Los daños materiales se estiman en más de 2 millones de pesos, incluyendo pérdidas de 1.4 millones de pesos para el tractocamión y 600 mil pesos para el contenedor.
CDMX
Culpan a sector inmobiliario por escasez de agua en CDMX
El Frente por los Derechos de los Pueblos denunció al sector inmobiliario por aprovechar el recurso a cambio de contratos de extracción.
El sector inmobiliario utiliza el agua de la Ciudad de México directamente de la red pública a cambio de la realización de obras de perforación hídrica, provocando así escasez, falta de distribución y altos costos del vital líquido, denunció el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.
En conferencia de prensa realizada en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Elizabeth Álvarez, miembro de este colectivo, explicó que "el sector industrial accede directamente a la red pública de agua potable administrada por el gobierno", toda vez que, la gestión de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, le da la oportunidad al sector inmobiliario e industrial de acceder al líquido a cambio de la realización de ciertas obras como la perforación de pozos.
Asimismo, mencionó que torres de vivienda y centros comerciales, consumen un promedio de 618 litros diarios por departamento y aproximadamente nueve mil 700 litros al día, lo que equivale a 291 mil litros al mes, respectivamente.
"La industria inmobiliaria se ha apoderado de los espacios y del suelo de conservación de los pueblos originarios, ocasionando gentrificación y despojo del vital líquido, un acto que nos afecta a todos", abundó.
Por su parte, Gil Reyes, también integrante del Frente, declaró que ante la falta de respuesta del Gobierno capitalino y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad (Seduvi), buscaron la resolución por vía legal, sin embargo, no tuvieron éxito.
"Hace dos meses metimos una denuncia para detener los megaproyectos y es hora en que las dependencias de gobierno no nos han dado ninguna respuesta. Me sorprende cómo los diputados están en contra de suspender o revisar los proyectos que no están en regla, pese a ser conscientes de que no son legales", finalizó.
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