Los mexicanos se quedaron sin defensa jurídica como resultado de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada en septiembre pasado por diputados de Morena. La intromisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue el último golpe asestado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al que dio continuidad la presidenta Sheinbaum.

Los comerciantes, obreros, amas de casa, jóvenes universitarios, maestros, pequeños y medianos empresarios aún no dimensionan el alcance negativo de la reforma. Tal como la aprobó Morena, ahora, los derechos constitucionales de los ciudadanos se ven limitados y, lo que es peor, la “aplicación” de justicia a modo, es decir, por presiones o decisiones políticas, será el resultado de elegir juzgadores sin experiencia ni preparación. Por si fuera poco, la reforma privilegió al poder en perjuicio del ciudadano, sin que éste tenga la posibilidad de defenderse.

El hecho de que los mexicanos desconozcan los alcances negativos de la reforma obedece a los ataques constantes del expresidente AMLO contra el Poder Judicial, contra su presidenta, Norma Piña, y el apoyo de los ministros afines al régimen; desde las conferencias de prensa matutinas, se dedicó a descalificarlos, acusó a los ministros de incurrir en actos de corrupción y de enriquecerse como “resultado de sus elevados sueldos y exorbitantes prestaciones” y, sobre todo, de servir al poder económico y político de sexenios pasados.

Una encuesta de El Financiero, publicada en septiembre pasado, concluyó que el 53 por ciento de los mexicanos desconoce el contenido de la reforma al Poder Judicial; en contraste, el 41 por ciento, aseguró “saber algo o mucho” sobre la propuesta de reforma. Según dicha encuesta, el 24 por ciento de los entrevistados indicó que “la reforma judicial se limita a permitir la elección de jueces y magistrados; el 40 por ciento opinó que la reforma incluye más aspectos y 36 por ciento no sabe”. Sólo el 21 por ciento rechazó la reforma, contra 48 por ciento que la apoyó. Pero en el caso de elegir a través del voto a jueces y magistrados, las opiniones se dividieron: 39 por ciento estuvo a favor y 41 por ciento en contra.

Independientemente del rechazo o aprobación ciudadana a la reforma, unos y otros se verán afectados, ya que “nos estamos quedando sin defensa. El juicio de amparo es fundamental para la defensa del ciudadano frente a los abusos del poder, nos beneficia a todos, aunque no lo sepamos. Con los cambios morenistas, a los mexicanos nos están dejando sin herramientas jurídicas para defendernos”, puntualizó a buzos Maribel Rodríguez, abogada por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana.

Si bien el ciudadano veía lejano el uso de esas herramientas jurídicas, entre ellas el juicio de amparo, éstas estuvieron siempre disponibles, aunque no se usaran; sin embargo, ahora, los mexicanos se encuentran en riesgo, ya que los juzgadores y magistrados pueden resolver en su contra sin razón, al obedecer a intereses particulares y políticos.

En el mismo sentido se pronunció el doctor en derecho y académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Roberto Lara Chagoyán, al señalar que es importante “decirle a la gente que, con estos cambios, muy probablemente estos tribunales no van a tener los méritos que tienen los de ahora, y hoy se sienten descobijados, se pueden sentir más descobijados con lo que viene. Hay un riesgo: más corrupción. La corrupción se va a exacerbar”.

Lara Chagoyán explicó a buzos que “si bien la gente considera lejanos a los tribunales, hasta ahora podía confiar en las instituciones, de que se le iba a hacer justicia, como se ha estado haciendo; hay estadísticas, hay casos que puede revisar la gente”. Sin embargo, con la reforma aprobada, esta opción se diluyó y estarán más “descobijados” por la ley.

Al referirse a la ley y al derecho, el doctor Lara Chagoyán estimó que, para el ciudadano de a pie se debe aclarar el alcance de la reforma, “explicarles que la Constitución es el paraguas jurídico, que no está tan lejos de su vida diaria, que la Constitución está dentro de su casa, que no es algo de los políticos, es algo de todos los días. La Constitución es un bien social que no está en manos de unos o de otros, está en sus manos y en las relaciones más próximas que tienen socialmente; entonces, que vean la Constitución en lo próximo, no en lo lejano”.

Un enredo legislativo 

El embrollo actual en el que se encuentra la Suprema Corte inició el cinco de febrero, cuando AMLO entregó a la Cámara de Diputados un conjunto de 20 reformas, entre ellas que “Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo”. En septiembre fue aprobada la reforma judicial, votada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y, sin mayor trámite, los legisladores de este partido cumplieron el capricho presidencial.

A partir de esa fecha, diversas figuras, entre ellas jueces y magistrados, académicos y los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron impugnaciones contra la reforma judicial. Así, el pasado tres de octubre, la SCJN dio entrada a diversas acciones de inconstitucionalidad y las turnó a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para elaborar el proyecto de resolución. Tras revisar la demanda, el ministro debió sustentar si la reforma viola o no el principio constitucional de la independencia del Poder Judicial y, en consecuencia, representa un riesgo para la impartición de justicia en México y, por lo tanto, proponer invalidarla o no. En la sesión del pasado cinco de noviembre se discutió el proyecto de resolución presentado por el ministro, pero su proyecto no logró frenar la reforma judicial. Durante la sesión del pleno faltaron votos para revisar y, en su caso, invalidar la ley impulsada por AMLO.

Con cuatro votos –todos de ministros cercanos al régimen–, el pleno de la Corte aprobó la procedencia de la reforma judicial, lo que significa que el primero de junio de 2025 se realizará el proceso extraordinario de elección de jueces y magistrados mediante el voto directo.

