Los contratistas, originarios de Oaxaca, brindan servicios de mantenimiento en refinerías de Salina Cruz, Minatitlán y Coatzacoalcos.
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El Congreso de Puebla aprobó la Ley de Ciberseguridad con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. La nueva norma castiga con cárcel a quienes insulten, ofendan o humillen a otros en internet, además, sanciona otros delitos digitales.
La aprobación ocurre en medio de un contexto polémico por la actividad de la cuenta anónima Aldea Poblana en la red social X, que ha criticado de forma persistente al gobernador Alejandro Armenta y su gabinete emanados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La ley incluye tipos penales como “ciberasedio, usurpación de identidad, espionaje digital, acceso no autorizado a sistemas (hacking) y grooming”. Las penas van desde 11 meses hasta ocho años de prisión, además de multas que alcanzan los 28 mil 285 pesos.
En el caso del “ciberasedio”, la sanción alcanza los tres años de prisión y multas de entre 50 y 250 UMAS por insultos u ofensas reiteradas en plataformas digitales.
Además, por usurpación de identidad con fines sexuales contra menores, la pena sube hasta ocho años. Mientras tanto, el espionaje digital se castiga con tres años; además, cuando un adulto se hace pasar por menor para acercarse a adolescentes (grooming) contempla hasta cinco años de cárcel.
Por su parte, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla señalaron riesgos para la libertad de expresión; denunciaron definiciones vagas y posibles usos políticos de la norma, especialmente contra voces críticas en medios o redes sociales.
Durante la discusión en el Congreso, legisladores de Morena y la oposición sostuvieron un debate ya que los primeros defendieron la ley como herramienta para proteger la salud emocional de las personas; mientras que los segundos la calificaron como una “ley mordaza” orientada a controlar el discurso en línea.
Los contratistas, originarios de Oaxaca, brindan servicios de mantenimiento en refinerías de Salina Cruz, Minatitlán y Coatzacoalcos.
“Ustedes y sus desaparecidos se van a la verga”, fue una de las agresiones que recibieron las madres buscadoras; sin embargo, el gobierno estatal negó los hechos.
En visitas anteriores han identificado 56 “positivos”, es decir, datos o testimonios que podrían indicar el paradero de personas desaparecidas en Coahuila.
De octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 se contabilizaron mil 436 carpetas de investigación por este delito.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
El gobierno debe aumentar el presupuesto en educación: expertos.
Disciplina formativa, autocuidado e igualdad de género son sólo algunos de los temas en los que se enfocarán los docentes.
En cuanto al costo de preparación del pozole, la alianza estimó un gasto de dos mil pesos.
El exdiputado lleva más de 10 meses sin pisar la prisión, asegura la víctima.
El 78.7% de las agresiones se cometieron contra niñas y mujeres adolescentes.
La tasa nacional por cada 100 mil habitantes permaneció en 6.8.
De acuerdo con los asistentes, esta situación ha dejado aproximadamente mil 800 homicidios, mil 937 personas desaparecidas.
Vecinos han reportado síntomas como dolores de cabeza, vómito y diarrea, por los compuestos que se acumulan en su organismo y que presuntamente son producto de la fabricación de láminas.
El siniestro ocurrió el día de hoy, lunes 8 de septiembre, a la altura de la Zona Industrial de Atlacomulco.
El gobierno español condenó el desplazamiento de más de dos millones de personas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera