En un hecho inédito, el Gobierno de la 4T cede al empuje de la industria militar de Estados Unidos (EE. UU.). El primer paso lo dieron los senadores de Morena y sus aliados que aprobaron la ley que permitirá, en un primer momento, la compra “legal” de armas para ser portadas por servidores públicos.

En lugar de detener la proliferación de armas en México, la recién aprobada Ley Federal de Armas y Explosivos abre más espacios al comercio “legal” y omite estrategias contra su creciente tráfico “ilegal”: dos vías que benefician al complejo industrial militar estadounidense.

Sin considerar el récord histórico de 200 mil homicidios violentos, en su mayoría cometidos con armas de fuego, entre 2018 y 2024, además de lesiones, intimidaciones y abusos ejecutados con éstas; y todo durante el mandato de la denominada “Cuarta Transformación” (4T).

La legislación impulsada por el expresidente AMLO desde 2024, y aprobada en abril de 2025, concreta la supervisión armamentista en el fuero castrense mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin intervención de civiles, rendición de cuentas ni transparencia operativa. Pero la reciente ley aprobada, autoriza una medida socialmente intimidatoria porque permite la portación de armas de fuego a empleados gubernamentales de cualquier organismo público, recaudadores de impuestos, electricistas, petroleros; y sólo faltaría armar a los “Servidores de la Nación” que promocionan respaldos ciudadanos para la 4T.

Sin haber superado previamente la corrupción en las fiscalías del país, ahora podrán portar armas los empleados de la procuración de justicia, reviviendo peligros de la negra etapa de los sesentas, setentas y ochentas, cuando los agentes del Ministerio Público, hoy “fiscales”, encontraban “culpables confesos” en todos lados.

Se permite, otra vez, como en la historia negra mexicana, que generales y oficiales de las fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Sedena, porten armas individuales, sin tramitar permisos, solamente identificándose como militares, si es requerido.

Se refuerza que los ciudadanos porten armas con características y calibres autorizados, compradas en alguna de las dos tiendas oficiales de la Sedena, distribuidora oficial de las corporaciones armamentistas estadounidenses.

Ejidatarios, comuneros y jornaleros también podrán adquirir “legalmente” una pistola, un rifle o escopeta de calibre autorizado, mientras que los aficionados al tiro “deportivo” tendrán la posibilidad de acopiar hasta 10 armas.

En el Artículo 24° de la nueva ley de armas y explosivos, se indica: “(…) Pueden portar armas en los casos y las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento, las personas integrantes de:

I.– Las instituciones policiales y de procuración de justicia federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las alcaldías; II.– Los organismos que, por sus funciones de carácter público, justifiquen su necesidad; III.– Las empresas de seguridad privada, у IV.– Los ciudadanos que cubran los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables (…)”.

Organizaciones académicas y sociales, nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos y activistas contra el armamentismo y militarismo habían exhortado, desde hace años, a actualizar la Ley de Armas y Explosivos de 1972 para disminuir la existencia de armas “legales” y detener el tráfico facilitado por la corrupción.

Sin embargo, la nueva legislación abre más espacios al comercio “legal” de armamento; amplía su control, ahora absoluto, bajo el fuero militar, sin intervención de civiles, en tanto, carece de esquemas de transparencia y rendición de cuentas, reforzando el poder político de la Sedena.

Pese a los riesgos sociales a la vista, tras ser avalada por los diputados, la nueva legislación fue aprobada el 30 de abril de 2025 por el Senado con el voto unánime de las bancadas legislativas de Morena y los partidos opositores, con lo que se evidencia que, tratándose del multimillonario negocio trasnacional armamentista, pueden unirse para cantar la misma canción.

Graves peligros 

Las nuevas disposiciones de la ley de armas “se suman al clima de falta de legalidad y a esta sensación de que cualquier persona puede traer un arma y atentar contra la vida de otra, sin que haya consecuencias”, manifestó a buzos Angélica Canjura, investigadora de la organización Causa en Común.

“Hay entidades y localidades que tienen más a flor de piel esa sensación que otras, lo que se agravaría porque nuevamente estaríamos a merced de personas que serían funcionarios públicos… que muchas veces muestran prepotencia, ¿y ahora armados?”, señaló.

“Hay un riesgo de mayor violencia, violaciones a los derechos humanos y de situaciones que pueden poner en entredicho la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas. Esta nueva legislación está muy en línea con la militarización, la opacidad, la arbitrariedad que ha mostrado este gobierno y que, desafortunadamente, no parece responder a una estrategia de pacificación, que es algo mencionado constantemente”, advirtió Canjura a este semanario.

Rodolfo Martínez, académico constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que, a través de la experiencia mexicana reciente, se ha visto que no deben portar armas aquellos funcionarios que en realidad no lo ameritan, “incluyendo al personal de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

“Esta apertura para la portación de armas va en la lógica que ha mantenido este gobierno; esta ideología gubernamental que es regresiva, y las armas no son una excepción”, expuso el también litigante en el despacho Trusan & Roman.

