El Departamento de Estado impuso sanciones a ocho entidades y tres oficiales militares cubanos vinculados con la explotación de níquel y el desarrollo de capacidades militares.
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“Con drones o sin drones, Cuba va a ejercer su derecho a la legítima defensa; los cubanos somos los únicos con la potestad de decidir lo que pasa en nuestro país”, declaró el investigador y escritor cubano Michel Torres Corona, quien además advirtió que Estados Unidos (EE. UU.) está construyendo narrativas para justificar una posible acción militar contra la isla.
El también director de la editorial Nuevo Milenio puso como ejemplo la publicación del medio Axios sobre la supuesta existencia de 300 drones en territorio cubano: “más allá de la veracidad del dato, poseer este equipamiento constituye un ejercicio legítimo amparado en el derecho internacional a la autodefensa de cualquier nación soberana que es hostigada y amenazada a diario por una superpotencia mundial”.
Además, el analista comparó esta supuesta estrategia con casos históricos como Irak, Libia o Siria, y recordó las acusaciones sobre armas de destrucción masiva durante la administración de George W. Bush, así como las declaraciones del entonces secretario de Estado Colin Powell previas a la invasión de Irak.
También aseguró que Cuba mantendrá su posición de defensa de la soberanía y rechazó cualquier intento de presión externa; asimismo, enfatizó que cualquier diálogo con Washington debe darse “desde una profunda y legítima sospecha histórica”, publicó el medio.
Durante la entrevista, Torres Corona compartió con Al Mayadeen que la política estadounidense recurre al “golpe quirúrgico, la agresión bélica, el secuestro y el asesinato moral o físico para quebrar la unidad de los gobiernos de izquierda en la región”.
Finalmente, señaló que en la sociedad cubana persiste una actitud de desconfianza frente a estos acontecimientos, basada en un principio histórico de la Revolución atribuido a Ernesto Che Guevara, quien advertía que “al imperialismo no se le puede confiar ni tantico así”.
El Departamento de Estado impuso sanciones a ocho entidades y tres oficiales militares cubanos vinculados con la explotación de níquel y el desarrollo de capacidades militares.
La tasa pasó de 4 a 9.5 defunciones por cada mil nacidos vivos en ocho años; el investigador Guillaume Long atribuye el incremento a las restricciones de Estados Unidos y estima que cerca de mil 800 menores habrían sobrevivido de no existir ese impacto.
Este proyecto de seguridad fronteriza genera profundas críticas locales y nacionales, y suspende leyes ambientales, entrelazándose con la narrativa de control migratorio y políticas de tierras federales.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.