La mañana de 19 de febrero de 2006, la región carbonera del estado de Coahuila despertó debido a una nueva explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, propiedad de Grupo México.

Este accidente, que provocó la muerte de 65 mineros –de cuyos cuerpos 63 quedaron sepultados en el socavón– volvió a exhibir la forma irresponsable e inhumana en que operan las empresas extractivas y la actitud permisiva que los gobiernos del país tienen con éstas.

De entonces a la fecha asciende a 130 el número de trabajadores fallecidos en accidentes similares, sin que las compañías mineras y las autoridades hayan logrado el rescate de cuerpos, resarcir satisfactoriamente a las familias y adoptar las medidas pertinentes para evitar más percances.

En octubre de 2020, el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió, con la organización Familia Pasta de Conchos, a reiniciar el rescate de los cuerpos que están bajo los escombros de la mina desde los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, todo parece indicar que seguirán ahí porque, a más de cuatro años de la emisión de ese compromiso, el desalojo de lumbreras (tiros verticales) –a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– tiene un avance del 30 por ciento, y el de los inclinados del 6.44 por ciento.

El retraso en las obras empezó desde el primer momento y cesaron a finales de noviembre de 2022. Esto ocurrió poco después de que AMLO, quien se había comprometido a volver cada seis meses a la región para supervisar los avances del rescate, debió volver en agosto de 2022, cuando un nuevo siniestro causó la muerte de otros 10 mineros del llamado “oro negro” de Coahuila.

El accidente de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos se debió a una explosión de gas metano acumulado en un socavón, del que se derrumbaron techo y paredes. Solo dos cuerpos fueron rescatados. El mayor obstáculo para seguir los trabajos fue Grupo México, la compañía propietaria de la mina, que presionó al Gobierno Federal para que se abandonara la búsqueda de los mineros y se ocultaran las malas condiciones laborales del lugar.

Fue hasta el quinto día del derrumbe cuando se declaró la muerte de los mineros y se interrumpieron las labores de rescate con el argumento de que no se expondría a riesgo de muerte a más personas; ya que aún había grandes concentraciones de gas, cuya capacidad de incendio alcanza más de mil 200 grados centígrados.

Es decir, se adujo que el acceso al interior de la mina resultaba imposible y, de manera implícita, se envió el siguiente mensaje: “fue culpa de los mineros”. Sí, por increíble que se escuche, los mineros de Pasta de Conchos fueron inculpados de su propia muerte, incluso de no ser rescatados.

Además, Grupo México aclaró que sus trabajadores padecían terribles enfermedades, posiblemente mortales, que arriesgarían a los rescatistas. La compañía indemnizó a las viudas con una “ayuda humanitaria” de 750 mil pesos, y con ella “liquidó” a los mineros atrapados como si hubieran renunciado.

A los rescatistas que participaron en las primeras tareas de remoción de escombros se les pagó 50 mil pesos después de un mes de labores; y mintieron al decir que ellos decidieron parar la búsqueda.

Sigue la inseguridad

El pasado 19 de febrero se cumplieron 17 años de esa tragedia, que sacudió no solo a la región, a Coahuila sino a todo el país; desde entonces han muerto cerca de 130 mineros en accidentes similares y por las mismas causas:

Minas clandestinas, malas condiciones laborales, falta de equipo de protección, concesiones del gobierno a empresas que no cumplen con las normas de seguridad establecidas.

Quince días antes del accidente en Pasta de Conchos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) firmó un acta con el sindicato minero para aclarar que la Mina 8 se encontraba en perfecto estado y no presentaba anomalías.

La mina, propiedad de la empresa Grupo México, del empresario Germán Larrea Mota Velasco, registró varias fallas de seguridad desde el año 2000.

A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene; y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia.

Los responsables del incumplimiento de estas medidas y, por lo tanto, del accidente son tres actores: la empresa Grupo México; el sindicato minero, que nunca exigió seguridad para los empleados y la STPS, cuyas autoridades no supervisaron su funcionamiento para salvaguardar la vida de los trabajadores.

Se estima que desde 1884, cuando comenzaron las actividades mineras en la región, han muerto al menos tres mil 100 trabajadores debido a tragedias como la de Pasta de Conchos y El Pinabete, cuyo derrumbe sucedió en agosto del año pasado.

En Coahuila se produce el 99 por ciento del carbón mineral utilizado por la CFE en México. Este combustible, sin embargo, solo representa el cuatro por ciento del consumo energético del país.

En octubre de 2020, después de que el Presidente firmara una carta en la que se comprometía con las viudas de los mineros para rescatar los 63 cuerpos y a construir un memorial –asunto que no se le solicitó– debieron pasar dos años para que los trabajos pudieran activarse.

Pero desde su inicio resultó un fiasco, porque el Presidente decidió encargar el asunto a la CFE, que no tiene experiencia en rescate minero. Por ello, a cuatro años, las lumbreras o tiros verticales tienen un avance del 30 por ciento, los inclinados (que son la obra más importante) del 6.44 por ciento y, desde finales de noviembre de 2022, la mina ya no está activa.