Industria militar estadounidense: la beneficiaria

Es evidente el enorme poder político y económico de las corporaciones militares y armamentistas estadounidenses, sobre todo cinco enormes consorcios militares: Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies y Boeing.

Compañías como la Lockheed Martin y SIG Sauer venden armas y cartuchos; Smith and Wesson, Colt y Sturm Ruger, venden artefactos y municiones a ejércitos, cuerpos policiacos y las comercializan para civiles en diversos países.

Son corporativos e industrias vinculadas a la Defensa e intereses financieros y políticos, con un aplastante poder de “cabildeo” o lobbying ante el gobierno y Congreso estadounidenses, capaces de empujar legislaciones favorables y de bloquear las que no les son convienen, incluso en naciones dependientes de EE. UU.

Prueba de su poder es la omisión del gobierno estadounidense ante las frecuentes matanzas en escuelas, centros comerciales y calles, perpetradas con armas ligeras o de alto calibre compradas “legalmente” en alguna de las 77 mil armerías o establecimientos autorizados como Walmart, sin ningún tipo de avance de reforma legal para imponer controles.

Los paliativos impulsados en algunos países para tratar de frenar este comercio ilegal de armas “se enfrentan a una realidad en donde prevalecen intereses de la más variada índole, pero que convergen en un objetivo común”.

Se trata de “mantener relativamente inalterado el contexto que permita operar el mercado de armas de fuego a escala internacional”, refiere el estudio Tráfico de Armas en México, de 2021, elaborado por analistas del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Con maquilas y exportación de cartuchos, México forma parte de la cadena de suministros del multimillonario negocio armamentista y de municiones convencionales de productores estadounidenses y europeos.

La Sedena es la autoridad en la fabricación de armas y cartuchos; de la importación “legal” de armamentos; de su exportación comercial y es la encargada del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

En México operan maquiladoras balísticas, proveedoras de la Sedena, que también integran la cadena de suministros para la industria militar de EE. UU. y de países productores afiliados al Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el bloque militar europeo.

Las más destacadas son las plantas de Industrias Tecnos, propietaria de la marca Aguila Ammuntion, ubicada en el estado de Morelos; Cascade Cartridge International, localizada en San Luis Potosí, y NAM de la Frontera, instalada en Tijuana, Baja California.

Esas compañías maquilan cartuchos para corporativos de la industria militar estadounidense, específicamente compañías como Lockheed Martin, SIG Saue, Smith and Wesson, Colt y Sturm Ruger que, a su vez, comercian armas y municiones a ejércitos, cuerpos policiacos y “civiles” de diversos países.

El nueve de junio de 2021, un cargamento de cartuchos de Industrias Tecnos era transportado en dos tráileres con remolque o tractocamiones que circulaban a la altura de San Luis de la Paz, Guanajuato, en su ruta hacia la frontera con EE. UU; la Sedena perdió la señal de vigilancia GPS y la carga desapareció.

Descontrol y opacidad 

En México, la Sedena es la autoridad para la importación y exportación de materiales armamentísticos y está al mando del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en el que, se supone, están identificados todos los artefactos “legales” del país y sus poseedores, datos que, en buena medida, están bajo reserva, protegidos por el fuero militar.

Mientras tanto, existe evidente descontrol sobre la circulación de armas “ilegales” sin registro alguno cuya mayoría se ubica en México, según estudios de organizaciones académicas y sociales especializadas que calculan la existencia de entre 13 y 17 millones de armas ligeras y de grado militar.

Sobre el creciente tráfico de armas “ilegales”, hay estimaciones de que cada año estarían ingresando a territorio nacional entre 200 mil y 873 mil armas “ilegales”, y solamente un ocho por ciento de éstas sería incautado exitosamente por la Sedena. “El armamento requiere estar bajo control y no hay ningún control…. tenemos una enorme cantidad de desaparecidos; una mortandad enorme…. es como si estuviéramos en medio de la guerra, de una guerra convencional, por la cantidad de muertos”, señaló a buzos Guillermo Garduño, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Armados hasta los dientes

Ante el evidente descontrol oficial sobre los artefactos de la muerte en México; especialistas han tratado de establecer la cantidad de armas sin registro, de diverso tipo y poder existentes en México y calcularon cifras impactantes.

Dulce Alicia Torres, del Colegio de México en Aporte del Seminario sobre Violencia y Paz, del cuatro de enero, indica que hay 13.3 millones; en tanto, Lourdes Marleck Ríos Nava, directora del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostiene que al menos 17 millones de armas ilegales circulan en el país.

Durante un foro sobre ese tema en esa Facultad, realizado el dos de mayo de 2025, Marleck expuso que en México existen más de 4.5 millones de armas de alto poder y grado militar, provenientes de territorio estadounidense, como rifles calibre 50; ametralladoras Browning calibre 50; lanzacohetes, fusiles AK-47, granadas y lanzagranadas.

Marleck aclaró que, de acuerdo con datos sobre incautaciones de armas “ilegales” en manos de civiles, 70 por ciento provienen de EE. UU. mientras el 30 por ciento de otros países productores como Brasil, Alemania y República Checa (otras fuentes indican que también de Israel, Italia, Francia y Bélgica).

