles de expedientes abiertos”, señaló.

También recordó que la reforma buscaba reducir el tiempo de resolución, y se propuso limitar el pago de salarios caídos a un año. Aun así, los resultados siguen sin cumplir esa meta.

Ante esta realidad, especialistas y colectivos recomiendan fortalecer la infraestructura, contratar más personal en los tribunales y garantizar un acceso real a la justicia laboral. Finalmente, señalaron que la falta de reconocimiento formal y la ausencia de seguridad social continúan como problemas comunes en los sectores público y privado.