El desabasto de medicamentos y la precariedad médica de los sistemas de salud estatal y nacional en Michoacán no son problemas nuevos, datan de hace varios años, pero se agudizaron en los últimos años con los gobiernos morenistas debido a la falta de recursos y atención, que ha provocado incluso el enfrentamiento cotidiano de su personal sanitario con los pacientes.

Las quejas ya eran frecuentes antes de la pandemia de Covid-19, especialmente en las comunidades rurales donde la atención médica se brinda en pequeñas clínicas en las que no había personal médico de base ni medicamentos o insumos suficientes.

Las autoridades de ambos niveles de gobierno no pueden presentar ninguna cifra de los beneficiarios del programa IMSS Bienestar Michoacán; pero la estiman en 3.2 millones de beneficiarios y afirman que su cobertura médica integral “avanza firme y segura”.

Sin embargo, los testimonios de pacientes y familiares en todos los municipios reportan que diariamente una parturienta denuncia que debió comprar suero hasta para las suturas; que un anciano compró pastillas para la presión o la diabetes; y que un niño no fue operado por falta de anestésicos.

Estos problemas provienen de administraciones pasadas; pero se han agravado en los últimos dos sexenios debido a la insuficiencia en los presupuestos federal y estatal, o por los retrasos en las licitaciones para los medicamentos y la falta de planeación médica, que golpean sobre todo a las comunidades rurales de las regiones Meseta Purépecha, Tierra Caliente y la Costa, cuya deficiente infraestructura carretera implica varias horas de camino.

Compromisos incumplidos

En enero de 2025, el Gobierno Federal se comprometió a resolver “en dos meses” el desabasto de medicamentos e insumos médicos y lograr la cobertura total en 2026; pero nueve meses después, los testimonios revelan que las recetas no se surten completamente y que los pacientes deben realizar compras “de madrugada” afuera de las clínicas u hospitales públicos.

La administración federal plantea una “megacompra” y el reordenamiento del sistema mediante el IMSS Bienestar, pero la última “milla” –esa que decide si una caja llega o no al mostrador– permanece rota.

Una muestra de este problema sucedió en Uruapan, municipio donde familiares y colectivos de pacientes con cáncer se sumaron el pasado 10 de agosto a la Marcha de los Peluches, organizada nacionalmente para denunciar la falta de medicamentos oncológicos.

Los afectados protestaron por una razón indiscutible: una quimioterapia sin fármacos no es tratamiento. Días después, las autoridades estatales y federales presumieron el programa Rutas de la Salud para llevar fármacos a hospitales, centros y unidades móviles del IMSS Bienestar.

En Michoacán, José Miguel Ángel Van Dick Puga, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que el abasto correspondía al 95 por ciento. Pero Alejandro Barbosa Padilla, presidente de la asociación civil Nariz Roja, lo desmintió públicamente: 

“Michoacán tiene un problema grave, no de hoy, de mucho tiempo, donde la gente tiene que acudir a Jalisco para atención médica de alta especialidad. Tenemos albergues y seguido nos dicen que es la casa de los michoacanos, porque todos los que están, son de distintos lugares del estado”.

La presunta cobertura casi integral se apoya en dos supuestos básicos: que la “reingeniería” de compras a través de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el uso de plataformas digitales estabilizarán el abasto “incorruptible” de medicamentos; y que la logística de las “rutas” garantizará la distribución.

Pero la prensa nacional ha documentado retrasos, adjudicaciones con errores y sobrecostos en la “megacompra” 2025-2026, así como la falta de infraestructura para su entrega final.

Aunque el titular de la Secretaría de Salud (SS) de Michoacán, Elías Ibarra Torres, ha declarado que el abasto en hospitales y centros de salud corresponde al 80 por ciento en promedio, esta cifra es cuestionada por la realidad que viven los pacientes.

La prensa local ha publicado las denuncias de las familias de Morelia, que deben comprar lo que el hospital civil de la capital de Michoacán no tiene; regresar a primera hora del día siguiente para que le efectúen la cirugía o para que su consulta no le sea cancelada. 

Éste es el caso de Isaac Pardo, quien informó a buzos cómo, por un error médico, debió comprar medicamentos y agua purificada cuando su esposa era atendida en el Hospital Civil Doctor Miguel Silva de Ciudad Salud.

“Me pidieron 20 cajas de ampicilina inyectada; cada caja salió en 48 pesos y gasté 960 pesos; esto sucedió porque mi esposa necesitaba el medicamento por una infección en la matriz. Cuando la dieron de alta, le regresaron 12 cajas. Una enfermera le comentó que las donara al hospital porque había pacientes que no tenían dinero. Le enviamos mensaje a su ginecóloga particular y nos dijo que era nuestra decisión hacerlo, que posiblemente se habían equivocado y en lugar de inyecciones se necesitaban pastillas (una caja de 20), y que esos errores de pasantes se cometen seguido ahí; que no era la primera paciente que le mandaba un mensaje similar. Aparte de no tener los medicamentos, provocan que uno compre medicamentos de más; y aparte donarlos. Me pregunto de qué se trata; se supone que la ampicilina entra en los medicamentos básicos que un hospital debe tener. También me pidieron pañales predoblados, venda de la más ancha para fajarla y agua natural porque no tenían para darle de tomar y me tocó salir del hospital pasadas las 10:30 de la noche a buscarla”, narró Isaías Pardo.

