Los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) quieren mucho más que la Presidencia de la República en manos de Claudia Sheinbaum Pardo y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión: la imposición del llamado Plan C.

El paquete de reformas a la Constitución con el que el aún presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende desaparecer los contrapesos al Poder Ejecutivo para construir lo que llama el “segundo piso” de la “Cuarta Transformación”, algo que los expertos consideran una nueva versión de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

De los resultados informados por el Instituto Nacional Electoral (INE) se desprende que en las pasadas elecciones del dos de junio Morena logró el triunfo de la hoy presidenta electa; el 51 por ciento de los escaños del Senado de la República (mayoría absoluta) y dos terceras partes de las curules de la Cámara de Diputados (mayoría calificada), posiciones que, con las del PVEM y el PT, podrá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025 y las leyes secundarias.

Sin embargo, los especialistas en Derecho sostienen que a Morena y sus aliados les faltan dos asientos en el autobús “premium” del Senado para aprobar modificaciones a la Carta Magna, como las que incluye el Plan C para neutralizar o eliminar órganos constitucionalmente autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), entre otros.

Entrevistado por buzos, Marcos Alexis Medrano Hernández, asesor parlamentario de la Cámara de Diputados, explicó que estos órganos son una especie de “cuarto poder” dentro de la teoría de los tres poderes tradicionales porque “… han ayudado a que nuestros derechos sean más garantizables, a que sean mejor observadas las actuaciones de los servidores públicos en transparencia”; por lo que su eliminación implicaría perder la quinta parte de los contrapesos y las barreras que han propiciado “el desarrollo de la democracia que, a pesar de ser imperfecta, representa la posibilidad de diálogo con los gobernantes”.

Como ejemplo de los aspectos negativos de la mayoría de estas iniciativas, el experto explicó el proyecto de reforma electoral: “tenemos un Congreso, tiene 500 diputados y 128 Senadores, se propone que se elimine la representación proporcional de estas dos cámaras (...), se argumenta que es necesario reducir costos y que no son necesarios estos escaños y curules de la representación popular”.

“Pero si quitamos este sistema de representación popular, estamos quitando posibilidad de que las personas que no votan por el partido oficial (Morena) tengan representación legislativa y esto afectaría muchísimo la pluralidad con la que hemos venido trabajando lentamente en el México contemporáneo y afectaría, sí o sí, a la democracia”, explicó Medrano.

El asesor parlamentario y especialista en Derecho constitucional agregó que la propuesta de Morena es “perversa” y advirtió que, si se concreta, provocaría que militantes políticos de oposición, inclusive ciudadanos, puedan ser juzgados y encarcelados. “La solución a todos estos problemas que plantea el Presidente no es la correcta, porque no se van a resolver a través de modificaciones constitucionales”.

Los cambios que propone el Plan C

El paquete de reformas de AMLO, difundido el pasado cinco de febrero, incluye una cláusula en la que propone que los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial sean electos por voto popular del “pueblo sabio” que siempre tiene la razón; y argumenta que con ese “pequeño” cambio se limpiarán las desigualdades, la corrupción y la ineficacia que imperaban en gobiernos anteriores.

En relación con esta iniciativa y durante su conferencias de prensa mañaneras del 17 de junio, AMLO declaró: “esto va a ayudar mucho…ayuda a todos los mexicanos porque se va a seguir limpiando todo lo relacionado con los poderes públicos (...) se va a ir purificando la vida pública”.

Durante un foro sobre la reforma judicial organizado por Morena, en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, (CDMX), la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, hermana del actual Jefe de Gobierno, advirtió que “el Poder Judicial ha sido un mundo absolutamente extraño a la realidad mexicana” y que a este hecho se deben las dificultades existentes para entender la propuesta presidencial, que también es “muy pequeña” y que no afectará “los derechos de los trabajadores” del Poder Judicial.

El especialista Marcos Medrano aclaró que la propuesta de reforma es “popular” solamente por su “gran potencial mediático”, ya que el pueblo no propondrá a los candidatos que aparecerán en las boletas, sino los partidos políticos representados en los poderes Legislativo, Ejecutivo y  Judicial.

Es decir, el Congreso de la Unión propondrá 10 candidatos, el titular del Poder Ejecutivo 10 y la Corte otros 10, por lo que, en caso de aprobarse la iniciativa en septiembre, el partido Morena, con mayoría en el Congreso y la Presidenta, propondría en realidad 20 candidatos, y “ésa no sería una elección muy democrática que digamos”, apuntó Medrano.

El experto detalla que la reforma también propone la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un órgano que lo sustituirá, el Tribunal de Disciplina; pero como de aquél no se plantea mucho porque poca gente sabe que existe, todo mundo supone que el Poder Judicial es la Corte, pero ello no es así porque ésta es sólo un órgano de análisis o revisión constitucional.

Marcos Medrano precisó que la iniciativa de AMLO propone la creación de un “órgano capaz de administrar los recursos del Poder Judicial y un Tribunal de Disciplina que también se elegirá por “voto popular… aquí hay un truco muy maquiavélico, porque las decisiones de este Tribunal de Disciplina serán inapelables y podrán iniciar procesos penales contra jueces y juicios políticos contra ministros. O sea, tendrá facultades amplias, no tendrá contrapesos, no tendrá límites, nadie lo podrá revisar, ¡porque lo eligió el pueblo!”.

