Para quien quiera analizar seriamente la política del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), o tan solo algún aspecto importante de la misma, será imposible, en primer lugar, no tomar en cuenta las promesas de campaña del Presidente de la República, convertidas en compromisos de gobierno inmediatamente después de que tomara posesión de tan alto cargo, desde donde ha venido reiterando estos compromisos a lo largo de su gobierno. En segundo lugar, tendrá que considerar en su análisis la campaña permanente de la 4T, que arrancó desde el inicio del sexenio y al frente de la cual figura, sin mucho disimulo, el primer mandatario, convirtiendo así un asunto partidista en uno del Gobierno Federal. La dirección del partido oficial pasó, de hecho, al mando del Presidente en los asuntos más importantes de un partido político: la cuestión electoral, la lucha por el gobierno y la designación de los candidatos más idóneos.

Ambos elementos de análisis son indispensables porque, además de estar íntimamente ligados entre sí, se encuentran presentes en todos los aspectos de la política de la 4T; su presencia se demuestra en cada problema, en su marcha desde diciembre de 2018 a la fecha. Sobran ejemplos: las megaobras, que primero fueron grandes promesas, luego elementos propagandísticos y actualmente lo son en mayor grado, ocultando, claro está, sus defectos, excesos, cálculos erróneos, efectos negativos y el hecho de priorizarlas sobre otras necesidades más urgentes. La 4T no habla mucho de que las megaobras han multiplicado sus costos y ocasionado problemas presupuestales y que se alarguen los plazos para su terminación; además, su carácter electorero impidió que se les recortara un solo peso para destinarlo a salvar vidas durante la pandemia de Covid-19.

En el caso de las obras emblemáticas de la 4T están presentes los dos elementos para un análisis completo; y así podrían repasarse numerosos problemas, como el de los libros de texto gratuitos, los programas de asistencia social o el V Informe Presidencial, ligados a las promesas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su cumplimiento, usado como propaganda. En realidad, la principal actividad de Morena y de su máximo dirigente ha sido siempre electoral para asegurar su continuidad al frente del Gobierno Federal; es la esencia de todas sus acciones, aunque siempre disimulada y aparentando perseguir otras metas.

El arranque anticipado de la carrera por la sucesión presidencial en 2024 demuestra, directa y plenamente, lo que señala nuestro Reporte Especial de esta semana, en el sentido de que las reiteradas promesas presidenciales y la campaña electoral permanente tienen el mismo objetivo que en 2018: convencer a la mayoría de los votantes, ahora a través de una más costosa operación propagandística, de que sus candidatos representan la mejor opción. Enfrascados en la misión de mantenerse en el poder, AMLO y Morena no sienten obligación alguna de respetar los tiempos y reglamentos establecidos por los órganos constitucionales encargados del proceso ni por las leyes en la materia: por ejemplo, el nombramiento de candidatos y el inicio adelantado de sus campañas; algunos afirman, incluso, que los posibles sucesores “destapados” por el Presidente desarrollan su actividad proselitista con fondos públicos antes de ser nominados por el partido oficial.