Una vez que en la Cámara de Diputados fue desechada la iniciativa de reforma constitucional con la que se pretendía restablecer en la Carta Magna el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción de energía eléctrica, privilegiar la generación de combustibles caros y sucios, y restringir la participación de las empresas privadas en la producción de energías renovables, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se apresuró a enviar al Congreso de la Unión una propuesta para modificar la Ley Minera, reglamentaria del Artículo 27° Constitucional para que el litio fuera declarado propiedad de la Nación debido a que se trata de un metal que se usa, entre otros fines, para producir baterías. Como ya es costumbre en este sexenio, a la iniciativa no se le movió ni una coma, se le dispensaron todos los trámites legislativos y fue aprobada por los legisladores morenistas y sus aliados en el Congreso, ya que solo se trataba del cambio de una ley ordinaria, no se requería de mayoría calificada y bastaba la mayoría simple. Pero ¿era realmente necesario nacionalizar el litio?

La respuesta a esta pregunta es no. Y no se requería porque, a diferencia de lo planteado en el discurso presidencial, el Artículo 27° de la Constitución dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria”. La lectura de este texto constitucional corrobora que el litio es propiedad de la Nación y que la iniciativa para “nacionalizarlo” fue un engaño más del Presidente y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Lo que sí hicieron los morenistas fue reglamentar algunas cosas relacionadas con su extracción y manejo, y entre las medidas aprobadas por el Congreso destaca la prohibición de que las empresas privadas obtengan concesiones para participar en la explotación de este recurso natural, actividad que requiere, según los especialistas, de grandes cantidades de dinero para beneficiarlo, recursos financieros y tecnológicos que el Estado mexicano no tiene. El nuevo texto legal incluye la revocación de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía a empresas privadas para explotar el litio, lo que provocará la interposición de litigios e indemnizaciones que el Gobierno tendrá que pagar con nuestros impuestos.

Los tres preceptos fundamentales incorporados a la Ley Minera son los siguientes: la prohibición de otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para la explotación del litio, pues ahora su exploración, explotación y aprovechamiento es considerada de utilidad pública; es decir, de beneficio colectivo; se declara al litio patrimonio de la Nación y su aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo mexicano; y se establece que toda la cadena de valor del litio –es decir, todas las actividades relacionadas con su extracción, transformación y comercialización– serán controladas por un organismo público descentralizado que el Gobierno Federal creará para tal fin. A dicha paraestatal, los morenistas quieren llamarla “Amlitio” en su afán, que raya en lo absurdo, de enaltecer la figura presidencial.

En conclusión: los cambios a la Ley Minera y el discurso de Morena fueron un montaje mediático dirigido a mitigar la derrota de la reforma eléctrica; a generar en la gente la idea de que lograron una gran victoria en favor de la Nación y a presentarse como los depositarios de un gobierno fuerte y ganador… y mientras AMLO y su partido juegan este falso discurso nacionalista, la vida es cada vez más dura para la mayoría de los mexicanos, debido a que se dedican a todo, menos a gobernar.