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Una vez que en la Cámara de Diputados fue desechada la iniciativa de reforma constitucional con la que se pretendía restablecer en la Carta Magna el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción de energía eléctrica, privilegiar la generación de combustibles caros y sucios, y restringir la participación de las empresas privadas en la producción de energías renovables, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se apresuró a enviar al Congreso de la Unión una propuesta para modificar la Ley Minera, reglamentaria del Artículo 27° Constitucional para que el litio fuera declarado propiedad de la Nación debido a que se trata de un metal que se usa, entre otros fines, para producir baterías. Como ya es costumbre en este sexenio, a la iniciativa no se le movió ni una coma, se le dispensaron todos los trámites legislativos y fue aprobada por los legisladores morenistas y sus aliados en el Congreso, ya que solo se trataba del cambio de una ley ordinaria, no se requería de mayoría calificada y bastaba la mayoría simple. Pero ¿era realmente necesario nacionalizar el litio?
La respuesta a esta pregunta es no. Y no se requería porque, a diferencia de lo planteado en el discurso presidencial, el Artículo 27° de la Constitución dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria”. La lectura de este texto constitucional corrobora que el litio es propiedad de la Nación y que la iniciativa para “nacionalizarlo” fue un engaño más del Presidente y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Lo que sí hicieron los morenistas fue reglamentar algunas cosas relacionadas con su extracción y manejo, y entre las medidas aprobadas por el Congreso destaca la prohibición de que las empresas privadas obtengan concesiones para participar en la explotación de este recurso natural, actividad que requiere, según los especialistas, de grandes cantidades de dinero para beneficiarlo, recursos financieros y tecnológicos que el Estado mexicano no tiene. El nuevo texto legal incluye la revocación de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía a empresas privadas para explotar el litio, lo que provocará la interposición de litigios e indemnizaciones que el Gobierno tendrá que pagar con nuestros impuestos.
Los tres preceptos fundamentales incorporados a la Ley Minera son los siguientes: la prohibición de otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para la explotación del litio, pues ahora su exploración, explotación y aprovechamiento es considerada de utilidad pública; es decir, de beneficio colectivo; se declara al litio patrimonio de la Nación y su aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo mexicano; y se establece que toda la cadena de valor del litio –es decir, todas las actividades relacionadas con su extracción, transformación y comercialización– serán controladas por un organismo público descentralizado que el Gobierno Federal creará para tal fin. A dicha paraestatal, los morenistas quieren llamarla “Amlitio” en su afán, que raya en lo absurdo, de enaltecer la figura presidencial.
En conclusión: los cambios a la Ley Minera y el discurso de Morena fueron un montaje mediático dirigido a mitigar la derrota de la reforma eléctrica; a generar en la gente la idea de que lograron una gran victoria en favor de la Nación y a presentarse como los depositarios de un gobierno fuerte y ganador… y mientras AMLO y su partido juegan este falso discurso nacionalista, la vida es cada vez más dura para la mayoría de los mexicanos, debido a que se dedican a todo, menos a gobernar.
La consulta fue el primer castigo de los mexicanos a AMLO por la desastrosa situación nacional; también es un símbolo del fracaso de uno más de sus distractores para desviar la atención de sus pésimos resultados y las malas decisiones de su administración
Con un año de ejercicio del poder, con varias medidas lesivas ya aprobadas por Morena.
Escritoras, activistas, investigadoras, periodistas y actrices también se unieron a esta petición que se le está haciendo a AMLO para que se le quite la candidatura
Hasta ahora hay más de 100 homicidios en el estado; la incapacidad del gobierno para contener la ola de violencia está generando una profunda desconfianza en las instituciones y un sentimiento de desamparo entre los ciudadanos.
No hay duda, por último, de que cuando AMLO habla de moral, lo hace invocando la moral burguesa, la del poder político, la que controla la economía y las leyes, y no la moral humanitaria de las clases trabajadoras del pueblo mexicano.
El acuerdo aprobado establece que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.
En los gobiernos gobernados por Morena, como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán y Chiapas, las cifras de trabajo infantil son alarmantes, con 3 millones 300 mil niños trabajando y sin educación.
Piden al gobierno del estado y del ayuntamiento de la ciudad para que intervengan, en lo que consideran será un brutal despojo a los ejidatarios.
De acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, esta nueva medida afectará tan sólo en la Ciudad de México a alrededor de 100 mil trabajadores y sus familias que dependen de su trabajo como pepenadores.
Existen temores fundados de eventuales triunfos con la injerencia del crimen organizado, situación que se ha agudizado en la presente administración, advierte Luis Carlos, exconsejero presidente del hoy INE.
Miles de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en todo el país exigiendo al Presidente una disculpa pública por sus declaraciones sobre las personas desaparecidas y sus datos falsos.
Marko Cortés señaló que la estrategia de seguridad “abrazos no balazos” de AMLO ha provocado que las Fuerzas Armadas se vean impedidas para ingresar a varias zonas de México.
En los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, tres Secretarías han concentrado más presupuesto; una de ellas, Sectur, con un incremento de hasta 500 por ciento.
Con esta nueva reforma, los bolsillos de los mexicanos se verán aún más afectados, pues ahora deberá pagar más impuestos, de lo contrario, podría ir a prisión.
José Ramiro formaría parte de los 37 desaparecidos, junto a los 120 muertos, sólo de embarcaciones, según el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Acapulco.
Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.