Los casos de corrupción detectados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son extensión de los producidos en el sexenio anterior, entre ellos el huachicol fiscal sembrado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En 2019, AMLO declaró que el combate a la corrupción era una de sus políticas de mayor prioridad, incluso ondeó un pañuelo blanco para festejar su eliminación. Pero la realidad es otra: la corrupción se profundizó y hoy es un lastre para la nueva administración federal.

Las garras de la corrupción se han clavado desde entonces aún en las instituciones que anteriormente se habían mantenido alejadas de estos escándalos, como es el caso de las secretarías de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena), y hoy están provocando la pérdida de miles de millones de pesos (mdp) al erario.

A pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado acciones para desmantelar los entramados de la corrupción, se ha limitado a detener a delincuentes menores y no a los autores intelectuales y principales beneficiarios.

Uno de los casos de corrupción de mayor envergadura fue el descubierto en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de la que fue director Ignacio Ovalle, en cuya gestión se desviaron más de 12 mil mdp. Hay varios detenidos y denunciados penalmente, pero Ovalle sigue libre.

El Anuario de la Corrupción 2025, correspondiente al primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, elaborado por la asociación civil Méxicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó 51 casos relevantes de corrupción que se publicaron entre octubre de 2024 y octubre de 2025. De este número de casos, 25 sucedieron en el sexenio de López Obrador, 21 en el  de Claudia Sheinbaum y el resto en el de Enrique Peña Nieto.

“Hay un caso especial que ha ocurrido de manera continua y atraviesa los dos periodos de gobierno morenista: el huachicol fiscal”, destaca el reporte de MCCI; en él se incluyen las corruptelas de los últimos meses del gobierno anterior y el primer año de la administración vigente.

Según el último informe de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana (TITM), publicado en febrero pasado, estas cifras han colocado a México en los últimos lugares del Índice de Percepción de Corrupción. De una escala de 100 puntos, apenas obtuvo 26, comparado con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013-2023, en el que se refleja también el incremento de la corrupción.

En diciembre de 2024, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada nueve de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que “en cuanto a la evolución del fenómeno, entre 2013 y 2023, la prevalencia de corrupción aumentó de 12.1 a 14 por ciento, lo que representa un incremento absoluto de 1.9 puntos porcentuales y un incremento relativo de 15.7 por ciento”.

Es decir que, por cada 100 acercamientos o trámites con las autoridades gubernamentales, en 15 hubo algún tipo de corrupción. Subraya también que aumentaron “la prevalencia de corrupción en las personas de 18 años y más, la frecuencia de corrupción según el tipo de trámite, el porcentaje de denuncia y los motivos de la no-denuncia”.

En 2023, reitera el Inegi, 15 de cada 100 personas de 18 años y más que estuvieron en contacto con servidores públicos, enfrentaron algún acto de corrupción en al menos un pago, trámite y solicitud; y que por cada víctima mujer, hubo dos víctimas hombres.

El huachicol fiscal

Pero el contrabando de combustible no sólo ha evidenciado el fracaso del combate a la corrupción durante los gobiernos de Morena, sino también cómo debido a su demagogia, ineptitud e inoperancia, han permitido que la telaraña de las corruptelas se extienda a niveles sin precedente.

“El contrabando de combustible ha crecido tan rápido que las importaciones ilegales representan ahora hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina, apropiándose de las ganancias de algunas de las empresas petroleras más importantes…

“El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de 20 mil millones dólares (mdd) al año”, reportó recientemente la agencia Reuters, en un texto titulado Cómo una ‘flota oscura’ de petroleros ayudó a un cártel mexicano a construir un imperio de contrabando de combustible.

Alejandro Montufar Helú Jiménez, experto de la consultora Petro Intelligence, especialista en el mercado de combustibles, explicó a buzos que el huachicol fiscal radica en la importación ilegal de petrolíferos, es decir, importar gasolina y diésel sin pagar el impuesto correspondiente.

Afirmó que esta práctica no es nueva, que data de 1990, pero que se incrementó a partir de la reforma energética de 2014, cuando se liberó el mercado y se permitió la participación sin control de empresarios independientes de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El experto agregó que “la causa principal del crecimiento del huachicol fiscal proviene de la corrupción”, porque evita el pago de impuestos; la segunda razón radica en la falta de tecnología para vigilar las importaciones y la tercera es la falta de regulación.

“Como hemos visto en los medios: existe descoordinación entre los distintos grupos de interés. Pero también es cierto que no se tiene el capital humano para revisar todas las mercancías de importación. A partir de la reforma de 2014, no se incluyó un marco regulatorio frente al contrabando. Entonces, la conjunción de estos elementos ha ocasionado que el contrabando haya llegado a las dimensiones registradas en los últimos años”, puntualizó.

Montufar Helú consideró también que la ausencia de mecanismos para monitorear los movimientos de combustible fue un “gran error” porque aumentó el contrabando. En 2018 se intentó resolver el problema con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero ésta quedó en letra muerta.

En 2020, AMLO intentó varios cambios mediante la entrega del control y la vigilancia de las aduanas a la Semar y la Sedena; en 2021, las fuerzas armadas supervisaban ya la mayoría de las aduanas y se creó la Agencia Nacional de Aduanas (ANA) con la tarea de vender, comprar, inventariar, restringir importaciones y otorgar permisos de comercialización de combustibles.

Pero los resultados no se percibieron inmediatamente; y es hasta ahora, con Sheinbaum Pardo que, en palabras del especialista, “podemos observar que hay una mejor coordinación. El número de denuncias y detenidos por vender productos irregulares aumentó; vemos más operativos, con nombre y apellido de empresas; vemos a la fiscalía más activa, investigaciones, bloqueo de cuentas ante presuntas actividades relacionadas con el contrabando”.

