El bestial asesinato de dos luchadores sociales y de su hijo, un niño de apenas seis años, ha sacudido a la sociedad guerrerense y la indignación, así como la exigencia de justicia, se extiende por todo el país; de este horrendo crimen, de sus causas y de la denuncia y protesta generalizadas se ocupa buzos esta semana.

Guerrero no es la única entidad federativa donde ocurren atrocidades como la que se describe, pero ocupa uno de los primeros lugares en violencia, atropellos de las bandas criminales y desamparo oficial; el número de crímenes violentos y muertes es muy alto y las organizaciones delictivas controlan gran parte de aquel territorio.

Este sanguinario acto saca a la luz los extremos a que ha llegado la violencia, el grado de crueldad a que pueden llegar los criminales cuando se sienten impunes o libres de la acción de la justicia. El triple asesinato demuestra una vez más que la estrategia de seguridad de este gobierno es incorrecta y que sus resultados son negativos; también prueba lo que varios analistas han advertido: el peligro que representan los ataques sistemáticos del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), y más concretamente del Presidente de la República, contra toda persona u organización que se inconforme u oponga a su política.

La campaña de descalificaciones, insultos, persecución y condena desde quien tiene el mando del país deja inermes a quienes se atreven a expresar opiniones contrarias a la 4T, que se convierten en blanco de fanáticos e incondicionales del gobierno actual.

Es evidente que los múltiples ataques oficiales contra una organización legal y pacífica como el Movimiento Antorchista son pieza clave para entender el asesinato de la familia Hernández Martínez. En caso de que la autoridad responda al clamor ciudadano que exige justicia, la investigación y la detención de los culpables probablemente permitan descubrir consecuencias más graves de este discurso de odio de la 4T.

Mientras tanto, un efecto inmediato se ha desbordado incontenible: la denuncia que hacen miles de luchadores sociales de todo México, que exigen se castigue como corresponde a los autores de este brutal asesinato, que el gobierno morenista de Guerrero tiene el deber de investigar.

Dos causas de fondo tiene, pues, el espeluznante asesinato de Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el pequeño Vladimir: la fallida estrategia contra la inseguridad y la prolongada e intensa campaña de odio contra cualquier opositor al Presidente y su partido.

La lucha ha comenzado y se extiende por todo el país; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la titular del gobierno guerrerense no había recibido a quienes reclaman audiencia y exigen su decisiva intervención.