Los casos de corrupción detectados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son extensión de los producidos en el sexenio anterior.
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Miles de familias han sido obligadas a huir de sus hogares en Sinaloa debido a la violencia que afecta a gran parte del territorio estatal. Los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, el abandono institucional y la burocracia de un Estado que no asume su responsabilidad han convertido el desplazamiento forzado en una herida que se enquista mientras las víctimas sobreviven.
El Sol cae a plomo en la explanada del Palacio de Gobierno. Entre pancartas arrugadas y rostros exhaustos, un grupo de familias desplazadas por la violencia espera ser recibido por las autoridades estatales. Llevan semanas, meses y años insistiendo, buscando una respuesta. Pero las puertas siguen cerradas.
“Tenía ganado, mi casa y mis cosas. Pero lo dejé todo. Vendí lo que pude y lo demás lo perdí. Ya tengo credencial de aquí porque la necesito para acceder a apoyos. Me resigné, porque esto ya no se va a acabar”, lamenta Inocencio Félix Bueno, originario de La Pitahaya, tierra donde nació y que en 2021 se vio obligado a abandonar.
Esta misma historia la comparten las familias desplazadas de la comunidad de Vainilla. Al igual que Inocencio, tuvieron que tomar lo poco que pudieron y dejar atrás toda una vida.
“Me sacaron; no tuve oportunidad de traer mis cosas; no traje nada. Me corrieron de la casa. Tenía 85 años viviendo en Vainilla y ahora no tengo nada. Queremos que nos apoye el gobierno, pero no así, con las puertas cerradas”, demanda Nicanor Benítez, quien apenas hace dos meses fue expulsado de su tierra.
Ambos comparten una historia: forman parte de las familias que huyeron de sus comunidades serranas, de territorios que durante décadas vivieron de la agricultura y la cría de ganado. Hoy, sus casas están vacías. Los animales fueron abandonados, los techos se han deteriorado y los recuerdos quedaron esparcidos entre la maleza de los caminos que recorrieron para huir de las balas y el miedo.
Llegaron a Culiacán con la esperanza de encontrar apoyo; sin embargo, únicamente encontraron silencio institucional: funcionarios que evaden, ventanillas que se cierran y un gobierno del estado más dispuesto a negar que a escuchar.
Las historias de desplazamiento a causa de la violencia se repiten en la entidad. Algunas familias han alzado la voz, pero cientos no se atreven a denunciar su situación aún públicamente, pues se sienten intimidadas. Pero el tiempo pasa y el problema se agrava.
Los casos de corrupción detectados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son extensión de los producidos en el sexenio anterior.
El desabasto de medicamentos y la precariedad médica de los sistemas de salud estatal y nacional en Michoacán no son problemas nuevos, datan de hace varios años.
Tres semanas después de las inundaciones y deslaves en la Huasteca veracruzana, sus habitantes se enfrentan a las labores de limpieza sobre todo en los municipios más afectados.
Mientras, los desplazados de las colonias del Centro buscan vivienda en las alcaldías colindantes, lo que afecta a los pueblos originarios como Xoco o colonias populares, con lo que se encarece la vivienda, las rentas y, en general, la vida cotidiana.
De acuerdo con datos del mercado laboral, el salario promedio de un operador textil en México oscila entre los cinco mil 742 y los seis mil 316 pesos mensuales, es decir, cerca de mil 579 semanales o 33 pesos por hora.
En Michoacán, el Día de Muertos no es una fecha cualquiera, sino la fiesta más esperada anualmente, una de las celebraciones que más identidad ofrece a la entidad, atrayendo al turismo nacional e internacional y dinamizando la economía local.
Naica, municipio de Saucillo, Chihuahua, de entrada, para sopesar los probables daños a los cristales gigantes, hay que poner la polémica que se generó en torno al llamado “factor antropogénico”.
La aplicación de una ley sobre actos pasados y no futuros, así como la “retroactividad”, están prohibidas en el mundo porque arriesgan la seguridad jurídica de las persona.
Una de las vialidades catalogadas como más riesgosas e inseguras para los automovilistas y transportistas se extiende por la autopista México-Puebla-Veracruz, donde los atracos se han incrementado últimamente.
Tizayuca es uno de los dos municipios hidalguenses pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y cuyo desarrollo urbano ha crecido considerablemente en los últimos años.
El pasado tres de septiembre, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), integrada mayoritariamente por funcionarios, aumentó a 17 pesos la tarifa de las rutas del transporte público de Nuevo León.
Tras la operación Tormenta de Al Aqsa de Hamás, el siete de octubre de 2023 y el exterminio de Israel, el mundo ya identifica la resistencia palestina con su bandera que por décadas el ocupante prohibió izar.
No ha llegado la “Cuarta Transformación” (4T), prometida el 12 de octubre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a los 10 municipios del oriente mexiquense: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.
Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
Gobernador Rubén Rocha Moya ignora a los habitantes de la comunidad de Vainilla.
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Escrito por Scarlett Nordahl
@ScrlttNrdhl