Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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El rezago escolar, la ampliación de la cobertura educativa y la adaptación del sistema a las verdaderas necesidades de los estudiantes, son sólo algunas de las demandas que organizaciones civiles urgen al Gobierno Federal y estatales que atiendan en todo el territorio mexicano.
De acuerdo con la organización Educación con Rumbo, cuatro millones 456 mil 431 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, lo que equivale al 4.7 por ciento de la población, lo cual se atribuye a múltiples factores como: la pobreza, ya que la falta de recursos para cubrir uniformes, útiles escolares y traslados representan un obstáculo para muchas familias; asimismo, el embarazo adolescente que, en su mayoría, provoca que las jóvenes abandonen sus estudios.
Por su parte, la organización Mexicanos Primero reveló que la cobertura en educación inicial, que en 2020 alcanzaba al 8.7 por ciento de la población de 0 a 2 años, disminuyó al 6.3 por ciento en 2023; mientras que, en educación preescolar, la cobertura disminuyó del 79.6 en 2020 al 74.1 por ciento en 2023.
Además, observó una reducción en la tasa de escolarización en educación básica, que cayó del 92.3 al 90 por ciento, y en educación media superior, que descendió del 76.4 al 75.9 por ciento.
También, criticó al gobierno saliente por no cumplir con cinco de los seis objetivos prioritarios establecidos en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado urgente para que las nuevas autoridades educativas se enfoquen en resolver estos problemas persistentes, al tiempo en que aseguraron que sólo trabajando de manera conjunta se podrá garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes y superar las barreras que limitan el acceso y la continuidad educativa.
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.