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Asesores de las diferentes bancadas parlamentario de la Cámara de Diputados denunciaron este martes que en los próximos días serán despedidos, así como el resto de los trabajadores que cobran por honorarios.
Los quejosos anunciaron que llevarán a cabo una manifestación en la plaza central de San Lázaro, donde se ubica la asta bandera. Advirtieron que, si la medida se aplica, como se estima ocurrirá en los próximos días, más de cuatro mil personas se verían afectadas.
Manifestaron que ante las versiones del “término anticipado” de los contratos de miles de trabajadores que llevan a cabo tareas de asesoría a legisladores, asistencia y apoyo parlamentario a los propios diputados federales y las fracciones parlamentarias, sólo las autoridades de la Cámara, en el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política, pueden hacer las aclaraciones pertinentes. Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no haya ningún pronunciamiento al respecto.
Indicaron que los asesores parlamentarios reciben pago, a partir de los apoyos que reciben los diputados, para realizar sus labores legislativas. Si bien al final de cada Legislatura se renuevan plantillas laborales y se hacen ajustes administrativos, el Poder en cuestión sigue laborando de manera permanente y si se queda sin asesores, personal técnico y administrativo, se paralizaría la labor de la Cámara de Diputados.
Cada fin de legislatura en la Cámara baja la renovación de los 500 diputados que conforman a ese órgano concluyen sus labores por tres años de legislatura. Pocos buscan la reelección situación por la cual no vuelven a contratar al personal legislativo.
Ante esa situación, los trabajadores plantearon una serie de puntos y demandas a las autoridades del Legislativo, que incluyen respeto a la ley y a lo que establecen los contratos firmados por los trabajadores.
También, que se garantice la entrega de las gratificaciones económicas contempladas para el fin de la Legislatura, y para quienes tuvieron contratación continua en la anterior y la presente Legislaturas, en apoyo a los diputados de reelección.
Solicitaron dar condiciones de certeza laboral para los asesores parlamentarios con contrato y que llevan trabajando en la Cámara en las últimas Legislaturas; y no ejercer represalias contra quienes promuevan acciones diferentes a las acordadas en los órganos de decisión política, es decir, la Junta de Coordinación.
Presupuesto para el personal de la Cámara
De acuerdo con el presupuesto 2024, el recurso aprobado y “etiquetado” para pagar remuneraciones del personal de carácter transitorio, servicios profesionales, estímulos a servidores públicos y remuneraciones adicionales y especiales, asciende a mil 567 millones de pesos.
Los trabajadores de la Cámara de Diputados indicaron que ese órgano tiene registro de 4 mil 768 personas contratadas bajo el régimen de honorarios y no son considerados trabajadores del recinto. “No se ha publicado el informe del primer trimestre del 2024, en que se incluyen las fechas de contratos firmados y el número de personas contratadas por honorarios”, señalaron.
Puntualizaron que los contratos cuya terminación anticipada está por concretarse, tienen firma hasta el 31 de agosto del presente año. Añadieron que cada bancada recibe asignaciones económicas mensuales para pagar al personal auxiliar de los parlamentarios, sin embargo, en especial la bancada de Morena dijo, ha rechazado por escrito las solicitudes de gratificación al personal que se le han formulado, argumentado austeridad.
Sueldo que en los últimos cinco años se ha precarizado.
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Las marchas de las secciones 9, 22, 23, 57, 63, 75 y 92 continúan su camino con rumbo al Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
De acuerdo con el ambientalista José Urbina, las obras del Tren Maya son ilegales ya que existe una suspensión vigente que prohíbe su construcción.
Más de 90 mil alumnos se mantienen sin clases y la SEP no se ha pronunciado al respecto, por lo que demandaron a su titular, Leticia Ramírez, recibir a una comisión para informarle sobre el conflicto a fin de que contribuya a una solución.
De acuerdo con el análisis de México, Cómo Vamos (MCV), sobre el inicio del sexto año de gobierno de AMLO, al cierre de este 2023 se registran 48.3 millones de mexicanos que no tienen los ingresos suficientes para alimentar a sus familias.
Expresaron su frustración al tirar la basura de varios camiones recolectores como forma de protesta.
La Secretaría del Trabajo informó que el caso será llevado a tribunales laborales para su resolución.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados para impedir que los legisladores sesionen.
El proyecto debe contar con la legalidad para que los cientos de bicis y mototaxis que circulan en las calles de la ciudad se encuentren en la legalidad y no en el limbo jurídico.
Se trata de más de tres millones de trabajadores a nivel nacional quienes estarían atendiendo el llamado del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Los trabajadores informales son, naturalmente, presa fácil de esta industria rapaz por sus condiciones sociales en términos de bajo nivel educativo, escasa información y falta de colaterales para acceder a la banca formal.
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En exigencia de su pago de la medida del Bienestar prometido por AMLO, trabajadores del IPN se manifestaron en las diversas alcaldías de la CDMX, entre ellas, Cuauhtémoc y MH.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera