El miércoles ocho de abril, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

En abstracto y en general, la reforma parece positiva. Sin embargo, los pasos que se dan con ella resultan ser sumamente tímidos e inseguros. Sí, se aprobó reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana, pero en un plazo de cuatro años, pasando a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029 y, finalmente, a 40 en 2030.

Por otro lado, y de manera simultánea, se aumentará el número de horas extra permitidas, de nueve a 12; no obstante, el pago por dichas horas se verá reducido: hasta ahora, las primeras nueve horas extra semanales debían pagarse al doble y las posteriores al triple; con la nueva reforma, el límite de horas extras pagadas al doble subirá a 12, quedando las posteriores al triple.

Asimismo, la reforma no agrega explícitamente ningún día de descanso al esquema actual. Es cierto que en la reforma se indica que las horas extra no podrán ser más de cuatro por día. En apego a los intereses de los trabajadores, esto tendría que implicar una semana laboral con sólo cinco días de jornada completa más un probable sexto día de tan solo cuatro horas. Sin embargo, la reforma también menciona que la jornada podrá ser definida de “común acuerdo” entre el patrón y los empleados, lo que abre la puerta a la discrecionalidad e inclina la balanza hacia los intereses patronales.

En síntesis, la reforma reducirá ocho horas la jornada semanal, pero aumentará y abaratará el número de horas extra, con la posibilidad adicional de escatimar los pocos beneficios obtenidos mediante negociaciones entre trabajadores y patrones.

Hasta aquí los aspectos más sonados de la reforma. Sin embargo, para entender de manera más concreta el contexto en que operarán estas medidas, conviene echar un vistazo a las circunstancias del empleo en México.

De acuerdo con Inegi (IV trimestre de 2025), la población en edad de trabajar (15 años o más) está compuesta por aproximadamente 103.5 millones de personas. De éstas, el 59.3 por ciento, 61.3 millones, trabajan o buscan trabajo. Ésta es la famosa Población Económicamente Activa (PEA). Por otro lado, el 40.7 por ciento, cerca de 42.1 millones no tiene trabajo, pero tampoco lo busca. Ésta es la Población No Económicamente Activa (PNEA).

Cuando decimos que la gente de la PNEA no tiene trabajo es preciso tener claro que estamos hablando sólo del trabajo como actividad productiva capaz de generar un ingreso. No es que sea un grupo de gente ociosa. De hecho, una parte importante de este grupo poblacional se dedica de tiempo completo a las imprescindibles labores de reproducción y cuidado de los hogares, por lo que, aunque les ofrecieran un empleo, no estarían disponibles para aceptarlo.

Hablando de desempleo, el Inegi reporta una tasa de desocupación abierta de 2.5 por ciento de la PEA, lo que representa a cerca de 1.6 millones de personas. Se trata de un porcentaje bajo. Sin embargo, es importante notar que aquí sólo están incluidas las personas que no tienen empleo, pero lo buscan activamente. A las personas que dejaron de buscar trabajo, pero que estarían dispuestas a aceptar uno, el Inegi las clasifica como PNEA disponible. Este ultimo grupo engloba a poco más de 5.3 millones de personas.

Pero la cosa no termina aquí, pues además es necesario considerar a un grupo de personas que sí tiene trabajo, pero de forma insuficiente, por lo que quisieran trabajar más horas o conseguir un empleo adicional. Esta población, que el Inegi denomina subocupada, en México asciende a 4.1 millones de personas.

Si consideramos a estos tres grupos: desocupados, no activos disponibles y subocupados, podremos ver que el problema de la falta de empleo en México no afecta sólo a 1.6 millones de personas, sino a cerca de 11 millones.

