El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y pidió que la Asamblea General considere medidas de apoyo para México frente a la crisis de desapariciones.
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“Si hubieran educado bien a sus hijos, no andarían aquí buscándolos”, esa fue la expresión que utilizó una perito adscrita a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa durante una jornada de búsqueda en la comunidad de Mocorito, con la que revictimizó a madres y padres que participaban en las labores de localización de personas desaparecidas.
El hecho motivó a integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A. C. a presentar denuncias formales ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por “faltas graves a la Ley de Responsabilidades Administrativas, violación fragante a la Ley de Víctimas, destrucción y riesgo de contaminación de indicios, omisión total de funciones, simulación de protocolos y violencia institucional”.
En una publicación de redes, el colectivo destacó: “NO todas las personas desaparecidas estaban en cosas ilícitas. Muchas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo, otras fueron privadas de la libertad mientras trabajaban, viajaban o simplemente iban camino a casa”.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana durante trabajos de localización y extracción en una fosa clandestina ubicada en un predio del municipio sinaloense. De acuerdo con el colectivo, la funcionaria identificada como Berenice R. realizó comentarios ofensivos mientras se desarrollaban las diligencias.
Posteriormente, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde denunciaron posibles actos de revictimización contra familiares de desaparecidos.
El colectivo también denunció presuntas deficiencias en el operativo realizado en el sitio. Según su versión, la perito acudió acompañada de estudiantes de criminalística que habrían participado en el procesamiento de la fosa sin contar con el equipo de protección necesario ni la experiencia suficiente.
Asimismo, señalaron que los jóvenes ingresaron al área sin trajes especiales ni cubrebocas, mientras solicitaban instrucciones constantes para realizar el procedimiento. En ese sentido, aclararon que los estudiantes no son responsables de las fallas detectadas, sino quienes estaban a cargo de coordinar las labores.
Además, el colectivo de búsqueda insistió: “Ninguna madre debería ser juzgada por buscar a su hijo desaparecido. Una total falta de respeto por parte de esa perito, el ESTIGMA que carga sobre si una persona desaparecida es terrible y la familia debe cargar con esto. La empatía debe prevalecer SIEMPRE”.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitido una postura pública respecto a las acusaciones realizadas por el colectivo.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y pidió que la Asamblea General considere medidas de apoyo para México frente a la crisis de desapariciones.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.