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Desde hostigamiento permanente hasta amenazas de violación, hackeos y difusión de datos personales, son sólo algunas de las problemáticas que enfrentan periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos en México, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela por la violencia de género en línea.

De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres titulado “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, este problema afecta “gravemente” el ejercicio de la libertad de expresión y la salud mental de las víctimas.

Asimismo, la ONU Mujeres destacó que se trata del estudio cualitativo más extenso realizado hasta el momento en América Latina y el Caribe”, mismo que analizó casos en profundidad mediante entrevistas a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Las mujeres entrevistadas coincidieron en tres aspectos: su visibilidad incrementa el riesgo de sufrir ataques, las agresiones se dan con una marcada carga de sesgo de género y el objetivo de esa violencia sistemática consiste en silenciarlas.

Además, indicaron que más allá de las redes sociales, las agresiones escalan al plano físico y afectan su vida personal y profesional.

El informe también reveló que las líderes de opinión se enfrentan a campañas de desprestigio; así como a prácticas comunes como cuentas automatizadas programadas para publicar o replicar mensajes de manera masiva (bots), noticias falsas o información manipulada que se difunde con la intención de engañar (fake news), comentarios ofensivos que buscan provocar o agredir (trolls) y la difusión de datos personales como dirección, teléfono y lugar de trabajo, entre otros (doxing).

En la mayoría de los casos analizados, los ataques fueron coordinados y asociados a entornos políticos represivos, donde también se observaron restricciones al espacio público y a la libertad de prensa. En varios de estos países, las agresiones provinieron de actores con poder político, empresarial o institucional.

Consecuencias y recomendaciones

Con respecto a las consecuencias, el informe enlistó que el 80 por ciento de las mujeres limitó su participación en redes sociales; además, el 40 por ciento se autocensuró y 1 de cada 3 cambió de puesto laboral; mientras tanto, otras se exiliaron o abandonaron temporalmente su actividad profesional.

Ante este panorama, ONU Mujeres propone una respuesta integral, articulada por gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación y sociedad civil. Entre las recomendaciones al Poder Ejecutivo destacó la implementación de políticas públicas para educar y sensibilizar sobre la violencia en línea, así como servicios de atención accesibles y sostenidos para las víctimas. También urge acuerdos con plataformas para garantizar transparencia y cooperación en investigaciones judiciales.

Al Poder Judicial le planteó eliminar barreras para la denuncia, fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de género y capacitar al personal en temas de violencia digital. Al Poder Legislativo, le pide actualizar marcos legales para tipificar esta violencia y garantizar la protección de derechos en el entorno digital.

Respecto a las plataformas, el informe exige campañas de sensibilización, transparencia en sus algoritmos y herramientas de apoyo accesibles para las usuarias agredidas. Asimismo, invita a los medios de comunicación a crear mecanismos de acompañamiento y contención y que las universidades integren el tema en la formación de periodistas.

Urgió la construcción de redes de apoyo transnacionales que permitan a las víctimas sentirse protegidas y respaldadas. La violencia en línea por razones de género representa una amenaza estructural que debe ser enfrentada con decisión para proteger el derecho de las mujeres a expresarse libremente y a participar en la vida pública en condiciones de igualdad, concluyó.