Las cifras cuantifican lo que en los hechos es una muy notoria verdad. En varias ciudades del país, la inseguridad ya se convirtió en el pan de cada día para millones de mexicanos. Las ciudades y municipios se han vuelto más inseguras durante el último sexenio, y ya en la segunda mitad de 2025 no se observa que la situación pueda mejorar. 

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente a junio, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidenció que seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años se sintieron inseguros en su ciudad. Frente a estas cifras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a su Gabinete de Seguridad para “hacer un análisis profundo, técnico y transparente de los indicadores”, pues desconocía a qué delitos se referían.

En un intento por reducir el impacto negativo de la encuesta respecto al incremento en la percepción de la inseguridad, la mandataria consideró que el citado Gabinete debía evaluar la información del Inegi, conocer la metodología y comparar los datos de junio con los recabados por su gobierno durante julio; pero al concluir el mes y al cierre de la presente edición, el Gabinete no presentó ningún informe.

Independientemente de cualquier presentación, la Presidenta ha puesto a cargo de su Estrategia Nacional de Seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Omar García Harfuch. Y entre sus acciones, catalogadas como “exitosas”, se encuentran la detención de personas vinculadas con grupos delictivos, cateos y decomisos en varias entidades federativas.

Sin embargo, sus “resultados” contrastan con la percepción ciudadana. En junio de 2025, el 63.2 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años, en 91 áreas urbanas, consideró inseguro vivir en su ciudad. La última encuesta reflejó la segunda tasa más alta comparada con la correspondiente a junio de 2022, cuando se registró 67.4 por ciento.

Analizado trimestralmente, el nivel de percepción de inseguridad de abril a junio de 2025 –63.2 por ciento– resulta mayor comparado con enero a marzo, cuando fue de 61.9 por ciento. Entre octubre y diciembre de 2023 alcanzó el nivel más bajo cuando, según la encuesta, correspondió a 59.1 por ciento.

La gente que acude a los cajeros automáticos localizados en vía pública percibe mayor inseguridad, que alcanza al 72.2 por ciento de los entrevistados; la cifra aumentó con respecto a marzo pasado, cuando fue de 69.1 por ciento. En el transporte público, el 65 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro; los otros lugares con elevados niveles de inseguridad son las calles, carreteras, bancos y mercados. El hogar y la escuela son espacios donde las personas se sienten un poco más seguras, según el Inegi.

Los resultados de la encuesta indican que durante el primer trimestre de este año, 30.8 por ciento de los hogares del país fue víctima de al menos un delito de robo, extorsión o fraude. La cifra no disminuyó con respecto al segundo trimestre del año pasado, cuando fue de 29.8 por ciento. A partir del cuarto trimestre de 2024 se contemplaron delitos de robo total de vehículo, accesorios, refacciones o herramientas de vehículos, robo o asalto en calle o transporte público, robo en casa-habitación, extorsión, fraude bancario y al consumidor. 

Los lugares más inseguros de México 

La ENSU reporta que Culiacán, Sinaloa figura en el primer lugar nacional en percepción de inseguridad; en esta ciudad, el 90.8 por ciento de las personas se sintió inseguro. Ecatepec de Morelos, municipio ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, ocupa el segundo lugar; pues 90.7 por ciento de los entrevistados se sintió inseguro durante el mes de junio.

Uruapan, Michoacán, es la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad con 89.5 por ciento. Tapachula, Chiapas, con 88.1, se coloca en el cuarto lugar; le siguen Ciudad Obregón, Sonora, con 88; Fresnillo, Zacatecas, 86.7; Irapuato, Guanajuato, 85.8; Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), 84.7; la ciudad de Puebla, con 84 por ciento cierra la lista de las nueve ciudades con mayores niveles de percepción de inseguridad en el país.

En Sinaloa se sufre una violencia desbordada desde hace más de un año debido a enfrentamientos entre grupos delincuenciales. La situación se ha agravado tras el arribo del Ejército y la Guardia Nacional durante los últimos meses.

Las cifras indican que 32 ciudades más se encuentran por arriba de la media nacional, que corresponde al 63.2 por ciento. Entre éstas destacan Cuernavaca, Acapulco, Villahermosa, Reynosa, Chilpancingo, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Iztapalapa, Tijuana e Ixtapaluca.

