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El martes 4 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos presentados por el Gobierno de México en una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.
México acusó a estas empresas estadounidenses de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia grupos del crimen organizado. Durante la sesión, tanto jueces conservadores como liberales mostraron inclinación favorable hacia los fabricantes, ahora, será el máximo tribunal de EE. UU. quien decidirá si desestima la demanda o permite que continúe el proceso.
Cabe recordar que el Gobierno Mexicano inició esta batalla legal en 2021 contra ocho fabricantes de armas: Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger, Barrett, así como el distribuidor Interstate Arms.
En ese entonces, México solicitó 10 mil millones de dólares por los daños causados en el territorio nacional, argumentando que estas empresas incurren en prácticas comerciales "negligentes e ilícitas" que "auxilian e instigan" el tráfico de armas hacia el país vecino.
En 2022, un juez federal desestimó el caso, argumentando que las reclamaciones mexicanas chocaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005, cuya legislación exime a los fabricantes de responsabilidad civil por el uso indebido que terceros hagan de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar que existe una excepción aplicable en la ley.
De acuerdo con la anterior interpretación, México debe demostrar que las empresas demandadas "auxilian e instigan" activamente el tráfico y la exportación ilegal de armas; además, establece una relación causal directa entre las conductas denunciadas y los daños sufridos en su territorio.
Se espera que la Corte Suprema emita su fallo antes del verano boreal de 2025; es decir, antes del 20 de junio. De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), cerca del 50 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen su origen en Estados Unidos.
Tanto el CPJ como Amnistía Internacional coinciden en que los periodistas en México enfrentan constantes amenazas, hostigamiento, abuso físico y psicológico por parte de funcionarios públicos y del crimen organizado.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.