Excesiva tramitología

El desabasto de medicamentos afecta más a los pacientes con diabetes, hipertensión y epilepsia. A decir del colectivo Cero Desabasto, los medicamentos más requeridos son: Amlodipino, para combatir la hipertensión; Liraglutida, contra la diabetes Tipo 2; Insulina NPH, contra la diabetes Tipo 1 y 2; Levetiracetam, para evitar los ataques de epilepsia; Atorvastatina, para controlar el colesterol; Celecoxib,para aliviar el dolor crónico de la artritis; y el Ácido Risedrónico, para atenuar la osteoporosis.

Una enfermera del hospital infantil de la Ciudad Salud, quien por razones de seguridad laboral prefirió guardar el anonimato, aclaró que el desabasto no siempre se debe a la falta de medicamentos, sino también a errores de los médicos. 

Explicó también que, al elaborar las recetas o las cartas de no derechohabiencia al IMSS o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los médicos residentes o titulares ingresan mal el código del medicamento; y cuando el paciente o su familiar las presenta, la farmacia o la oficina se niegan a surtirlas.

También reconoció que al personal médico de ese nosocomio de Morelia se ve obligado a reservar medicamentos: “lo que muchas veces hacemos a escondidas, porque es sancionado, son los famosos guardaditos. En enfermería, muchas veces vamos guardando medicamentos y cuando llegamos al tiempo en el que, por ejemplo, se acaba la Ceftriaxona, sacamos la que tenemos guardada. Tengo un guardadito con el que trabajo cuando me toca guardia, y si hay algo que no hay en farmacia o en existencia en el hospital, pues lo saco de ahí. Si no fuera por eso, a lo mejor sería más tiempo que los niños no tendrían su medicamento o que los papás de bajos recursos gastarían lo que no tienen… muchas veces no hay glucómetros, o los que hay no sirven; y prefiero mejor llevar el mío: me toca gastar en comprarlo y comprar lancetas para cada paciente que atiendo. Lo mismo con el oxímetro o baumanómetro, de esos sí hay, pero muchas veces están ocupados y mejor llevar uno lo suyo, aunque toque gastar para dar una mejor atención a los pacientitos. Los niños no tienen la culpa, y muchas veces es nuestra forma de ayudar o de poner nuestro grano de arena para una mejor atención”.

Pacientes al límite

El costo de la crisis sanitaria actual se mide con vidas y sufrimientos. Es el caso de la señora Ana, quien tiene 65 años y fue diagnosticada con cáncer de mama. Su tratamiento de quimioterapia se ha pospuesto en dos ocasiones porque no hay medicamento necesario en oncología.

Cada día de retraso representa un golpe desgarrador contra la esperanza de recuperarse completamente. Su familia ha tenido que gastar sus ahorros para comprar una parte del tratamiento en farmacias privadas, lo que significa una carga económica insostenible para sus familiares.

Los pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes, enfrentan una lucha constante por conseguir insulina y la falta de insumos para realizar las diálisis.

Javier es un joven de 28 años con artritis reumatoide, enfermedad que ya le ha hecho atravesar un verdadero calvario. Este padecimiento autoinmune requiere un tratamiento de por vida con medicamentos biológicos de alto costo que el IMSS debe proveer.

El joven lamenta que su vida se haya vuelto una peregrinación permanente a la farmacia del hospital de especialidades del IMSS de Charo, cuyo personal le informa que el medicamento no está disponible y que lo busque por su cuenta. Además, este hospital nunca le da una fecha exacta para su reabastecimiento.

“La incertidumbre es agotadora”, expresó a buzos. La falta de tratamiento le trae consecuencias devastadoras. La inflamación en sus articulaciones ha empeorado y le causa un dolor tan intenso que le impide caminar sin ayuda o incluso sostener una taza de café. “He tenido que dejar mi trabajo como diseñador gráfico, ya que las crisis de dolor son cada vez más frecuentes e incapacitantes”.

La sensación de abandono preocupa más a Javier. Su médico le ha dicho que la única manera de frenar el avance de la enfermedad es conseguir el medicamento prescrito; pero el sistema de salud que debería protegerlo, le ha fallado. 

Se siente atrapado por la burocracia que no entiende el dolor físico y emocional que él está sufriendo. Su familia ha hecho todo lo posible por ayudarlo, pero comprar el medicamento por su cuenta es simplemente imposible, ya que cada dosis cuesta más de 900 de pesos.

Mientras tanto, las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán presumen un abasto de medicamentos que, como se ha demostrado, no corresponde con la realidad; los pacientes, sus familiares y las organizaciones civiles no han dejado de denunciar que las cifras oficiales no reflejan lo que ocurre realmente.

Denuncian, asimismo, la opacidad en la que se hallan envueltos los procesos de compra, la falta de rendición de cuentas, y exigen una reforma profunda al sistema de salud estatal que, con base en un plan claro y transparente que resuelva la crisis sanitaria que afecta a decenas de miles de michoacanos.