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Las opiniones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividieron durante el primer Foro por la Reforma Judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, debido a que algunos como Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán demandaron se lleve a cabo una revisión exhaustiva a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los afines al mandatario se pronunciaron a favor elegir a juzgadores por voto popular en el país.
En el evento denominado, “¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿qué Poder Judicial queremos?”, participaron, ministros, senadores y diputados federales, así como la Fiscalía General de la República (FGR), donde el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo afirmó que no está a favor de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, que contemple la elección de jueces mediante voto popular.
Consideró que ese mecanismo no es el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege y la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF). Advirtió que esto generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.
“Entiendo la intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía”
“La reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador politiza el nombramiento de ministros, magistrados y jueces, por medio de la elección popular, porque en una primera instancia, dichos candidatos deberán pasar por un filtro político”, señaló por su parte el ministro Juan Luis González Alcántara.
Explicó que la convocatoria para la elección no será abierta, sino que los candidatos serán postulados por los tres Poderes de la Unión. “Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia; estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”, expresó.
Mientras que la ministra Yasmín Esquivel mantuvo la postura de impulsar un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque se posicionó a favor de la reforma que impulsa López Obrador y Claudia Sheinbaum.
“Mi opinión es que esto se debe llevar a cabo porque no tenemos en este momento una opción más que obedecer a la ciudadanía y al pueblo de México”, dijo.
A su vez, la también ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.
Son 4 mil 768 personas contratadas bajo el régimen de honorarios los que podrían perder su empleo.
La reforma propuesta incluye modificaciones a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo.
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Advierten magistrados federales que no van a permitir que sean destruidos por la Reforma Judicial y buscarán a Sheinbaum.
Parte del plan de iniciativas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El partido señaló que dicho documento no representa ni refleja una postura oficial del Comité Ejecutivo Nacional.
Durante los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, el senador Zacatecano adelantó que la elección de nuevos jueces, ministros y magistrados podría tener un costo de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos.
La votación se aprobó con 258 a favor de los legisladores del bloque mayoritario; 205 en contra, de la oposición y una abstención.
Pide concretar la reforma de 2021 y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a diversos sectores vulnerables.
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Permanecerán cerrados los juzgados civiles, las salas familiares, entre otras.
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Las reformas, que se discutirán antes de la elección del 1 de junio de 2025.
La sesión tuvo una duración de aproximadamente nueve horas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera