El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) festejó que, durante el sexenio pasado, 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza. Sus partidarios y férreos defensores aplaudieron el “modelo” de medición y aseguraron que sí da resultados. Sin embargo, análisis más completos y rigurosos concluyen que es un engaño, pues apenas un millón y medio salió de la pobreza.

La presidenta Sheinbaum celebró que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024; destacó que se trata del “nivel más bajo en 40 años”; pero no hay nada que festejar cuando esa aparente “mejora” viene acompañada de un incremento en las carencias sociales que afectan a 41.9 millones de mexicanos; además, el número de estos sin acceso a servicios de salud subió a 44.5 millones y el atraso educativo alcanzó a otros 24 millones; no se trata sólo de cifras, sino de la realidad de la mayoría de la población.

Así, frente al discurso triunfalista del Gobierno Federal, millones de niños, jóvenes y adultos evidencian que, lejos de “un logro histórico”, la política social tiene fallas estructurales que profundizan el rezago y la exclusión de los sectores más vulnerables.

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelara los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, 2018, 2020 y 2024, la Presidenta de México afirmó que la “reducción” de la pobreza se debe principalmente al modelo sustentado en cuatro ejes: 1) incremento del salario mínimo, 2) expansión de los programas del Bienestar, 3) obra pública estratégica y 4)mayor inversión privada.

Además, en su conferencia matutina del 21 de agosto, la mandataria declaró que el modelo económico instrumentado por la 4T “no sólo disminuye la pobreza, también genera inversión extranjera” en los sectores automotriz, manufactura, energías limpias y tecnología; pero la presencia de capital extranjero no garantiza por sí sola mejoría en la calidad de vida de las familias mexicanas ni la superación de las carencias estructurales vigentes en México.

Mientras el Gobierno Federal asegura que logró reducir la pobreza, los resultados de la ENIGH dicen lo contrario. Con la consideración del periodo en que inició la administración morenista, en 2018, con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 32.7 a 41.9 millones en 2024, lo que representa nueve millones más de mexicanos viviendo con privaciones en seguridad social.

Otro dato que evidencia la grave situación es el de la salud: en el rubro “Carencia de acceso a los servicios de salud”, en seis años, sumaron 24.4 millones. En 2018, 20.1 millones carecían de acceso a algún servicio de salud, pero para 2024, la cifra alcanzó los 44.5 millones.

Las cifras

Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México y experto en temas de pobreza, quien con Aracely Damián ha analizado el fenómeno de la pobreza en el país desde hace mas de 15 años, cuestionó la cifra de reducción de la pobreza celebrada por el gobierno actual.

“En México, como en otros países, se observa una tendencia a que la evolución de la pobreza desplace al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) como el principal indicador de la gestión gubernamental. Por eso, cada bimestre que hay resultados de la ENIGH, como ahora, los miembros del Ejecutivo Federal y del partido en el poder tratan de reducir los valores medidos y comunicados del nivel de pobreza en el país aun cuando no hayan podido reducirla en los hechos”, afirmó en un artículo publicado en La Jornada.

Incluso refirió que, si la evaluación del Gobierno Federal depende de la disminución de la pobreza, aunque no necesariamente sea real, el partido y gobierno en el poder “cucharean” las estadísticas en que se basa la medición de pobreza.

La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones para medir la pobreza ahora en manos del Inegi, institución que, aunque “autónoma” en derecho, casi nunca lo ha sido en los hechos, tiene su explicación en un mayor “cuchareo” de las cifras.

“En 2016-2017 presenciamos una confrontación entre el Inegi y el Coneval. El primero modificó sus procedimientos de captación de la ENIGH levantada en 2016. Con eso, los ingresos de los hogares fueron significativamente más altos que en las encuestas anteriores, y la pobreza, si se calculara con ellos, hubiese sido mucho más baja y no tendría credibilidad social alguna”, añadió.

Según el método elaborado por el propio Julio Boltvinik, utilizado desde 2010, la reducción de la pobreza en México durante el sexenio pasado sólo fue de un millón 600 mil mexicanos, cifra que contrasta con los 13.4 millones presentados por el Inegi.

En su texto, el investigador ironiza: “si no puedes bajar la Pobreza Real (PR), baja la Pobreza Media (PM)”, y eso fue lo que realizó la 4T.

¿Dónde está el logro histórico?

Entrevistada por buzos, Brenda Flores, analista de México ¿Cómo Vamos? señaló que la disminución del porcentaje de población en situación de pobreza no se puede celebrar sin atender las carencias sociales que se incrementan, especialmente en salud, seguridad social y educación.

“La reducción de la pobreza es un resultado positivo; sin embargo, este avance no puede darse por sentado: los efectos de estas políticas tenderán a disminuir si no se acompañan de cambios estructurales… persisten retos importantes, como el acceso a servicios de salud, que evidencian las limitaciones estructurales del país y amenazan la sostenibilidad de esta tendencia”.

Reconoció que si bien es cierto que disminuyó la población al menos con una carencia social de 84.6 a 80.4 millones de personas de 2018 a 2024; aumentó la población con tres o más carencias, pasando de 25 a 27 millones en el mismo periodo, con un promedio de 3.5 carencias por persona.

El acceso a la salud es otro indicador que presenta un retroceso desde que Morena está en el poder; ya que entre 2018 y 2024, la proporción de la población con carencia en este derecho pasó de 16.2 a 34.2 por ciento, lo equivalente al incremento de 20.1 a 44.5 millones de personas respectivamente. En sólo seis años, se duplicó el número de mexicanos sin garantía de recibir servicios médicos y prestaciones. Este retroceso refleja no solamente una crisis en el sistema de salud, sino también el fracaso de la política pública destinada a brindar cobertura universal.

Brenda Flores puntualizó que cada vez más personas recurren a instituciones privadas para atender sus problemas de salud ante el debilitamiento del sistema público. En 2018, 49.8 por ciento personas se atendía en centros públicos y 47.8 por ciento lo hacía en instituciones privadas.

En tan solo seis años, esta situación no sólo se revirtió, también se incrementó; en 2024, 57.6 por ciento de quienes reportaron alguna afectación se atendió en centros privados, frente al 40.6 por ciento que acudió a instituciones públicas.

Por tal motivo, se incrementó el uso de consultorios adyacentes a farmacias, que pasó de 19.1 por ciento en 2018 a 24.3 por ciento en 2024; “este cambio coincide con el aumento en el gasto de bolsillo de las familias en salud, particularmente en los últimos años”.

La analista subrayó que uno de los principales retos dominantes en México deriva de la alta informalidad laboral. Más de la mitad de la población ocupada trabaja en el sector informal, donde los ingresos son menores, la productividad más baja y el acceso a seguridad social resulta prácticamente nulo, situación que afecta directamente el bienestar de las familias y limita su acceso a servicios de salud y protección social.

Consideró que de 2018 a 2024 disminuyó respecto a la seguridad social de 53.5 a 48.2 por ciento: “pero sigue estando bastante alto, básicamente la mitad de la población no tiene acceso a la protección social; son 62.7 millones de personas en esta condición”.

Cifras del Inegi revelan que la Población Económicamente Activa (PEA) en México es de 61.8 millones de personas. De ellas, 54.8 por ciento, equivalente aproximado a 33 millones, se encuentra en condiciones de informalidad laboral; Flores señaló que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ocho de cada 10 empleos pertenecen al sector informal.

Para aumentar el progreso social de los habitantes, Flores indicó que la política pública debe priorizar el acceso a los servicios de salud y disminuir el rezago educativo, indicador que presentó un incremento. En 2018, 23.5 millones de personas se encontraban en esta condición, cifra que se elevó a 24.2 millones para 2024, aunque el cambio pueda parecer marginal en términos relativos, se trata de 700 mil personas más que carecen de acceso a niveles básicos de educación, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y económico.

Una vez más, Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubicaron como las entidades con mayor rezago educativo, con 34, 30.5 y 28.3 por ciento respectivamente, todas gobernadas por Morena.

La analista recomendó un impulso al empleo formal, la atención de las desigualdades regionales, especialmente en el sur del país, donde la informalidad y la falta de infraestructura agravan la vulnerabilidad para “atraer inversión y retornarla al sector público para generar, a su vez, más dinámicas de crecimiento y en el mediano plazo seguir bajando la pobreza”.

Desigualdades en México

“Las desigualdades en México siguen abismales… el nivel de desigualdad que retrata el informe es brutal, el 10 por ciento más rico del país sigue ganando 65 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre”, expresó Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig) durante la presentación del análisis titulado ¿Derechos o privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las desigualdades, elaborado en coordinación con el Comité de Oxford para el Alivio del Hambre (Oxfam) México.

El análisis destacó que, según la World Inequality Database, “México se encuentra en niveles de desigualdad alarmantes en el Índice de Gini similares a países como Colombia (0.72), Namibia (0.73) y Sudáfrica (0.74)”, donde uno representa desigualdad total y cero, equidades totales.

Jaramillo hizo hincapié en que el 10 por ciento más pobre apenas recibe dos mil 168 pesos mensuales por persona (70 diarios); mientras el 10 por ciento más rico percibe 140 mil 998 pesos mensuales por persona. Además, el uno por ciento de los más acaudalados obtiene 958 mil 777 pesos al mes por individuo, equivalente a 442 veces más que los más pobres “de tal manera que el uno por ciento de los más ricos acapara 35 por ciento de los ingresos del país, mientras que los hogares más pobres concentran sólo dos por ciento de la riqueza nacional”.

Mientras los más pobres gastan sus ingresos en necesidades básicas como alimentos y vivienda (derechos que deberían estar garantizados por el Estado), así como transporte, los hogares más ricos invierten en educación privada, esparcimiento y transporte de lujo.

Los especialistas identificaron que los más pobres destinan una tercera parte de sus ingresos a pagar la renta de vivienda y cerca del 10 por ciento en transporte público; mientras que los más ricos destinan el doble a vehículos privados, diferencias que además de mostrar desigualdad económica, también evidencian disparidad en el incremento de la crisis ambiental.

“En México, el acceso a derechos sigue profundamente condicionado por el nivel de ingreso. Aunque ha habido avances, como el aumento del salario mínimo y ciertas mejoras en los ingresos de los hogares más empobrecidos, millones de personas enfrentan barreras económicas para ejercer derechos fundamentales”.

El director del Indesig manifestó que se pretende una reforma fiscal para contrarrestar las desigualdades en México, ya que la baja recaudación fiscal del país limita la capacidad para redistribuir ingresos y contener la concentración de la riqueza.

“La importancia de una reforma fiscal es que, por un lado, los ingresos de los más ricos siguen abismalmente altos y una forma de acotarlos es a través de los impuestos a los hogares más ricos y, por otro lado, tener el presupuesto suficiente para financiar programas sociales que refuercen la distribución de recursos en los hogares más pobres”, concluyó.

Pobreza y violencia en estados gobernados por Morena

El comunicado del observatorio económico México ¿Cómo Vamos? titulado Medición de pobreza en 2024 baja a 29.6 por ciento de la población identificó que las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza son Chiapas, Guerrero y Oaxaca con el 66, 58.1 y 51.6 por ciento respectivamente.

Con respecto a la pobreza extrema, entre las entidades que presentaron un incremento se encuentran de nuevo Chiapas, que pasó de 27.1 por ciento en 2018 a 30.6 por ciento en 2024; Guerrero, de 21.3 a 26.9 por ciento en el mismo periodo y Oaxaca, de 16.3 a 21.7 por ciento.

A estas entidades se suman Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche, Hidalgo y Michoacán, también con elevado incremento de la pobreza extrema.

Cabe destacar que todos los estados con mayores porcentajes tanto de pobreza como de pobreza extrema registrados son gobernados por Morena, los cuales también enfrentan problemas político-sociales, como en el caso de Campeche, donde la gobernadora Layda Sansores fue señalada por racista y clasista, luego de declarar que “ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”.

Por otro lado, Tabasco también permanece “bajo el ojo del huracán”, luego de difundirse que el actual senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, asignó como gobernador (2019-2021) a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública durante su mandato, quien se fugó de la justicia y está señalado como presunto líder de un grupo delictivo.

Mientras tanto en Veracruz, una ola de indignación sacudió al país por el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, quien murió en un contexto de terror extremo: secuestrada, amenazada y violentada por el crimen organizado; “no murió, la mató la violencia”, señalaron colectivos feministas, en respuesta a la gobernadora Rocío Nahle, quien declaró: “les guste o no… la maestra murió de un infarto”; ante la presión social, finalmente aceptó que se investiga el caso como homicidio doloso.