En la capital del país ocurre en promedio un homicidio doloso cada 12 horas.En la capital del país ocurre en promedio un homicidio doloso cada 12 horas.
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“Si hubieran educado bien a sus hijos, no andarían aquí buscándolos”, esa fue la expresión que utilizó una perito adscrita a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa durante una jornada de búsqueda en la comunidad de Mocorito, con la que revictimizó a madres y padres que participaban en las labores de localización de personas desaparecidas.
El hecho motivó a integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A. C. a presentar denuncias formales ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por “faltas graves a la Ley de Responsabilidades Administrativas, violación fragante a la Ley de Víctimas, destrucción y riesgo de contaminación de indicios, omisión total de funciones, simulación de protocolos y violencia institucional”.
En una publicación de redes, el colectivo destacó: “NO todas las personas desaparecidas estaban en cosas ilícitas. Muchas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo, otras fueron privadas de la libertad mientras trabajaban, viajaban o simplemente iban camino a casa”.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana durante trabajos de localización y extracción en una fosa clandestina ubicada en un predio del municipio sinaloense. De acuerdo con el colectivo, la funcionaria identificada como Berenice R. realizó comentarios ofensivos mientras se desarrollaban las diligencias.
Posteriormente, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde denunciaron posibles actos de revictimización contra familiares de desaparecidos.
El colectivo también denunció presuntas deficiencias en el operativo realizado en el sitio. Según su versión, la perito acudió acompañada de estudiantes de criminalística que habrían participado en el procesamiento de la fosa sin contar con el equipo de protección necesario ni la experiencia suficiente.
Asimismo, señalaron que los jóvenes ingresaron al área sin trajes especiales ni cubrebocas, mientras solicitaban instrucciones constantes para realizar el procedimiento. En ese sentido, aclararon que los estudiantes no son responsables de las fallas detectadas, sino quienes estaban a cargo de coordinar las labores.
Además, el colectivo de búsqueda insistió: “Ninguna madre debería ser juzgada por buscar a su hijo desaparecido. Una total falta de respeto por parte de esa perito, el ESTIGMA que carga sobre si una persona desaparecida es terrible y la familia debe cargar con esto. La empatía debe prevalecer SIEMPRE”.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitido una postura pública respecto a las acusaciones realizadas por el colectivo.
En la capital del país ocurre en promedio un homicidio doloso cada 12 horas.En la capital del país ocurre en promedio un homicidio doloso cada 12 horas.
Un informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que, en más de cuatro mil 500 fosas clandestinas en México, se encontraron más de seis mil 200 cadáveres y 72 mil restos humanos no identificados.
Se pretende que los colectivos accedan a recursos del Fondo Estatal de Desaparición para adquirir equipo, herramientas e insumos necesarios para las labores de búsqueda.
El 34 por ciento de los casos de desaparición en la entidad mexiquense corresponde a mujeres y niñas, principalmente entre 15 y 19 años.
Reynaldo Pérez Pérez representaba a 63 familias tzotziles desplazadas de Santa Martha, Chenalhó, y contaba con protección federal desde 2023.
Defender a quienes bloquean no exige negar las afectaciones que provocan, sino reconocer las demandas y los incumplimientos que los llevaron hasta ahí.
Colectivo de Sinaloa documenta al menos tres casos en menos de una semana; delincuentes manipulan fichas de búsqueda para simular escenas de violencia y exigir hasta 30 mil pesos.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y pidió que la Asamblea General considere medidas de apoyo para México frente a la crisis de desapariciones.
El conato de violencia dejó un saldo de dos mujeres heridas, carpas y pancartas destruidas; además, se reporta la ausencia de autoridades de seguridad.
Haaretz documentó testimonios de exprisioneros que denuncian golpizas, desnutrición, enfermedades y humillaciones. Organismos de la ONU también han alertado sobre tortura.
Luego de las denuncias sociales, la autoridad estatal liberó a todos los detenidos.
La Fiscalía estatal informó que los detenidos fueron trasladados a Puente Grande.
Su trayectoria abarca el enjuiciamiento de crímenes internacionales y la investigación de la violencia contra la población palestina.
Ataques, desapariciones y asesinatos son sólo algunas de las situaciones que enfrentan los colectivos.
Los estados con mayor concentración de estos casos son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.