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El análisis de los especialistas consultados por este semanario demuestra que la praaopuesta de reforma judicial de AMLO contiene varias trampas que convertirán la vida política de México en menos democrática, que habrá en ella mayor centralización, que los tres Poderes de la Unión se fundirán prácticamente en uno solo: el Poder Ejecutivo.
En efecto, Morena, actualmente el partido en el poder, pronto comenzará, más fuerte que nunca, su segundo periodo sexenal, habiendo logrado la mayoría calificada que AMLO no consiguió.
La iniciativa de reforma judicial enviada al Poder Legislativo para su discusión y aprobación, de acuerdo con los procedimientos legales, no es sólo una propuesta del jefe del Ejecutivo Federal, provino también del líder máximo de Morena y será discutida en el seno de las dos Cámaras que, reunidas en pleno aprobarán, finalmente, la iniciativa. No cabe la mínima posibilidad de que sea rechazada o modificada, puesto que el partido Morena cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión.
Dos poderes han decidido de antemano (por mayoría morenista, claro) reformar la Carta Magna en algunos artículos que rigen la formación y el funcionamiento del Poder Judicial, en primer lugar en lo relativo a la elección de sus autoridades: magistrados, ministros y jueces. La elección de éstos será “democrática”, según la iniciativa presidencial. Esta democracia será la continuación de la que se aplicó en su elaboración, discusión y aprobación.
¿Quiénes serán los candidatos que elegirá el “sabio pueblo mexicano”, entrenado durante seis años bajo el gobierno de la “Cuarta Transformación”? A decir de estudiosos de la iniciativa, los candidatos serán propuestos por cada uno de los tres poderes de la Unión, en igualdad democrática: 10, por el Ejecutivo; 10, por el Legislativo; y 10, por el Judicial.
Pero hay que recordar que los poderes Ejecutivo y Legislativo son morenistas, por lo que el Poder Judicial está condenado a la derrota: 10 contra 20. Hay una pequeña trampa en este “pequeño cambio”, como lo califican los más altos funcionarios morenistas.
Desde luego, la reforma judicial beneficiará en 2025 al partido en el poder, a Morena, al Poder Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, al nuevo gabinete presidencial, al partido triunfante en futuras elecciones y al Presidente que emane del mismo.
¿Cómo participará y cuál es el papel que jugará el “pueblo sabio que nunca se equivoca”? Participará votando por candidatos que no postuló; que eligieron los partidos representados en los poderes Ejecutivo y Legislativo, por candidatos en su mayoría morenistas. Es muy clara la trampa: el Poder Judicial estará integrado por magistrados y jueces morenistas.
Según los especialistas, ésta no es la única trampa; por ejemplo, la propuesta incluye la sustitución de la Judicatura Federal por un Tribunal Disciplinario, cuyas decisiones serán inapelables; podrá iniciar procesos penales contra jueces, juicios políticos contra ministros y sus facultades serán amplias, no tendrán límites, nadie lo podrá supervisar y será electo con la misma “democracia” que hizo surgir la iniciativa presidencial. En el Congreso se habrá aprobado “democráticamente” un órgano judicial dictatorial. El Presidente dijo que así se limpiará la vida pública del país.
México se mantiene como uno de los países más violentos con 100 mil 300 homicidios y feminicidios registrados en los casi tres años del actual gobierno, saldo consecuencia de la política “abrazos, no balazos”.
Las autoridades estatales dieron a conocer que han iniciado las indagatorias correspondientes.
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La Sedena mantiene retenidos los contratos de adquisición de Pegasus a pesar de que el INAI le ordenó entregar los datos solicitados vía transparencia desde abril 2023.
Los cambios promovidos por este partido (Morena) se han hecho a nombre del pueblo pero sin el pueblo; y eso es lo grave. Para que haya un verdadero y profundo cambio en México, hay que hacer una revolución pacífica.
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Los trabajadores de México deben saber y no olvidar que la supuesta izquierda (4T), la que presume que ya derrotó y descuartizó a la corrupción, en aras de sus obras insignia, se sacrificaron los recursos para su salud y obras públicas indispensables.
Entre las problemáticas más importantes de las ciudades, resalta la existencia de baches en calles y avenidas (79.7 por ciento), el alumbrado público insuficiente (54.8 por ciento).
La meta del Plan Nacional de Infraestructura revela con toda claridad sus objetivos políticos, electoreros, partidistas: aumentar el número de votantes, asegurar el triunfo del partido gobernante en 2024 y continuar al mando del país.
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El discurso de López Obrador en el Zócalo, no hizo más que confirmar la disonancia existente entre su visión personal, sobre lo que ocurre en el país, y la “realidad física” de México.
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Escrito por Redacción