Luego de un largo debate entre los diputados de oposición y los oficialistas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó a la una de la mañana de este jueves, el dictamen correspondiente a la minuta de Senado sobre Amnistía. 

El proyecto prevé dar facultades extraordinarias al Presidente de la República, de aplicar la figura en favor de personas que cometieron delitos, pero se considere pueden aportar información creíble y comprobable, para esclarecer casos relevantes para la nación.

En la áspera discusión, los legisladores del bloque mayoritario hicieron constantes referencias a crímenes de Estado cometidos en el pasado, como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, las masacres en San Fernando y Tlatlaya, la Guerra Sucia y hasta la matanza de estudiantes del 2 de octubre del1968.

Además, salieron a relucir en el debate los nombres de políticos como el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sujeto a juicio penal en Estado Unidos.

En la votación particular, luego de que se rechazó más de 70 reservas, donde 250 diputados federales votaron a favor, por parte del bloque mayoritario y 197 votos en contra, de la oposición. 

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Antonio Madriz, quien presentó y fundamentó el dictamen, donde precisó que con esa norma no habrá amnistía generalizada a personas que hayan delinquido, aplicará en determinados casos.

El legislador y las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), repetidamente afirmaron que los cambios no tienen como fin liberar narcotraficantes, secuestradores, violadores, quienes hayan cometido fraudes e incurrido en otros delitos graves. "Se busca garantizar el derecho a la verdad, romper los “pactos de silencio” con delincuentes y así, esclarecer “crímenes de Estado”, señaló.

Los morenistas aseguraron que tampoco habrá amnistía a personajes como el exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, García Luna, o los integrantes del llamado “cártel inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, que están siendo juzgados por distintos tipos de delitos. La votación se aprobó con 258 a favor de los legisladores del bloque mayoritario; 205 en contra, de la oposición y una abstención.

En contraparte, la oposición advirtió que la reforma significará abrir la puerta a delincuentes, narcotraficantes, violadores o secuestradores, y ese poder discrecional estará en manos del presidente.

Los diputados federales del PAN, PRI y PRD subrayaron que las disposiciones son inconstitucionales, porque entregan al Ejecutivo Federal una facultad extraordinaria que de acuerdo a la ley vigente, corresponde en exclusiva al Poder Legislativo.

Insistieron en que la saliente administración está buscando garantizar la impunidad de personajes políticos allegados al primer mandatario, señalados por su presunto involucramiento en actos de corrupción.