Seis demarcaciones más se encuentran casi en el mismo nivel que el promedio nacional: Ciudad Nezahualcóyotl, Mazatlán, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez y la alcaldía Azcapotzalco.

Por otro lado, entre las ciudades con la percepción más baja en inseguridad se encuentran San Pedro Garza García, Nuevo León, con 11 por ciento; Piedras Negras, Coahuila, 16 por ciento; Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), con 22 por ciento y Saltillo, Coahuila, con 23.5 por ciento.

Asimismo, según el Inegi, durante este periodo hubo zonas urbanas con cambios “estadísticamente significativos en el porcentaje de población de 18 años y más con percepción de inseguridad entre marzo y junio de 2025”. Así, por ejemplo, el caso más relevante se produjo en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, que pasó del 49.2 al 74.5 por ciento de percepción de inseguridad; Los Cabos, Baja California Sur, pasó del 24.7 al 36; Chetumal, Quintana Roo, del 63.4 al 73.7; Puebla capital, del 74.5 al 84 por ciento.

La inseguridad ha obligado a la mayoría de los entrevistados a modificar sus hábitos por temor a la delincuencia. De acuerdo con las fuentes mencionadas, el 42.7 ya no porta cosas de valor; un 42.4 por ciento ya no deja que los menores de edad salgan solos; casi cuatro de cada diez ya no salen a pasear de noche por los alrededores de su vivienda y tres de cada diez ya no visitan a parientes o amigos.

El 57.9 por ciento de los encuestados no tiene expectativas de que las condiciones de seguridad pública para los próximos 12 meses vayan a mejorar; el 32.5 por ciento afirmó que la inseguridad “seguirá igual”; y el 25.4, que “empeorará”.

En este contexto, las cifras no solamente se reflejaron en el Inegi, también en las páginas de los principales diarios locales han aparecido noticias acerca de la inseguridad, asesinatos, asaltos y robos. Rescatan a hombre secuestrado en Ecatepec; no hay detenidos, fue el titular la semana pasada de una noticia en la versión electrónica de El Sol de Toluca, con lo que se ilustra la gravedad del problema. 

Fracasa la estrategia de seguridad

Frente al incremento de la violencia en el país, el actual Gobierno Federal respondió con la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030”, en sustitución de la “estrategia” de seguridad del sexenio pasado basada en la política de los “abrazos, no balazos”. El plan de seguridad de la Presidenta retomó la idea de atención “a las causas estructurales de la violencia y del delito” del gobierno anterior, según el nuevo documento. 

Además, continúa la “estrategia” para la “erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, y seguridad Pública, seguridad nacional y paz”.

Pero estas medidas no funcionaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues el Informe México: Seguridad Ciudadana y Democracia, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, subraya que “a pesar del despliegue masivo de fuerzas militares en tareas de seguridad pública, los niveles de violencia en México no han disminuido”.

El estudio destaca que “entre 2007 y 2024 se registraron 452 mil 254 homicidios y 101 mil 933 desapariciones. Estas cifras incluyen al menos 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas “defensoras del territorio”, lo que evidencia el impacto desproporcionado sobre poblaciones específicas. Tan solo en 2023 se contabilizaron 31 mil 602 homicidios, un promedio alarmante de 85 asesinatos por día”. 

El informe de la Universidad Iberoamericana presentado en junio pasado retomó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, que reporta que en “2023 hubo 21.9 millones de víctimas mayores de edad, equivalente a una tasa de 23 mil 323 por cada 100 mil habitantes. La cifra negra –delitos no denunciados ni investigados– alcanzó 92.9 por ciento. La percepción de inseguridad sigue siendo alta, sobre todo entre las mujeres: 67.8 por ciento frente a 54.4 por ciento en hombres”.

Militarización y falta de transparencia

Ante el incremento de la violencia, el informe hace evidente que, en respuesta, el Gobierno Federal ha priorizado el despliegue militar y reformas penales orientadas al castigo, como el aumento de penas y la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. De tal forma que, ante la falta de resultados, “algunos gobiernos estatales y municipales han impulsado modelos alternativos”.