Ahora bien, el problema no es sólo la falta de empleos, sino la precariedad e inseguridad en los existentes. Sin embargo, antes de hablar de las condiciones laborales, veamos rápidamente las distintas posiciones de la ocupación en México:

a) Sólo seis por ciento de las personas ocupadas, 3.6 millones, son empleadores. Aquí se encuentra la burguesía mexicana, pero también una gran cantidad de micro, pequeños y medianos propietarios, así como empleadores del sector público.

b) 22 por ciento, cerca de 13 millones de personas, son trabajadores por cuenta propia (sin empleador y sin empleados). Es prácticamente uno de cada cinco trabajadores en México. Aquí se encuentran profesionistas independientes, algunos con ingresos bastante buenos, pero también una gran cantidad de trabajadores con actividades de subsistencia que apenas les permiten sobrevivir.

c) Por otro lado, 69 por ciento, 41.2 millones de personas, son trabajadores subordinados y remunerados. Aquí encontramos la imagen más típica del empleado, con patrón y salario. Sin embargo, este grupo es muy heterogéneo: 1.6 millones de estos trabajadores reciben remuneraciones no salariales. Muchos trabajan para micro, pequeñas y medianas unidades económicas, y otros son empleados de gobierno. El siete por ciento se dedica al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca); el 27 por ciento, al sector secundario (industria extractiva, energética, manufactura y construcción); y el 65 por ciento, al sector servicios (comercio, restaurantes, transporte, comunicaciones, banca, etc.). Sin embargo y en todo caso, aquí es donde se esperaría, con más naturalidad, que el contrato laboral otorgara a las y los empleados un buen salario, seguridad social y definitividad. Sin embargo, éste no es el caso para muchas personas.

El 39 por ciento de todos los ocupados (incluyendo empleadores, empleados y cuentapropistas) percibe ingresos laborales de un salario mínimo o menos, y 34 por ciento percibe ingreso de entre uno y dos salarios mínimos. Considérese que, para una sola persona, el salario mínimo ya permite colocarse por sobre la línea de pobreza por ingresos. Sin embargo, esto ya no es así si se cuenta con algún dependiente económico.

Por otro lado, una de cada cuatro personas ocupadas en México hace jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales; 60 por ciento no tiene acceso laboral a instituciones de salud; 40 por ciento trabaja en micronegocios; 15 por ciento en pequeños establecimientos y nueve por ciento en medianas empresas, lo que nos indica que las mipymes concentran a dos de cada tres ocupados del país.

Con todo esto, no es extraño que en México contemos con una tasa de informalidad laboral de 55 por ciento. Pero aquí es preciso tener cuidado; a veces pensamos que informalidad es sinónimo de “changarrismo” cuando éste no es el caso. La informalidad laboral se refiere a aquellos casos donde el empleo no otorga estabilidad contractual, seguridad social o salarios suficientes. En ese sentido, la informalidad laboral ha sido un resultado parcial de las políticas de desregulación y flexibilización laboral de las últimas décadas, por lo que es posible encontrar empleados informales en empresas formales e incluso en la administración pública; de hecho, 46 por ciento de los empleos informales se encuentran en establecimientos formales.

Sin embargo, la intuición no es del todo errada, pues el 29 por ciento de las personas ocupadas trabaja en unidades económicas que dependen de los recursos del hogar y que, en muchos casos, sirven como mera actividad de supervivencia. Este tipo de actividades son una respuesta parcial ante los problemas de falta de empleo, pues una persona subempleada, desocupada o inactiva disponible probablemente buscará satisfacer su necesidad autoempleándose en el sector informal de la economía.

Este es un rápido panorama del empleo en México y, como se puede apreciar, nos presenta importantes problemas y grandes retos. En este contexto, la reducción de la jornada laboral apunta en la dirección correcta, pero de forma muy insuficiente, sobre todo si consideramos que uno de los principales problemas de nuestro mercado de trabajo es la falta de empleos y la formalización de las relaciones contractuales. Estos problemas sólo pueden resolverse con un paquete integral de reformas que venga acompañado de una estrategia efectiva de crecimiento económico. Caso contrario, aunque las reformas apunten en la dirección correcta, sus efectos serán apenas una sombra de lo que necesitamos.