Los especialistas manifiestan su condena a la incondicionalidad del PJF ante el gobierno.
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La Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició tres procedimientos de sanción contra tres aspirantes al Poder Judicial capitalino por su presunta participación en la entrega de propaganda electoral conocida como "acordeones".
Se trata de Elihú “C.”, Gerardo “B.” y Daniela “L.”, quienes aparecen en los materiales denunciados. La comisión local informó que dos casos surgieron a partir de quejas ciudadanas y uno más comenzó de oficio.
Además, la Comisión de Quejas del IECM dictó medidas cautelares con el propósito de impedir actos de promoción indebida y preservar la equidad en la contienda. Estas medidas incluyeron llamados a los candidatos para que cesen cualquier acción relacionada con la distribución de "acordeones".
También dirigieron exhortos a personas físicas y morales para que frenen toda actividad asociada con la producción o difusión de estos materiales y pidieron a los medios de comunicación abstenerse de divulgar el contenido de los listados.
Irregularidades en el proceso
En redes sociales circula la preocupación de usuarios, quienes señalan a candidatos vinculados con organizaciones criminales quienes podrían obtener un cargo en la próxima jornada electoral; un claro ejemplo es Elizabeth “G”, aspirante a jueza penal en Michoacán, quien permanece en prisión preventiva por presuntos delitos de asociación delictuosa y cobro de derecho de piso.
A pesar de su situación legal, su nombre sigue en la boleta electoral y aún conserva posibilidades de asumir el cargo.
Elizabeth “G”, originaria de Ocampo, Michoacán, ejerció funciones como síndica en ese municipio; autoridades y medios la vinculan con diversos grupos delictivos. Además, enfrenta señalamientos por su posible relación con el homicidio del defensor de la mariposa monarca, Homero González; ya que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima y lo invitó al evento donde ocurrió el crimen.
Cabe destacar que diversas organizaciones civiles entregaron al INE un documento donde exponen el historial delictivo de la candidata; asimismo, incluye al consejero jurídico de la Presidencia y aspirante a juez, Luis Castañeda, quien enfrenta acusaciones por acoso, homicidio y violencia.
Aunque el documento ya se encuentra en poder del INE, el organismo declaró que no emitirá resoluciones hasta después del proceso electoral.
Los especialistas manifiestan su condena a la incondicionalidad del PJF ante el gobierno.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera