El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
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En la comunidad de Ulapa, municipio de Tetepango, Hidalgo, se reportó una explosión seguida de un incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual fue ocasionado por una toma clandestina utilizada presuntamente para el robo de combustible.
El saldo del siniestro es la muerte de dos personas y por lo menos 12 más resultaron heridas con quemaduras de gravedad.
Las autoridades locales dieron a conocer que el estallido ocurrió cerca de la una de la mañana, activando alerta en los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil (PC) y elementos municipales acudieron al lugar donde localizaron una fuga activa en el ducto de Pemex y varias camionetas incendiadas, las cuales presuntamente transportaban bidones con hidrocarburos que fueron sustraídos de manera ilegal.
Posterior a ello, la Fiscalía General de la República (FGR), tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación por los delitos relacionados con robo de hidrocarburos y daños a infraestructura federal.
Cabe mencionar que, en lo que va del 2025, Pemex ha detectado más de 800 tomas ilegales en todo el país, de las cuales un número importante se concentra en el estado de Hidalgo.
El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
El incidente, detectado el martes, es el noveno de 2026 en la región, reavivando la exigencia de soluciones por parte de las comunidades locales.
Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
El hidrocarburo superó las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Los ayuntamientos rechazaron autorizar el uso de explosivos para actividades de exploración petrolera y advirtieron que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos mediante fracturación hidráulica.
Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.