Actualmente, la CFE se dedica a comprar el carbón, con lo que estimula la producción de este energético en la región. Este hecho, por cierto, resulta muy sospechoso para la organización Familia Pasta de Conchos, porque trascendió que con ese dinero se han financiado las obras de rescate, incluso las indemnizaciones de las viudas, que supuestamente cubrió el Grupo México.

Desde 1994, este oligopolio minero ha recibido 282 concesiones para extraer carbón y su propietario, Larrea Mota Velasco, es el segundo hombre más rico de México, a quien el Estado encubre para no responsabilizarlo de la tragedia de Pasta de Conchos.

Es inhumano dejarlos ahí

Las familias de los 63 mineros insepultos no han logrado llevar un duelo propio de la cultura tradicional mexicana, debido a que la falta de sus restos les ha impedido enterrarlos, llorarlos y rezarles en su presencia.

Para los deudos de Pasta de Conchos, este hecho doloroso es una muestra de la insensibilidad, negligencia e indolencia del sistema político de México, y un reflejo de las múltiples expresiones de violencia que afectan los derechos humanos y de protección jurídica.

En entrevista con buzos, Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz Delgado, uno de los 63 mineros atrapados desde 2006 en la mina Pasta de Conchos, con quien tuvo tres hijos y muchos planes por delante, reveló que nunca pensó que el rescate del cuerpo de su difunto se prolongaría tanto tiempo.

¿Usted cómo recuerda la mañana cuando se enteró de la explosión?

–Fue algo realmente inesperado. De hecho, en este memorial coincide con los días exactos en cómo ocurrieron las cosas. Un sábado 18 ellos entran a trabajar y al día siguiente ocurre el accidente. Esa vez yo recuerdo que nos despedimos el sábado, esperando vernos al día siguiente, porque teníamos una actividad en la iglesia. Nuestra despedida era de que “te veo mañana”. Nosotros pensamos en volvernos a ver al día siguiente; yo nunca me imaginé que iba a pasar esto. Yo la verdad esperaba envejecer juntos.

¿Por qué no dejar los cuerpos en la mina?

–Muchas veces nos han cuestionado sobre eso y han hecho comentarios más crueles, como por ejemplo “para qué los vas a sacar de ahí, si lo vas a volver a enterrar”. Pero uno entiende que no todos han vivido una situación así; normalmente todos tienen un duelo, lo velas, le lloras y demás. Pero en nuestro caso ha resultado muy difícil, más aparte es nuestro derecho a solicitar los restos como familia. Se me hace algo inhumano dejarlo en la mina, y es inhumano porque es algo que se puede hacer; no estamos pidiendo algo imposible. Tal vez si nos los hubieran entregado en los primeros años ya no se hablaría nada. Es una lucha que tiene más valor de sentido humano; es mostrar una indiferencia al respeto de la vida. No queremos que se vuelva una costumbre, porque han existido más accidentes donde los han podido rescatar y solo aquí no. Y ahora está El Pinabete y no queremos que se haga una tradición. La prueba de que se pueden rescatar es que rescataron a dos en 2006.

Es necesario organizarse

Las minas de carbón mineral son propiedad de la nación y de las empresas concesionarias; pero los trabajadores que las explotan son la riqueza de sus familias; y cuando hay accidentes que los matan, sus cuerpos deben volver a éstas y es inaceptable que ocurra lo contrario.

Por ello, desde 2006, los familiares de los mineros fallecidos se juntaron para exigir el rescate de los cuerpos, ya que solo dos han sido rescatados. Pero además de esta exigencia, empezaron a denunciar las precarias condiciones laborales de los mineros en la región carbonera, sobre todo en cuanto a la ausencia de medidas de seguridad en los socavones.

Hoy, los familiares de las víctimas están convencidos de que los gobiernos de México –los anteriores y el actual– no solo son corruptos, sino también criminales, porque son los principales cómplices de que no se les haga justicia a sus muertos.

El seis de agosto de 2022 se constató, como en el pasado, que los mineros no están dados de alta en una nómina; que no tienen seguro social, ni acceso a vivienda; y únicamente reciben un sobre cada sábado con el dinero que ganaron durante una semana de trabajo.

Fue ése el dinero que se entregó a los familiares de los mineros desde la inundación de El Pinabete, donde murieron atrapados en el pozo de carbón La Conchita, que se inundó el tres de agosto de 2022.

Las empresas privadas que explotan el carbón nunca han sido investigadas, ni se les ha responsabilizado por no asegurar a sus trabajadores. Ahora tampoco se les está supervisando ni mucho menos sancionando.

La esperanza de que se rescaten los cuerpos de los 63 mineros de Pasta de Conchos parece esfumarse; un grupo de viudas pidió al Presidente intervenir nuevamente y hacer que se concrete el compromiso de sacar los restos de sus familiares de la mina de carbón; pues las autoridades de la Secretaría del Trabajo poco han hecho para lograrlo y menos aun para hacer justicia.

En el memorial inaugurado sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México –frente a la Bolsa de Valores– el pasado domingo 19 de febrero de 2023, a los 65 de Pasta de Conchos se sumaron los nombres de los 10 mineros muertos en El Pinabete; ahora son 73 los mineros insepultos.

Este memorial, sin embargo, permitirá no solo recordar una tragedia del pasado inmediato, sino también que este gobierno, al igual que sus tres predecesores, no logró hacer justicia a los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos y en El Pinabete.