Primeros reportes policiales apuntan que el plagio fue perpetrado por un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán.
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El bestial asesinato de dos luchadores sociales y de su hijo, un niño de apenas seis años, ha sacudido a la sociedad guerrerense y la indignación, así como la exigencia de justicia, se extiende por todo el país; de este horrendo crimen, de sus causas y de la denuncia y protesta generalizadas se ocupa buzos esta semana.
Guerrero no es la única entidad federativa donde ocurren atrocidades como la que se describe, pero ocupa uno de los primeros lugares en violencia, atropellos de las bandas criminales y desamparo oficial; el número de crímenes violentos y muertes es muy alto y las organizaciones delictivas controlan gran parte de aquel territorio.
Este sanguinario acto saca a la luz los extremos a que ha llegado la violencia, el grado de crueldad a que pueden llegar los criminales cuando se sienten impunes o libres de la acción de la justicia. El triple asesinato demuestra una vez más que la estrategia de seguridad de este gobierno es incorrecta y que sus resultados son negativos; también prueba lo que varios analistas han advertido: el peligro que representan los ataques sistemáticos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), y más concretamente del Presidente de la República, contra toda persona u organización que se inconforme u oponga a su política.
La campaña de descalificaciones, insultos, persecución y condena desde quien tiene el mando del país deja inermes a quienes se atreven a expresar opiniones contrarias a la 4T, que se convierten en blanco de fanáticos e incondicionales del gobierno actual.
Es evidente que los múltiples ataques oficiales contra una organización legal y pacífica como el Movimiento Antorchista son pieza clave para entender el asesinato de la familia Hernández Martínez. En caso de que la autoridad responda al clamor ciudadano que exige justicia, la investigación y la detención de los culpables probablemente permitan descubrir consecuencias más graves de este discurso de odio de la 4T.
Mientras tanto, un efecto inmediato se ha desbordado incontenible: la denuncia que hacen miles de luchadores sociales de todo México, que exigen se castigue como corresponde a los autores de este brutal asesinato, que el gobierno morenista de Guerrero tiene el deber de investigar.
Dos causas de fondo tiene, pues, el espeluznante asesinato de Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el pequeño Vladimir: la fallida estrategia contra la inseguridad y la prolongada e intensa campaña de odio contra cualquier opositor al Presidente y su partido.
La lucha ha comenzado y se extiende por todo el país; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la titular del gobierno guerrerense no había recibido a quienes reclaman audiencia y exigen su decisiva intervención.
Primeros reportes policiales apuntan que el plagio fue perpetrado por un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán.
La asignación surgió tras el rechazo de Hilda Flor del Campo Maldonado, síndica municipal, a asumir la presidencia conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal de Michoacán.
Las vacunas que se estarán aplicando son contra la influenza, COVID-19, sarampión y neumococo.
Los recortes podrían afectar la calidad de los servicios médicos y el acceso a medicamentos, sobre todo para personas sin seguridad social.
El país se encuentra en los primeros lugares del Índice de Conflictos de ACLED, junto con países como Sudán, Myanmar y Colombia.
La movilización comenzó el martes 4 de noviembre a las 13:00 horas, cuando campesinos cerraron la carretera federal 45 Irapuato-Salamanca.
Regidores solicitaron al Congreso estatal la separación del cargo de la alcaldesa Juana Díaz, acusada de incapacidad para atender servicios básicos.
Los agentes actuaron bajo órdenes de un jefe delictivo durante un operativo de seguridad realizado el 27 de octubre.
La Generación Z expresó su inconformidad con Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Denuncian presuntos abusos y extorsiones.
Usuarios de redes cuestionan el incidente y sugieren que podría tratarse de un montaje con el propósito de distraer la atención del asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Los clientes podrán conservar sus números y planes, al menos mientras se concreta la venta de la compañía.
Quiroz fue impulsada por el movimiento independiente de Uruapan y el Movimiento del Sombrero, fundado por Manzo.
Expertos de la ICC México piden que se apliquen políticas públicas que prioricen la equidad.
El diputado también ha sido señalado por presuntos vínculos con una red de corrupción
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Escrito por Redacción