Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
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Este miércoles, en la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos iniciaron una movilización que culminará el próximo 26 de septiembre en Ciudad de México, a través de la cual claman justicia y exigen la entrega de 800 archivos que posee el Ejército y que son esenciales para la investigación.
Si no lo hizo un hombre, que lo haga una mujer", declaró María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace diez años. Ella se compromete a seguir exigiendo a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que su gobierno encuentre o identifique los cuerpos de los jóvenes.
La desaparición de los estudiantes ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se avanzó en la investigación; sin embargo, aún persisten dudas y la entrega de información sigue siendo un obstáculo, aseguran los padres de los normalistas desaparecidos.
Destacó el compromiso de Sheinbaum con el decreto presidencial que busca acceder a la verdad sobre el caso Ayotzinapa. "Esperemos que se comprometa", añadió, mientras otros familiares se unieron a la exigencia.
Con la esperanza de un cambio en la presidencia, los familiares de los normalistas continúan su lucha por respuestas y justicia. "La unión hace la fuerza", concluyó María de Jesús, reafirmando su compromiso de no cesar hasta conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
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Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.