Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
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El 1 de noviembre, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, acusados de abuso de autoridad.
La investigación surge tras una denuncia de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, principalmente de la bancada de Morena. Entre los denunciados se encuentra la jueza Martha Magaña.
La FGR solicitó copias de los expedientes sobre las suspensiones a los jueces involucrados. Los secretarios y actuarios afirmaron que estas acciones buscan coaccionar a los jueces tras conceder suspensiones que afectan la elección de sus cargos.
En redes sociales, el exdiputado Jorge Romero Herrera criticó la demanda contra los jueces, afirmando que no se permitirá la persecución ni el abuso de autoridad.
A finales de agosto, trabajadores del Poder Judicial realizaron un paro de labores en protesta contra la reforma promovida por Morena y sus aliados, publicada el 15 de septiembre a pesar de suspensiones judiciales previas.
La Corte también presentó un proyecto que propone invalidar partes de la reforma, incluyendo la figura de los jueces sin rostro y la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
La FGR estima un daño a la Hacienda Pública de más de cuatro mil millones de pesos.
FGR investiga una presunta red encabezada por Ingemar, empresa ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, que habría introducido de forma ilegal casi 800 millones de litros de gasolina y diésel.
La FGR acusa al exgobernador de Baja California de formar parte de una red que habría introducido ilegalmente más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos al país; enfrentará el proceso en prisión preventiva.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La Fiscalía General de la República abrió nuevas líneas de investigación para determinar si autoridades estadounidenses participaron en la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que podría representar una violación a la soberanía mexicana.
Acusan que la FGR busca construir una nueva versión de los hechos.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
Entre los imputados se encuentra Javier Tapia Santoyo, quien además enfrenta otro proceso penal por presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, relacionados con su gestión en el Instituto Politécnico Nacional.
La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar el procedimiento contra el gobernador; tendrá 15 días hábiles para responder a las acusaciones antes de que el caso avance en el Pleno.
Los deslizamientos de tierra podrían incrementarse durante la temporada de lluvias.
Las medidas estadounidenses constituyen un “abuso” que amenaza la seguridad energética y los intereses de desarrollo de Pekín.
Suspensión de apoyos económicos pone en peligro investigaciones doctorales.
De confirmarse vínculos entre los incidentes, las autoridades estadounidenses deberán revisar los protocolos de seguridad y protección para el personal científico en su territorio.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera