La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 (PEF 2024) propone un gasto global de 8.4 billones de pesos, en el que los rubros con mayor incremento serían los programas de transferencias monetarias y las llamadas “obras emblemáticasˮ.

El aumento más alto será el destinado a las pensiones de los adultos mayores que aumentarían 24.6 por ciento con respecto a su actual monto (cuatro mil 800 pesos) y constituyen la parte más grande de los programas del Bienestar, que los partidos políticos de oposición han criticado reiteradamente por su evidente intención político-electorera: comprar el voto de sus beneficiarios y favorecer a los candidatos del partido oficial, Morena, hacia la elección de legisladores federales, gobernadores, diputados locales y Presidente de la República en 2024.

Los expertos en economía han denunciado que el gasto público del gobierno morenista, especialmente el dedicado a estas prioridades desde 2019, se financió mediante recortes a otras dependencias, programas y organismos públicos autónomos, muchos de los cuales AMLO ha intentado suprimir.

Gobierno y legisladores federales morenistas extinguieron más de 100 fondos públicos y fideicomisos que tenían objetivos de especial interés, como los de fomentar la seguridad pública y atender emergencias por fenómenos naturales en los estados; y programas con evidente utilidad social, como los comedores públicos y escuelas de tiempo completo.

Pero la mayor alerta que existe en los círculos de análisis económico, social y político del país se debe a la baja captación de ingresos del Gobierno Federal que, entre otros aspectos, se traduce en una continua disminución de las aportaciones y participaciones de dinero público a los 32 estados y los más de dos mil 500 municipios del país.

La situación financiera de la mayoría de las entidades federativas depende, en más del 80 por ciento, de las aportaciones monetarias que el Gobierno Federal está obligado a enviarles conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, que define actualmente la concentración en el gobierno central de 70 por ciento de los recursos recibidos mediante el cobro de impuestos federales en las entidades, mientras el 30 por ciento restante debe repartirse entre las administraciones locales.

Debido a la carencia de recursos, los gobiernos de los estados se han visto obligados a solicitar créditos a la banca comercial para solventar compromisos con proveedores, mantener servicios públicos y pagar sus nóminas; al respecto, según información del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, de 2018 a la fecha, la deuda global de las 32 entidades ha pasado de cerca de 600 mil millones de pesos (mdp) a aproximadamente 700 mil mdp y está creciendo.

Toda esta situación, ha empeorado con el debilitamiento de los ingresos federales que provienen de la captación de impuestos; por variaciones en la comercialización internacional del petróleo crudo y la caída de las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, luego de la intempestiva cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en 2018.

El pasado 31 de agosto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Martínez de la O, reveló, en una reunión con los senadores de Morena, que el presupuesto para 2024 permitirá una transición de gobiernos ordenada y garantizará la sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública.

Esto se conseguirá, agregó, con el “fortalecimiento de los ingresos a través de medidas de eficiencia recaudatoria y combate a la corrupción, sin necesidad de imponer nuevos impuestos ni de aumentar las tasas de los existentes”. También anticipó que “el gasto en protección social alcanzará niveles sin precedentes”.

El “bienestar” de funcionarios

La hoy titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel Reyes, anunció, el 26 de octubre de 2021, un aumento paulatino en la “pensión del bienestar” para adultos mayores, que pasaría de los tres mil 100 pesos bimestrales ofrecidos durante ese año, hasta los seis mil pesos en 2024, un año coincidente con las elecciones presidenciales.

Montiel, quien entonces se desempeñaba como Subsecretaria, explicó que los recursos públicos para sostener estas pensiones procedían de la “política de austeridad” y del “combate a la corrupción” impulsados por el gobierno de AMLO.

El 22 de agosto de 2023, la diputada de Morena, Inés Parra, denunció a esta funcionaria, a la extitular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, y a todos los servidores públicos que resulten corresponsables, por el mal uso de seis mil mdp de los programas sociales entre 2018 y 2021.

La legisladora morenista reconoció que ese día había interpuesto esa denuncia ante la Fiscalía Especial en materia de Combate a la Corrupción (FECC), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR); y que había acusado a los citados funcionarios por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias.

Parra aseguró, durante una rueda de prensa, que existen por lo menos 800 pliegos oficiales con observaciones sin aclarar, que fueron solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y aclaró que son numerosas las prácticas irregulares en la citada dependencia.

Entre otras, citó “pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales; desvío de recursos públicos de los programas sociales; no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino”.

La diputada morenista exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, abstenerse de bloquear las investigaciones y recordó que AMLO ha dicho que su principal objetivo consiste en abatir la corrupción, y convocó a éste “para que permita el saneamiento de corruptos en la Secretaría del Bienestar.

“Le recuerdo al compañero Presidente que la premisa fundamental de Morena es la lucha contra la corrupción. Lamento que, ya en el ejercicio del poder, se haya olvidado esto y no se haga nada en el combate a la corrupción”, aseveró la diputada federal Inés Parra.

En el estado de Baja California, gobernado por la morenista María del Pilar Ávila, el pasado 23 de agosto se desató una polémica pública cuando el medio local Punto Norte difundió un audio en que Valeria Oseguera, en ese momento Coordinadora General de la Secretaría del Bienestar, utiliza los programas sociales del Gobierno Federal con fines político-electorales.

En la grabación, que fue replicada por algunos medios nacionales, Oseguera reclama al líder morenista de una comunidad local por apoyar a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, cuando los morenistas de la entidad habían acordado impulsar la precandidatura de Adán Augusto López Hernández:

“Nada más checa; pon en una balanza qué te conviene, si realmente donde estoy yo, que mi jefe es del Bienestar, donde están los programas porque, si no, después te quedas y nada de apoyo”, reclamó la funcionaria federal en esa plática filtrada al medio informativo. Al respecto, la gobernadora Ávila aseguró que la funcionaria federal Valeria Oseguera fue destituida y que se abrió una investigación sobre el asunto.

¿Y la salud como en Dinamarca?

Durante este sexenio, el Gobierno Federal ha incrementado el monto de las transferencias en efectivo de los programas del “bienestar” y el gasto aplicado a la construcción de las “magnas obras” –Tren Maya, refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)–; pero se descuidó el destinado a la salud, la educación y la seguridad pública.

El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos de salud se redujo más en el gobierno de AMLO, porque pasaron de 20.1 millones de personas en esa condición en 2018, a 50.4 millones en 2022, según un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del 10 de agosto de 2023.

Del fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), inaugurado en enero de 2020 y desaparecido en 2023, se unificaron las instituciones públicas de salud, pero a la fecha, a decir de expertos, aún no se aclara cómo podría funcionar en los hechos.

Para sustituir al Insabi –una más de las ocurrencias de AMLO– el gobierno morenista decidió utilizar el programa IMSS-Bienestar, que desde 1976 opera como una extensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para supuestamente brindar servicios de salud a 11 millones de residentes en comunidades rurales marginadas.

A éste se agrega el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, membrete creado en 2022; y el proyecto Sistema de Salud para el Bienestar (SSB), del que había surgido el Insabi, y con el cual el gobierno ya había buscado infructuosamente unificar los servicios de las instituciones de salud pública de los estados; en tanto, varios gobiernos locales rechazaron la propuesta por considerarla inviable.

Esta situación no ha logrado impedir que el Presidente se comprometa a que quedará plenamente garantizado el derecho a la salud “para todos los mexicanos” en 2024; y que los hospitales públicos del país dispondrán de personal médico especializado, laboratorio de análisis clínicos de todo tipo y suficientes medicamentos gratuitos.

En su reporte IMSS-Bienestar: Estimación del impacto presupuestario, publicado en junio pasado, los especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierten: “el IMSS-Bienestar nació con mayores retos que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); pero al igual que él, carece de una fuente sostenible y suficiente de recursos… pensar en un sistema universal de salud requiere hablar de financiamiento más allá de las medidas de austeridad y eficiencia”.

A su ocurrencia de que el Sistema de Salud del Bienestar igualaría la eficiencia y cobertura de Dinamarca, en su conferencia mañanera del 23 de agosto, AMLO agregó que, en breve, en la Ciudad de México (CDMX) se instalará una “superfarmacia” donde habría “todas las medicinas del mundo”, y con la que podría surtirse cualquier hospital público de México.

“Es una gran farmacia donde habrá de todo; si hay que conseguir los medicamentos en La India, los vamos a traer para la farmacia; en China, en Francia, en Corea, donde estén, tendremos todos los medicamentos. Todo esto lo podemos hacer porque ya barrimos; ya no hay corrupción”, aclaró.

Con respecto a los problemas de desabasto de medicamentos que iniciaron en 2019, AMLO declaró: “creo que ya tenemos como 16-18 estados donde el abasto de medicamentos está como en 95 por ciento, y en diciembre tendremos una farmacia aquí, en la CDMX; ya estamos en eso”.

Andrés Castañeda, médico especialista en políticas públicas de salud y coordinador del colectivo Cero Desabasto, explicó a buzos la “superfarmacia” de AMLO: “son declaraciones muy lamentables; es un poco confirmar esta subestimación de la complejidad de lo que significa el sistema de acceso a los medicamentos en el país…

“Que alguien por favor le explique al Presidente que no es así de fácil; son muchas claves (las que identifican a cada medicamento); se debe hacer una planeación; tiene que haber presupuesto; debe haber el medicamento correcto cuando el paciente lo requiera, con profesionales que lo receten. La cadena de acceso a los medicamentos debe estar funcionando correctamente, incluyendo la parte de distribución”, agregó.