Hasta 2021, según los analistas del CESOP, en el documento Tráfico de Armas en México, estimó que el negocio del tráfico de armamentos “ilegales” en el país tenía un valor de 127 millones de dólares (mdd). Otras estimaciones calculan este valor en 100 mdd.

Durante los últimos cuatro años, el crimen organizado intensificó el uso de armas militares de alta tecnología, como los “ilegales” drones artillados, pequeñas naves piloteadas a control remoto, como las usadas por las fuerzas armadas estadounidenses, así como drones de carga, que los delincuentes usan para transportar drogas.

Para hacer frente a esto, la Sedena compró “legalmente” drones y tecnología “antidrón” a las fábricas estadounidenses; datos oficiales permiten conocer que solamente entre 2022 y 2023, el Ejército pagó 374.15 millones de pesos (mdp) por drones y su servicio de mantenimiento. Pero en los hechos, ese comercio “legal” de armas y artefactos militares tendría un valor de miles de mdp, según estimaciones de fuentes extraoficiales; en tanto, la información oficial está reservada.

Armamentismo y sus rutas “invisibles”

Los corporativos de la industria militar estadounidense se benefician tanto por la venta de artefactos “legales” en EE. UU. como de los “ilegales” introducidos a México; aunque se defienden argumentando que las expenden legalmente en las armerías establecidas en territorio estadounidense.

En las propias narices de autoridades norteamericanas y mexicanas, las armas y artefactos pasan por la “porosa” frontera común mediante operaciones de una red de tráfico armamentístico que, de acuerdo con investigaciones especializadas, incluye la participación de ciudadanos en ambos países.

Esto se aclaró durante el Conversatorio México vs Industria armamentista de EE. UU: Desafíos jurídicos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas realizado por la Facultad de Derecho de la UNAM el dos de mayo de 2025, espacio en el que se habló de las “compras de paja”.

El académico de la facultad, José Guadalupe Medina Romero, destacó que el tráfico de armas de EE. UU. a México inicia con las “compras de paja” de intermediarios en alguna de las mil 600 armerías estadounidenses de cuatro estados fronterizos, que luego cruzan la frontera en autos particulares para entregarlas en territorio mexicano.

Angélica Canjura, de Causa en Común, expuso a buzos que, para atacar ese complejo problema, no existe más salida que implementar estrategias conjuntas entre los dos países, porque “es un delito trasnacional”, aunque EE. UU. se deslinde diciendo que se compran “legalmente” allá y que es problema mexicano evitar su introducción al país.

Detener el tráfico de armas es importante también para los estadounidenses, “porque al entrar armas (a México), se genera el fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada que, con ellas, puede desarrollar actividades que afectan también a EE. UU.”, señaló Canjura.

La especialista señaló que el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para detener la violencia, mejorar la seguridad pública y el Estado de Derecho.

Control y transparencia 

Ante el descontrol, falta de transparencia e informes sobre el tema de las armas en México, una veintena de organizaciones académicas y civiles especializadas difundió en 2021 el proyecto social #PazSinArmas, que fue ampliado el 13 de noviembre de 2024 bajo el nombre de “Desarmando el Miedo”.

Los activistas exigen participación social y académica en el diseño de estrategias para frenar la proliferación de armas, factor clave de la persistente crisis de violencia que deteriora al país. Convocan al Gobierno Federal a impulsar una adecuada política de control, con apoyo de la sociedad civil, para detener la violencia armada, fenómeno que violenta los derechos de personas y de las comunidades y arriesga la seguridad, integridad y la vida.

Plantean ocho puntos de acción consistentes en revisar el papel de la Sedena como única autoridad reguladora de las armas de fuego, así como transparentar los datos oficiales sobre las de uso oficial, privado y de las piezas ilícitas incautadas. Crear un registro nacional de armas de fuego, apartado del fuero militar, que sea abiertamente supervisado por autoridades civiles y con participación ciudadana, y que se instaure un nuevo sistema nacional de registro de armas. Establecer un eficaz rastreo de armamentos en el territorio nacional; robustecer un sistema de identificación de prácticas indebidas mediante el uso de artefactos; establecer mecanismos para investigar robos y pérdidas de armas, además de evitar el desvío de las piezas importadas “legalmente”.

Entre las organizaciones participantes en el proyecto social están México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Data Cívica, Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), Artículo 19 y Causa en Común.

Simulaciones

Datos oficiales reportan que cada año ingresan 873 mil armas ilegales al país; en 2021, el gobierno mexicano exigió a compañías de la industria armamentística estadounidense el pago de 10 mil mdd como reparación de daños. Esa demanda –aún en litigio– fue presentada el 12 de octubre de 2021 por el entonces titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, contra 10 fabricantes de armas (finalmente se redujo a ocho empresas) acusadas de no impedir el trasiego de armas hacia México. Por un lado, la 4T demanda a corporativos armamentísticos estadounidenses y por el otro procura ampliar su negocio en México.