Con la aprobación de la reforma constitucional que incorpora a la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas, se produce el cese de al menos 15 mil elementos formados en la extinta Policía Federal Preventiva. Al ser civiles, no podrán pertenecer a la Guardia Nacional y quedarán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta información proviene de la modificación constitucional, cuyo dictamen recibió aprobación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado. El próximo miércoles se discutirá y, en su caso, se aprobará en el pleno de ese órgano.

Según el Censo Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi), existen 15 mil 158 elementos de la extinta Policía Federal que integran la Guardia Nacional.

La Policía Federal tiene sus orígenes en 1999, cuando se fundó como Policía Federal Preventiva, bajo la Secretaría de Gobernación. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la corporación se transformó en Secretaría de Seguridad Pública. En 2019, con la creación de la Guardia Nacional, 26 mil de sus elementos se incorporaron a la nueva fuerza de seguridad pública; sin embargo, cinco años después, sólo 15 mil 158 expolicías federales siguen en esta fuerza.

El dictamen de la reforma, que comenzó a circular entre los senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el domingo 22 de septiembre, señala que "el artículo Sexto Transitorio del proyecto establece una cláusula competencial para el Ejecutivo federal para que disponga lo necesario para que el personal de la Policía Federal quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos".

Las comisiones dictaminadoras destacan que en 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos amparos, determinando que existía incertidumbre jurídica, ya que el Presidente había violado derechos humanos al emitir los acuerdos para dar cumplimiento a los Transitorios de la reforma constitucional de 2019, sin especificar los términos de la transferencia de los recursos humanos, especialmente en relación con el mantenimiento de grado y prestaciones.

Además, el dictamen acepta que "nuestro país enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. La violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado ha producido un aumento constante en los índices de homicidios, desapariciones forzadas y otras formas de violencia extrema. Según datos oficiales, entre 2006 y 2023, el país registró más de 350 mil homicidios violentos, muchos relacionados con el crimen organizado".

"La Guardia Nacional, al ser una fuerza de seguridad nacional, está diseñada para actuar de manera coordinada con otras instituciones, pero con mayor disciplina y capacidad operativa que las policías locales y estatales. Esto resulta fundamental para enfrentar desafíos que superan las capacidades de las fuerzas locales, como la violencia armada, el tráfico de drogas y el control territorial por parte de grupos criminales", concluye el dictamen aprobado en comisiones y que se discutirá el miércoles en el pleno del Senado.