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El crimen y la violencia en América Latina y el Caribe tienen un costo equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, lo cual “aumentan el costo de hacer negocios, debilitan el estado de derecho y representan un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento”, afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante una Cumbre de Seguridad en Ecuador.
El presidente del BID destacó que la prioridad para la región debe ser limitar la influencia del crimen organizado en las comunidades más vulnerables, fortaleciendo las instituciones estatales y cortando los flujos financieros que alimentan a estas organizaciones.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subrayó la necesidad de una colaboración internacional para enfrentar la "globalización" del crimen; además, enfatizó que “derrotar al terrorismo y a sus redes criminales es una misión urgente que requiere cooperación internacional y el apoyo de organismos multilaterales”.
En línea con esta postura, la ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, explicó que la delincuencia organizada funciona como una empresa criminal con flujos financieros globales, producto del tráfico de armas y otros ilícitos; asimismo, señaló que estos grupos utilizan su poder económico para corromper e infiltrar instituciones gubernamentales.
Finalmente, indicó que Ecuador cerró 2023 con una cifra récord de 47 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual refleja el grave impacto de la criminalidad en el país.
Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas y Jalisco son las entidades más peligrosas para los candidatos.
Autoridades aún determinan se los cuerpos son de los 16 comerciantes desaparecidos a finales de octubre pasado.
La guerra es la “madre” de muchas invenciones tecnológicas de uso doméstico, médico e industrial.
Organizaciones civiles y defensores de derechos de los menores se han manifestado para exigir a los gobiernos estatal y Federal que pongan freno a la violencia.
En México, el acceso a la salud es un derecho constitucional, pero muchas mujeres enfrentan negligencia, violencia médica y revictimización institucional.
Serán recibidos por la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y el nuevo fiscal de Guerrero el próximo 16 de abril.
Los antorchistas no podemos permitir que la violencia se institucionalice, se haga algo “normal”; es decir, que se delinca en México y no pase nada, como sucede hoy en Guerrero.
El aumento de la violencia en la frontera sur del país, provocado por los cárteles del crimen organizado.
Al menos 120 familias de la sierra de la Concordia abandonaron sus hogares.
Los actos de violencia “responden a recientes actos de autoridad realizados”, dijo Protección Civil.
En Baja California Sur, los casos de feminicidio han aumentado hasta provocar una fuerte crítica contra las autoridades.
Datos oficiales afirman que un total de 281 personas tenían menos de 18 años al momento de su desaparición.
El INE contabilizó 416 registros de personas sancionadas
Todo esto evidencia que los partidos políticos con reconocimiento oficial carecen de vínculos genuinos con el pueblo de México y que sigue haciendo falta una organización política con raigambre popular.
Pese a que los asesinatos de periodistas en el país disminuyeron, la violencia y el acoso judicial persisten.
Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.