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El martes 4 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos presentados por el Gobierno de México en una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.
México acusó a estas empresas estadounidenses de facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia grupos del crimen organizado. Durante la sesión, tanto jueces conservadores como liberales mostraron inclinación favorable hacia los fabricantes, ahora, será el máximo tribunal de EE. UU. quien decidirá si desestima la demanda o permite que continúe el proceso.
Cabe recordar que el Gobierno Mexicano inició esta batalla legal en 2021 contra ocho fabricantes de armas: Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger, Barrett, así como el distribuidor Interstate Arms.
En ese entonces, México solicitó 10 mil millones de dólares por los daños causados en el territorio nacional, argumentando que estas empresas incurren en prácticas comerciales "negligentes e ilícitas" que "auxilian e instigan" el tráfico de armas hacia el país vecino.
En 2022, un juez federal desestimó el caso, argumentando que las reclamaciones mexicanas chocaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada por el Congreso en 2005, cuya legislación exime a los fabricantes de responsabilidad civil por el uso indebido que terceros hagan de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar que existe una excepción aplicable en la ley.
De acuerdo con la anterior interpretación, México debe demostrar que las empresas demandadas "auxilian e instigan" activamente el tráfico y la exportación ilegal de armas; además, establece una relación causal directa entre las conductas denunciadas y los daños sufridos en su territorio.
Se espera que la Corte Suprema emita su fallo antes del verano boreal de 2025; es decir, antes del 20 de junio. De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), cerca del 50 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen su origen en Estados Unidos.
Sólo el 8 por ciento de las empresas han adoptado dicha tecnología, principalmente en el sector financiero y manufacturero.
Los resultados de los jóvenes mexicanos en PISA evidencian la crisis del sistema educativo de México, misma que no se explica sólo por las fallas del sistema, hay que buscar sus causas también fuera: en el modelo económico que subyace al sistema educativo.
En el gobierno de AMLO, hasta junio de 2023 se abrieron 41 mil 873 carpetas de investigación por el delito de extorsión, cifra que incrementó un 48% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
La realidad de los millonarios contrasta con la de la mayoría de los mexicanos.
La precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, interpuso este jueves una queja ante el INE por el presunto financiamiento con recursos públicos de la campaña de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum.
El capitalismo corporativo usa actualmente su estructura mediática para encerrar a la verdad y al conocimiento científico; difamar, censurar, manipular a las audiencias; dividirlas, paralizarlas e informar únicamente lo que beneficie al lucro de las élites.
“Los jóvenes nos quedamos aquí con la ola de violencia y con su negligente y criminal política de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes (…) por supuesto que nos da miedo, hoy estamos exigiendo lo más básico: que nos dejen vivir”.
La economía de Colombia experimentó una expansión de 2.1 por ciento durante el segundo trimestre del año, mientras que por estacionalidad lo hizo en 1.8 por ciento.
Autoridades estadounidenses aseguraron que se trata de un fuerte golpe para el Cártel de Sinaloa, conocida por sus operaciones de tráfico de fentanilo y otras drogas.
La delegación mexicana continúa sumando preseas.
Dos peritos de la FGR, quienes participaban en las investigaciones del caso Ayotzinapa, se encuentran en calidad de desaparecidos desde el domingo 10 de marzo.
El colectivo “Alto a las injusticias en Veracruz” denunció que se han abierto las puertas a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
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El inmueble podría ser incautado por las autoridades, por lo que dejaría de operar como el gran centro de mercancías que es hoy.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.