En marzo de 2021, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció públicamente que el huachicol fiscal “sigue sin resolverse”, por lo que exigió al gobierno erradicar las prácticas ilegales en importación y comercialización de combustibles.

“El combate efectivo a la corrupción se da cuando las instituciones cumplen con su función y se hace valer el Estado de Derecho”, puntualizó mediante un comunicado, en el que además estimó la colusión entre empresas creadas ex profeso y la CRE para importar gasolinas y diésel ilegales.

Esta “actividad ilícita se realiza por personas físicas y morales que evaden el pago de impuestos en la importación de combustibles y venden productos a precios por debajo del mercado. Los principales huachicoleros son empresas que emiten facturas a favor de sus clientes y legitiman sus operaciones con permisos de la CRE y pedimentos de importación que no corresponden a sus verdaderas actividades”, alertó.

Hasta ese momento, las principales modalidades del huachicol fiscal eran las siguientes: importación de diésel a través de fronteras y puertos marítimos con denominaciones, aplicaciones arancelarias y número de contenedores incorrectos del combustible en tránsito.

Por ejemplo, se referían a la importación de diésel “ultrabajo azufre”, combustible que no está sujeto al pago de Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) cuando, en realidad, los barriles contenían lubricantes que sí deben cubrir esta carga fiscal.

Cabe destacar que el contrabando alcanzaba cifras escandalosas, pues el monto real de los barriles correspondía a 300 mil y al llegar al puerto fronterizo o marino se pagaba el “impuesto correspondiente a 150 mil barriles”, denunció la Coparmex.

Ésta fue la razón por la que cada vez más empresas, estaciones de servicio y usuarios finales compraban a precios bajos el combustible ilegal.

Costos del huachicol 

Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la pérdida total en miles de mdp provocada por el huachicol fiscal, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex, la ANA y la Presidencia de la República no han informado nada al respecto.

La única información disponible es la difundida a través de reportes periodísticos que, con base en documentos de la FGR, afirman que son 555 las empresas vinculadas a este negocio ilícito y que 108 se dedican a la importación, exportación, transportación y comercialización de combustibles.

La mayoría de estas operaciones se efectúan en los seis puertos marinos de transportación más importantes del país: Altamira, Tamaulipas; Guaymas, Sonora; Veracruz, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa y Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la FGR, entre abril de 2023 y marzo de 2025, sus agentes detectaron documentación alterada y falsificada que involucró a integrantes del crimen organizado y autoridades, contra algunas de las cuales se han interpuesto denuncias penales.

Hasta el pasado ocho de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había reportado la detención de 14 personas, entre ellas un familiar del exsecretario de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, quien podría estar implicado en la comisión de este delito.

Entre las 555 empresas implicadas, hay siete que poseen buques con los que se movilizaron gran parte de los millones de litros de combustible ilegal de Estados Unidos (EE. UU.) a México, como ocurre cotidianamente con otras mercancías y servicios entre los dos países, comentó Montufar Helú.

Entre los diversos productos fabricados en EE. UU., el especialista citó los automóviles, cuyo precio resulta mucho menor en el “otro lado”; pero una vez introducidos a territorio nacional sin pago de impuestos, rinden mayores ganancias a quienes los comercializan de contrabando.

El experto reveló que, por su práctica ilícita, no existe un registro confiable de las pérdidas que el huachicol fiscal provoca en las finanzas públicas, que únicamente se conservan estimaciones; a modo de ejemplo recordó que en 2022, cuando aún este delito no se había disparado, la venta de combustibles se incrementó en un 24 por ciento.

Este último porcentaje, aclaró, tiene relación consistente con el 30 por ciento de incremento en los impuestos recabados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por eso –apuntó– “creemos que el 30 por ciento es una buena estimación y, de hecho, a partir de los operativos que se han desarrollado y documentado, se han incrementado las ventas en 20 por ciento. Y tomamos el 20 por ciento porque no todo el combustible se expende a través de estaciones de servicio. En el caso de las gasolinas es casi del 100 por ciento, pero en el caso del diésel se usa para refinar. Tomando ese 30 por ciento y el porcentaje de ventas, los impuestos de IEPS y de Valor Agregado (IVA), estamos estimando que el costo en 2024 fue de 177 mil mdp”.

Con respecto al costo de las importaciones ilícitas en lo que va del sexenio, Montufar Helú estimó que “la cifra difundida en medios oscila entre 700 mil y 800 mil mdp”.

Miles de mdp en combustibles provenientes de EE. UU., cuya calidad podría ser discutible, pero que, una vez ofrecidos de contrabando en México con otros nombres y documentos duplicados o falsos, se venden a los precios del mercado local para beneficio de los huachicoleros.

A Tamaulipas, por ejemplo, llegó un buque cuya tripulación reportaba aceite, pero las investigaciones realizadas por el gobierno estadounidense sobre algunas empresas de refinación detectaron huachicol fiscal y lo reportaron a las autoridades mexicanas.

“Por supuesto que hay compras de combustible de forma correcta en EE. UU., pero, ya en una aduana terrestre o marítima, pasa de manera informal o sin revisar. Entonces el contrabando no sólo se hace a través de aduanas: se puede hacer a través de puntos informales, es decir, irregulares; muchos puntos terrestres son irregulares”, precisó.

Y está pasando lo mismo con las “investigaciones” que las autoridades mexicanas están efectuando sobre el huachicol fiscal, pues apenas han detenido a 14 mandos menores y el gobierno de Morena no ordena aún el de los mandos superiores.