Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
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Por afectaciones ambientales y sanitarias en comunidades costeras y el presunto manejo opaco de la información relacionada con el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, Greenpeace México interpuso una denuncia formal contra Petróleos Mexicanos (Pemex).
De igual manera, la organización ambiental solicitó que se investigue al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez por posibles responsabilidades en el caso. También pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente den a conocer la información técnica y operativa relacionada con el incidente.
Ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Greenpeace exigió que las autoridades garanticen la restauración de ecosistemas marinos y costeros, además de que establezcan medidas de prevención y protección para la población que habita en áreas cercanas al derrame.
La agrupación ambiental señaló que la falta de información clara y la tardanza en la respuesta institucional podrían agravar las consecuencias sociales y ecológicas derivadas del derrame.
Cabe recordar que el derrame fue reportado desde marzo en zonas de Veracruz y Tabasco, principalmente en Pajapan y Paraíso. De acuerdo con habitantes y colectivos locales, la mancha de hidrocarburos se extendió por más de mil 100 kilómetros de litoral, alcanzando distintos puntos de la costa y provocando afectaciones en manglares, fauna marina y otros ecosistemas de la región.
Por su parte, autoridades de Pemex admitieron recientemente que trabajadores de la empresa habrían omitido reportar información sobre la expansión del derrame. Tras detectar estas irregularidades, se inició una investigación interna y algunos funcionarios fueron separados de sus cargos.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
Organizaciones impulsan una petición para que México respalde una moratoria internacional y evite la explotación del océano profundo.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
La presión ambiental se debe a la deforestación acelerada, contaminación por plásticos, derrames de hidrocarburos, señaló la organización.
El esquema habría generado millones de dólares mediante el contrabando ilegal de combustible.
Pobladores cuestionan informes oficiales y exigen estudios independientes.
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.