El 0.1 por ciento más rico del país contamina casi lo mismo que el 40 por ciento más pobre.
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A pesar de contar con órdenes de desalojo, falta de permisos y licencias para operar, desabasto de medicamentos e insumos, así como realizar cirugías en quirófanos clausurados, el Hospital Trinidad, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, sigue funcionando, aparentemente en complicidad con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
De acuerdo con declaraciones del subdirector médico del nosocomio, Jesús Torán Sierra, el 16 de enero de 2025, el hospital fue desalojado por un aviso previo de Cofepris. "Me enteré a las 4 de la tarde cuando me hablaron y me advirtieron. Gracias a una persona en Cofepris nos dijeron: “desocupen el sanatorio, porque si los ven trabajando, los van a cerrar”", relató.
Dicha situación fue confirmada por Patricia Pancardo, quien se negaba a desalojar a su familiar, ya que estaba internado en terapia intensiva desde el 23 de diciembre: “las autoridades del hospital sólo nos decían que sacáramos a nuestros pacientes, pero, yo no quise, mi familiar se está debatiendo entre la vida y la muerte, yo aquí estoy pagando, nadie nos está regalando nada… Las autoridades del hospital no nos han dicho nada, sólo hemos escuchado que Cofepris los va a visitar y si ven pacientes o personal los van a clausurar, por lo que pueden observar están sacando equipo médico…”, declaró el pasado 16 de enero.
Para el día 17 de enero, el hospital estaba vacío; un total de 32 pacientes fueron trasladados a varios hospitales, principalmente al Hospital San Luis, donde el Trinidad ha mantenido un convenio de subrogación de servicios “llegó un funcionario de la Cofepris y así como entró, salió. Solo revisaron que los sellos no estuvieran rotos”, declaró un trabajador del hospital que no quiso dar su nombre por el temor de perder el empleo que aún tiene.
Las irregularidades históricas de este nosocomio y su presunta complicidad con el personal de la Cofepris se remontan a octubre de 2023, cuando se clausuró el área de quirófanos; pero, las cirugías se seguían practicando; la suspensión oficial de servicios para el 18 de septiembre de 2024 y en los primeros días de enero de 2025, se detuvieron las actividades para simular el cumplimiento de aquella cancelación.
A través de un comunicado de prensa, trabajadores del hospital aseguraron contar con evidencia que muestran cómo médicos y compañías aseguradoras siguen llevando pacientes a los que cubren gastos médicos mayores a este lugar que legalmente no debería estar en funcionamiento.
A estas anomalías, se suma el maltrato a las enfermeras y demás personal, asimismo, la farmacia carece de responsable sanitario desde agosto de 2024 “no existe quien responda a la compra y venta de psicotrópicos para las cirugías, por lo que están incurriendo en otra ilegalidad”.
Los trabajadores aseguraron en el comunicado que este sistema de corrupción no sólo infringe la ley, sino que ha causado la muerte de pacientes tras ser operados en quirófanos clausurados, lo que hace urgente que las autoridades tomen acción para frenar esta impunidad.
“La pregunta entonces es: ¿Por qué Cofepris, en lugar de aplicar la ley, advierte a los infractores? ¿Cuántas vidas más se pondrán en riesgo antes de que se actúe con firmeza? Las pruebas están sobre la mesa. Ahora, la responsabilidad recae en las autoridades para acabar con esta red de corrupción que atenta contra la salud y la vida de los pacientes en México… Pero a pesar de que, el 4 de febrero de 2025, se solicitó a Cofepris una respuesta a través de su oficina de Comunicación Social, no hubo respuesta”, concluyó el comunicado.
El 0.1 por ciento más rico del país contamina casi lo mismo que el 40 por ciento más pobre.
Los reportes se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque la CFE advirtió que la modalidad puede extenderse a otras zonas del país.
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Escrito por Abigail Cruz y Carolina Ruvalcaba
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