En cuanto al abasto de medicamentos, fallido desde los primeros años del actual gobierno, Castañeda informó a este semanario: “se ha regularizado en algunos estados, en algunas instituciones. Preocupa mucho porque parece que el problema está medio resuelto; pero volverá a cambiar el modelo de compra, porque antes compraba el Insabi y ahora éste ya no existe…

“Ahora comprará la Secretaría de Salud (SS); habrá cambios de funcionarios y de mecanismos. Preocupa también que no se hayan abierto aún a la participación de especialistas, a escuchar ideas, perspectivas del resto del sector, que inicialmente causó el problema del desabasto”.

Riesgos de insostenibilidad

El 15 de agosto, entrevistado por  LatinUS, el exSecretario de Hacienda del gobierno de AMLO, Carlos Urzúa, señaló: “Las transferencias, las que él (AMLO) trata de dar a la gente, a mi juicio, son insostenibles en el largo plazo”.

Urzúa explicó que este gasto ha crecido a un grado tal, que en 2022 llegó a 1.5 billones de pesos, monto que contrasta notoriamente con la debilidad de los ingresos fiscales del Gobierno Federal.

En los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE) 2024, documento presentado por el gobierno a la Cámara de Diputados el 1° de abril de 2023, se reporta que habrá una disminución en los ingresos presupuestales generales en este año.

“Se espera que éstos sean inferiores a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023 por 131 mil 537 mdp”. Incluso se anticipa con detalle que la recaudación de impuestos será menor en 66 mil 928 mdp respecto a la presupuestada en la LIF 2023.

Los PGPE son un adelanto de las bases económicas en que se sustentará la confección de las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Egresos de la Federación para el siguiente año, y que debe entregar al Congreso a más tardar el ocho de septiembre para que se aprueben aproximadamente el 15 de noviembre.

Organizaciones civiles dedicadas al análisis económico afirman que la reducción de ingresos fiscales en 2023 vislumbra que en 2024 habrá más recortes a los presupuestos de las dependencias y programas gubernamentales, con excepción de los destinados a la entrega de transferencias financieras y las obras emblemáticas.

De hecho, en los PGPE para 2024, el gobierno morenista anticipaba una reducción de 117 mil 249 mdp en el gasto programable (nóminas, utilería burocrática y bienes inmuebles, etc.) para dar prioridad y continuidad a los programas sociales y obras emblemáticas.

También se anticipa una nueva reducción de las asignaciones federales para los gobiernos estatales y municipales que dependen mayoritariamente de éstas para financiar obras de construcción y mantenimiento de sus servicios públicos y programas sociales.

La disminución ya está en marcha. De acuerdo con el análisis del CIEP, en el “primer semestre de 2023, el gasto federalizado debería corresponder a un billón 243 mil 969.2 mdp; es decir, debería observarse un avance de 50 por ciento; pero en el primer semestre se observa un monto de un billón 215 mil 414.8 mdp, que es 2.3 por ciento menor a lo esperado”.

Necesaria una reforma hacendaria

Consultado por buzos, el doctor Gregorio Vidal Bonifaz, especialista en políticas económicas y Estado, e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reveló que es indispensable y urgente que, en México, exista una reforma hacendaria con la que se analicen los ingresos y gastos gubernamentales.

“Es ampliamente demandado por especialistas, organismos, instituciones sociales diversas, la realización de una reforma hacendaria de gran calado; no es una tarea descabellada, sino una necesidad para enfrentar en mejores condiciones las tareas de las finanzas públicas.

“El gobierno no ha querido transitar en esa dirección; pero se reconoce que es un camino que se puede examinar; y por ese camino, una vez que se den pasos en esa dirección, se tendrían mejores condiciones para enfrentar esta situación del gasto creciente”, aseguró.

El analista especializado en economía y finanzas, Kristóbal Meléndez, informó a buzos que ciertamente se requieren más recursos fiscales, pero debe combatirse la corrupción real y eficientemente antes de una reforma fiscal.

“Previamente se tiene que combatir la corrupción, porque ¿de qué sirve que se incrementen los impuestos y los ingresos del gobierno si no terminará en un beneficio para la sociedad?... se dice que se necesita la reforma fiscal, es cierto, pero debe haber un paso previo, y es el combate a la corrupción; si no lo hay, la reforma fiscal no tendría sentido”.