En entrevista con buzos, la diputada Susana Prieto Terrazas, antes integrante de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), insistió en la necesidad de continuar en pie de lucha para evitar el despido injustificado de alrededor de mil trabajadores, entre secretarios y asesores.

Denunció que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados pretendía liquidar a los trabajadores hasta el 30 de abril próximo; sin embargo, comenzaron las movilizaciones y la denuncia pública del despido injustificado que se pretendía cometer contra los trabajadores de San Lázaro, quienes están contratados por servicios profesionales hasta el 31 de agosto del 2024.

“A principios del mes de abril, la JUCOPO señaló que no había recursos para pagarle a los asesores y trabajadores, motivo por el que comenzamos las movilizaciones y de repente, mágicamente aparecieron los recursos y les van a pagar todo mayo, sin embargo, no estamos conformes con ello, como diputados ya se etiquetó ese recurso en el Presupuesto de Egresos, por lo que insistimos en que se deben aplicar.

“Estamos hablando de más de 352 mil millones de pesos, considerando cuatro meses de salario con un promedio de 22 mil pesos. Yo creo que es muchísimo dinero más y no han explicado dónde están esos recursos o a dónde van a ir a parar, si se lo van a repartir entre las diversas fracciones parlamentarias”, insistió.

Además del pago salarial, la diputada Prieto Terrazas sumó a la demanda el pago de gratificaciones y los tres meses de indemnización que están obligados a entregarles por un acuerdo establecido con la JUCOPO desde el año 2017.

Asimismo, la legisladora señaló que están recabando firmas con los diputados y diputadas de las diversas fracciones parlamentarias para que se respete a los trabajadores y se cumplan con los contratos establecidos por servicios profesionales.

“Es hora de que el Estado deje de cometer crímenes como el que se está perpetrando en el Congreso, que consiste en privar a los trabajadores de los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución. Si esto ocurre aquí, en un poder de la nación, debemos reflexionar sobre lo que pueden estar haciendo los empresarios privados. Por eso, hago un llamado a los legisladores para que escuchen estos reclamos y tomen medidas al respecto”, concluyó.