Por ello, el Tribunal de Disciplina juzgará a quienes “quieran salirse del huacal”, es decir, a quienes no estén de acuerdo con el gobierno, lo que podría ocurrir con el caso de un juez de distrito en materia administrativa:

Aún sin que haya un “Tribunal de Disciplina”; el pasado dos de julio, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano, ratificó la solicitud de juicio político contra el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza quien, coincidentemente, en 2021 “tumbó” las leyes Eléctrica y de Hidrocarburos impulsadas por el gobierno de AMLO. 

Una opinión parecida tiene el profesor de la Escuela Federal de Formación Jurídica y la Escuela Iberoamericana de Torreón, Luis Eliud Tapia Olivares, quien en su Análisis de la iniciativa de reformas al Poder Judicial en México advierte que la modificación al Artículo 100° de la Constitución para que las decisiones del Tribunal de Disciplina sean “definitivas e inatacables y que, por tanto, no proceda juicio ni recurso alguno en contra de ellas” violentaría los derechos humanos en el país.

Otro punto en el que Tapia concuerda con Medrano es que la politización de una institución cuya naturaleza no debería ser política, sino jurídica, no garantiza la “legitimación de los jueces y juezas”.

“El hecho de que cambiemos de jueces por unos que sean más de nuestro agrado no implica que la justicia vaya a ser mejor, si en lo general no modificamos un sistema de manera integral…

Si tú cambias a las personas bajo las mismas reglas, no pasa nada, te quedas únicamente con un cambio superficial y demagógico”, explicó.

Los especialistas advierten, asimismo, que la reforma judicial de AMLO evade los numerosos problemas que afectan la procuración de justicia de muchos mexicanos, entre los que destacan la falta de recursos humanos, de capacitación y problemas financieros en los ministerios públicos municipales y las procuradurías generales de justicia de los estados, la mayoría con grandes sobrecargas de trabajo, etc.

“Y eso es lo que los ciudadanos de a pie resentimos más (...) si me permites, yo acotaría que la reforma al Poder Judicial debería llamarse ʻreforma al Poder Judicial Federal’, que es lo único que toca”, señaló Marcos Medrano. 

Durante un mitin desarrollado en Torreón, Coahuila, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que con el Plan C se elevarán a rango constitucional el que los aumentos al monto del salario mínimo nunca sean menores al porcentaje de la inflación; que los ingresos de los pensionados laborales sean equivalentes al 100 por ciento del último salario.

Para que los maestros tengan un salario digno; para consolidar el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) y para que el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) construya 500 mil casas-habitación a precios accesibles; y para garantizar que haya una buena distribución del agua en todas las regiones de la República.

En otro discurso, pero ahora en un cuartel de la Guardia Nacional de Oaxaca, Sheinbaum anunció su compromiso de que esta institución se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar la disciplina de su personal.

Según los expertos consultados por buzos, este discurso, así como las propuestas de reforma de AMLO, sólo podrán conducir a un mayor centralismo político en el país y a provocar mayores desastres socioeconómicos para el pueblo, debido fundamentalmente a que el crecimiento de la economía es ínfimo, la riqueza nacional no está bien repartida y es improbable que en el mediano plazo haya mejores salarios para los trabajadores.

De acuerdo con el informe anual sobre riqueza mundial de Credit Suisse, México cuenta con el mayor número de “ultrarricos” en América Latina; pero su actividad económica sigue estancada desde antes de la pandemia de Covid-19: “258 mil personas en el país tienen fortunas individuales por arriba del millón de dólares (mdd), lo que exhibe un incremento anual del 6.2 por ciento en el número de mexicanos que forman parte de la población mundial con mayor riqueza, pese a que la actividad económica local no ha recuperado sus niveles prepandemia”, destaca el documento.

Por ello, explica Medrano, el “tema de las pensiones es un tema muy redituable en cuestión electoral (…), pero no vemos las capacidades del Estado para cumplir (...) En este caso, quisiéramos tener un recurso después de nuestra vida laboral, pero no están las garantías adecuadas para el cumplimiento, ni las condiciones. Se hace un uso muy demagógico de las capacidades del Estado planeando estas reformas si no se sabe cómo garantizarlas”.

El analista afirma que la adscripción definitiva de la Guardia Nacional a la Sedena, que por sí misma tiene a su cargo múltiples obras emblemáticas, provocará mayor opacidad en el gobierno de Morena, porque la rendición de cuentas “está comprometida por dos factores:

“Porque hay mucha información que se está resguardando por seguridad nacional y yo creo que tiene que ver con el avance político que han tenido las fuerzas armadas, porque mucha de la información que se está resguardando es de obras que está operando el Ejército”… y las fuerzas armadas “lo han estado haciendo porque tienen las capacidades técnicas para hacerlo, porque puede que se abaraten costos por ser del Estado, pero tendría que estar sometido a una transparencia absoluta y a un apego a la normatividad también absoluto, de tal manera que podamos vigilar que el ejercicio extraordinario de estas facultades esté fiscalizable por completo. Por ejemplo, ¿cuánto están gastando en la construcción del Tren Maya?, ¿quiénes están operando?, etc., pero eso no sucede”, concluyó el experto en asuntos legales.

Todos estos puntos demuestran la perversa intención de Morena: garantizar los votos que le permitan conservar el poder en la siguiente contienda electoral; no verse en la obligación de rendir cuentas a nadie; juzgar y meter a la cárcel a quienes no estén de su lado y acabar con los actores políticos que pudieran hacerle contrapeso. “Y yo pensando que eran diferentes”, dice una señora en el Metro de la Ciudad de México; al igual que millones de capitalinos, vive en carne propia los embates de un gobierno que desde un principio diagnosticó acertadamente los problemas sociales, pero no aplicó la medicina correcta, administrando, como el exgobernador veracruzano Javier Duarte, sólo agua con sal a los enfermos.