El informe hace énfasis en que la reducción de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional en 2019 demostró que se dejó a un lado el fortalecimiento de las instituciones civiles. “Aunque el discurso oficial hablaba de profesionalización policial, en la práctica se profundizó la dependencia del Ejército. Para 2022, al menos 11 estados del país ya contaban con más elementos militares que policías estatales. En 2023, el número de efectivos castrenses asignados a tareas de seguridad pública alcanzó los 145 mil 931, superando con creces a las fuerzas civiles”.

Incluso, en 2022 se aprobó una reforma constitucional que entregó permanentemente el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que se institucionalizó la militarización como política de Estado. Uno de los mecanismos más utilizados para ampliar la presencia castrense ha sido la firma de convenios entre gobiernos civiles y entidades militares. Entre 2007 y 2022 se firmaron 258 convenios, de los cuales el 89 por ciento trasladó funciones civiles –ajenas a la seguridad pública– a las Fuerzas Armadas. Esta expansión alcanzó su punto máximo en 2019 con la firma de 41 convenios y fue acompañada de presupuestos significativos y creciente opacidad; ésta es otra de las conclusiones del Informe México: Seguridad Ciudadana y Democracia.

“Paralelamente, las Fuerzas Armadas incursionaron en el ámbito económico con la creación de 15 empresas estatales que operan megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, asumiendo también funciones administrativas y financieras. A esto se agrega la opacidad en torno a estos convenios, reflejada en la limitada disponibilidad de información pública. Este debilitamiento de la transparencia se vincula también con prácticas autoritarias como el espionaje a la sociedad civil”, fue otra de las conclusiones del informe. 

No hay política de seguridad civil 

El incremento de la violencia y la inseguridad en el país y, por lo tanto, de la percepción ciudadana, se debe a que la política de seguridad gubernamental está más enfocada en “lo político” y desatiende los aspectos sociales, es decir, no presenta un plan para fortalecer las fuerzas de seguridad de carácter civil, como las policías estatales y municipales. Por lo tanto, la percepción de inseguridad sí tiene que ver con el incremento del delito en México, aseguró a buzos Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.

El analista agregó que la política pública de seguridad actual ocurre en un contexto marcado por tres factores: el primero es la lucha frontal entre los grupos del crimen organizado en Sinaloa; el segundo son las tensiones al interior de Morena como resultado de la política de seguridad implementada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respaldado por la Presidenta; y el tercero es la política arancelaria, que ha evidenciado la extorsión entre grupos.

El experto de México Evalúa en temas de seguridad y académico de la UNAM consideró que la actual administración ha cambiado la política amlista de “abrazos, no balazos” –lo que ha ocasionado tensiones y conflictos con los seguidores del expresidente–, lo cual se refleja en la detención de integrantes del crimen organizado, el combate a la extorsión, la incautación de droga y la destrucción de laboratorios en varios puntos del país; sin embargo, sostuvo que la población sigue expuesta a la violencia debido a que “el objetivo social de la pacificación ha pasado a segundo término”.

Por si fuera poco, el país se ha militarizado debido a la reforma impulsada desde el sexenio pasado. Y en este proceso, las policías municipales y estatales fueron abandonadas y el gobierno de Sheinbaum no ha revertido ni mostrado interés en reforzar estos cuerpos policiales.

Por lo que “si se busca la pacificación de México, que se ponga a las policías en el centro. No se ha planteado una política de este tipo, vemos un modelo de militarización de la seguridad pública; ahora la seguridad pública tiene objetivos políticos y no sociales”, denunció, entrevistado por este semanario, Armando Vargas.

A la fecha, las policías –municipales y estatales– se hallan en el abandono institucional, ya que la seguridad se encuentra en manos de la Guardia Nacional y el Ejército. La Federación ha abandonado a las polícías municipales, no hay incentivos, unos cuatro mil elementos policiales no perciben un salario digno y carecen de apoyos, señaló el experto.

A esto se suma que la ley del sistema de seguridad pública estableció una reforma que ha debilitado a las policías locales. El margen de maniobra se ha visto reducido, pues la Guardia Nacional se encuentra adscrita a la Sedena.

México cuenta con la capacidad para atender los problemas de inseguridad si se refuerza y se colabora con las policías municipales; y en el caso de las instituciones de inteligencia, si se suspenden los fines políticos y éstas se ponen al servicio de la sociedad, concluyó el experto.