Al menos ocho de 11 ministros debían votar a favor de la inconstitucionalidad de la ley; sin embargo, para determinar que se procediera a revisar el fondo del asunto sólo siete lo hicieron. A favor de revisar la reforma judicial sufragó la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, así como los ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez, Juan Luis González, Alfredo Gutiérrez, Jorge Mario Pardo y Margarita Ríos-Farjat.

Los votos en contra provinieron de Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz, ministras cercanas al expresidente AMLO. Y de forma sorpresiva, el ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra.

Tras la decisión de los ministros de la SCJN, se mantiene la elección popular de los jueces, magistrados y ministros. De tal forma que más de mil 700 cargos de juzgadores serán elegidos por voto popular en 2025 y otros mil 800 serán elegidos en 2027.

Derivado de esto, ocho ministros presentaron su renuncia al Senado y será efectiva en agosto de 2025. Además, 434 magistrados de distrito tambien emitieron su renuncia.

En palabras de Maribel Rodríguez, especialista en derecho de amparo y derecho constitucional, los “enredos” de la reforma judicial son “producto del desorden legislativo de los diputados de Morena”. Los legisladores de este partido ya aprobaron “reformas al vapor”; la iniciativa de reforma al Poder Judicial es un ejemplo, pues una vez aprobada, se dieron cuenta de que reñía con otras partes del propio texto constitucional, y al saberse mayoría, optaron por corregir leyes secundarias. Inicialmente se determinó por las propias reformas hechas por Morena, en la resolución del pasado martes cinco de noviembre, los ministros tuvieron que decidir si seis votos eran suficientes para invalidar la reforma judicial, pues así lo dice el artículo 105 constitucional reformado por Morena.

En la resolución del pasado martes cinco de noviembre, seis votos fueron suficientes para aprobar la reforma judicial; no obstante, desde la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 23 de septiembre, se emitió “la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito, así como de su etapa de preparación y se define la integración e instalación de los Consejos Locales”.

En tanto, en la sesión del lunes cuatro de noviembre, el INE aprobó el presupuesto “precautorio” para la organización del proceso electoral del próximo año. Dichos recursos permitirán costear la elección de jueces, magistrados y ministros del PJF. El presupuesto aprobado suma 13 mil millones 205 mil pesos para la organización de las elecciones del Poder Judicial.

El peligro de la reforma judicial

“Entre los efectos inmediatos de esta reforma está el que el país gastará 13 mil millones de pesos (mdp) en una elección poco concurrida, en la que el ciudadano ni siquiera votará por todos los candidatos o, incluso, votará por quienes le digan o quiera. Habrá muy poco conocimiento de los candidatos a jueces o magistrados.

A diferencia de lo que ocurría en el proceso anterior, donde los juzgadores estaban preparados, se les evaluaba, había carrera judicial, ahora los jueces y magistrados no necesitarán méritos, llegarán jueces afines al poder, en el Poder Judicial tendremos jueces, magistrados y ministros sin experiencia ni preparación”, explicó Maribel Rodríguez.

Por lo tanto, cuando un ciudadano solicite juicio de amparo, por situaciones sencillas, o porque carezca de formación o no reciban su reclamo, se arriesga a terminar en la cárcel. Y es que un “juez del Bienestar”, como los denominó AMLO, podría resolver en contra de los ciudadanos para favorecer al poder, ése es el peligro de la reforma judicial, agregó.

El juicio de amparo resulta fundamental para la defensa de todos los mexicanos, es una herramienta jurídica a la que todos deberían acceder. Ahora, los amparos están limitados. En este escenario, ¿nos podremos defender mediante un amparo contra la prisión preventiva oficiosa por delitos como el contrabando o la defraudación fiscal? Será muy difícil, cuestionó.

Como está planteada la reforma, puede presentarse un “mercado de juzgadores”, pues quien lleve o patrocine un candidato, tendrá asegurado un juez. Favorecería también a las grandes empresas que, al colocar un juez, tendrían a alguien obediente a sus intereses. La corrupción viene de la mano de la reforma judicial.

Durante el panel Análisis de la decisión de la SCJN y prospectiva, desarrollado en la Escuela Libre de Derecho, el doctor Roberto Lara Chagoyán estimó que, tras la reforma judicial, “vamos a tener un tribunal doméstico, no va a penetrar en las esferas políticas, no se meterá con el poder. Los jueces estarán adoctrinados, sin tanta preparación”.

En su exposición agregó que, actualmente, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados ha aplicado un criterio político, condicionando las probables discusiones en beneficio de los ciudadanos.

La decisión del expresidente AMLO de cambiar el Poder Judicial a su favor se sustentó en la “perversidad”; pues no se preocupó por la aplicación de políticas públicas a favor de los mexicanos, o de resolver los grandes problemas heredados de administraciones pasadas. La vida para miles de mexicanos estaba mal “y se empeoró, y fue culpa de este régimen, continúan las masacres, sigue la pobreza, no crece la economía y eso no se puede perdonar”, sostuvo Lara Chagoyán.

En el discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que la elección de jueces por voto popular logrará un sistema judicial cercano al “pueblo”. Sin embargo, como lo señalan los académicos, no está garantizado que la reforma beneficie a los mexicanos, más bien sienta las bases para que las mayorías salgan perjudicadas. Y si el panorama no fuera ya lo suficientemente sombrío, ni el propio régimen ha explicado concretamente la finalidad de las reformas.