Las madres y padres del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron, el pasado cinco de marzo, en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, fosas con restos óseos calcinados, ropa, zapatos, cobertores, documentos de identidad y mochilas. Pronto se enfrentarían no sólo al desinterés del Gobierno Federal para encontrar a las más de 120 mil personas desaparecidas, sino a la embestida y acusaciones desde Palacio Nacional, quien ahora asegura que todo se trató de un montaje por parte de los propios padres y madres. 

La desaparición forzada casi siempre está vinculada a las actividades del crimen organizado, el cual se incrementa desde el año 2000; pero ahora el reclamo y la indignación de los familiares de las víctimas son más enérgicos y se agravan frente a la torpeza e indiferencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno, que no brindan la atención debida a este problema. El caso es aún más grave, pues la propia Presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal, Alejandro Gertz Manero, insinuaron que nunca hubo crematorios en el rancho Izaguirre, casi aseguran que los buscadores “lo imaginaron”. 

La historia reciente muestra cómo la crisis se profundizó, sobre todo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y cómo han aumentado en pocos meses de iniciado el gobierno de Sheinbaum, los casos de desaparecidos.

La exhibición pública de tales imágenes en Teuchitlán presionó a la Presidenta y la obligó a anunciar varias medidas que las familias de los 125 mil desaparecidos cuestionaron porque sobre su optimista decisión de revertir este fenómeno pesarán tres actores y factores adversos.

No puede esperarse a que el aumento en el presupuesto y las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes, quien se ha negado a establecer un diálogo con las familias de las víctimas.

Con la rehabilitación de la iniciativa calderonista para crear una cédula de identidad no se resolverá de inmediato una “crisis de desapariciones que se agudiza cada día.

 Y, como precisan las familias, “el problema de las desapariciones y de la falta de búsqueda no se origina en la ausencia de leyes y protocolos, sino en la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país”.

Los familiares advirtieron en un comunicado que el problema de las desapariciones no puede resolverse “si se investiga como si fuera un delito cualquiera”; y sobre la publicación mensual de estadísticas, aclararon que el nivel del trabajo de las fiscalías no debe medirse únicamente con los “indicadores de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar”.

Sin embargo, las estadísticas de los desaparecidos en México muestran el terror en sí mismas; pues sólo durante octubre de 2023 fueron localizadas cinco mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios, una por día desde 2007, cuando se “intensificó” la guerra contra la delincuencia.

Entre 2016 y abril de 2023, se descubrieron dos mil 864 cuerpos, cifra que solamente en siete años casi se duplicó y contrastó con las dos mil inhumaciones ilegales localizadas entre 2006 y 2016, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

El hallazgo en el rancho de Teuchitlán y el incremento de las desapariciones y homicidios exhibió más la ineficiencia contenida en la política de “abrazos no balazos” de AMLO porque, en sus primeros cuatro años y medio de gobierno, se descubrieron 1.8 entierros ilegales diarios en promedio.

Y las dos mil 864 fosas clandestinas encontradas en ese periodo representan más de la mitad de las reportadas por la CNB hasta abril de 2023, sobre todo en estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Esta cifra duplica el número de los hallazgos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.

Cada fosa ilegal cuestiona el papel de los gobiernos como garantes de la seguridad y la justicia para la población. Cuando Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia reconoció que, en el pasado, las desapariciones eran perpetradas por el Estado y que, a partir de la administración de AMLO, éstas se vinculaban con la delincuencia organizada.

Pero más reveladores resultan los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que difundió cinco mil 244 mexicanos menos: un promedio de 40 desapariciones diarias entre el 1° de octubre de 2024 y el 11 de febrero de este año. 

Así que “México no es un país, es una fosa”, como se leía en la pancarta de una joven que recientemente protestó en el Zócalo de la Ciudad de México. Por el momento, querido lector, es todo.