En febrero de 2024, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún al frente del Poder Ejecutivo, se concretó la nacionalización de la Exportadora de Sal (ESSA), una de las principales productoras de este condimento en México, provocando que la empresa japonesa Mitsubishi, que participaba como socia comercial, se retirara del proyecto y se llevara su cartera de clientes.

La Exportadora de Sal es una concesión minera ubicada al interior de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, que, con sus más de 33 mil hectáreas repartidas en cinco ejidos, constituye la salinera más grande del mundo. El complejo ha operado durante más de 70 años y emplea a mil 300 personas para entregar diferentes tipos de sal y derivados de producción.

El 24 de febrero del año pasado, la administración de AMLO, que ya poseía el 51 por ciento de las acciones de la empresa, llevó a cabo la adquisición del 49 por ciento restante perteneciente a Mitsubishi, por un monto de mil 500 millones de pesos.

En ese momento, el Gobierno Federal detalló que la nacionalización se concretó gracias a la participación del fideicomiso de fomento minero, que aportó el 75 por ciento de la compra, mientras que el resto corrió por cuenta del Servicio Geológico Mexicano.

Por su parte, Raquel Buenrostro, a cargo entonces de la Secretaría de Economía, argumentó que la compra respondía al objetivo del Estado de consolidar una política social enfocada en el desarrollo económico sostenible y al empleo justo y remunerador.

Esta adquisición se sumó a la compra de las plantas de Iberdrola y la nacionalización del litio, como parte del proyecto de transformación para “el México del siglo XXI”, promovido por López Obrador.

Desplome productivo tras la nacionalización

Con la compra de acciones a Mitsubishi, la empresa japonesa dejó de inyectar dinero al complejo y se llevó su cartera de clientes, lo que provocó una caída productiva de 8 millones de toneladas anuales a menos de cinco millones en 2024.

Moisés Poblanno Silva, director de la salinera, declaró que la ahora paraestatal no ha recibido recursos del Estado, por lo que, sin el capital de Mitsubishi, el complejo dejó de invertir en infraestructura.

En este sentido, estimó que la salinera requiere una inversión de alrededor de cinco millones de dólares a fin de modernizar una de las plantas de lavado, así como el Puerto de Chaparrito, en donde se cargan las barcazas, y el Puerto de Cedros, destinado a recibir barcos de alto calado.

Finalmente, dijo que logró colocar los productos de la salinera en el mercado internacional este año, en un precio aproximado de 25 dólares por tonelada, toda vez que la sal puede “generar algunos otros químicos que provienen de los productos de sodio”.