Dos realidades coexisten en México, aparentemente desconectadas: una marcada por la creciente violencia perpetrada tanto por el Estado como por el crimen organizado, y la otra caracterizada por el dinamismo económico.
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024, el país registró 852 feminicidios, lo que equivale a un caso cada 10 horas; asimismo, reportó que esta cifra representa una tasa nacional de 1.3 muertes de mujeres por razones de género por cada 100 mil habitantes, indicador que mantiene a México entre los países más violentos de la región.
Además, el organismo internacional subrayó que, entre los países latinoamericanos, México encabeza el número total de homicidios de mujeres, con 3 mil 739 víctimas en el periodo analizado; pero, sólo 22.8 por ciento de estos casos recibió clasificación oficial de feminicidio.
En contraste, Brasil, con 2 mil 424 muertes, logró reconocer como feminicidio el 60 por ciento de los asesinatos de mujeres.
En este contexto y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de México presentó el Plan Nacional de Búsqueda, orientado a la prevención, la localización inmediata, las búsquedas en campo, el fortalecimiento forense y la atención a familias. La estrategia busca articular esfuerzos federales y estatales para enfrentar la crisis de personas desaparecidas y mejorar los mecanismos de coordinación.
El plan contempla una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, con el propósito de impulsar un cambio cultural en todo el país. También incluye el acompañamiento al proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual en las entidades federativas, así como la coordinación con fiscalías y tribunales locales para asegurar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada.
De manera paralela, se plantea la instalación de una mesa de coordinación con las instancias estatales de movilidad para definir lineamientos y acciones que permitan prevenir y atender las violencias en el transporte público y concesionado. La estrategia incorpora además el compromiso de garantizar todos los derechos para todas las mujeres sin importar la entidad en la que residan, y prevé la creación de senderos seguros en espacios públicos identificados como de alto riesgo.
Otro componente del plan es la realización mensual, cada día 25, de actividades en escuelas orientadas a fomentar la igualdad y el respeto entre niñas y niños. Asimismo, se contempla la capacitación y certificación de funcionarios públicos para que desempeñen sus labores con perspectiva de género.
Por último, establece una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y robustecer los protocolos de atención e investigación de violencias, así como acciones específicas para garantizar la atención integral de las víctimas indirectas de feminicidio.
Dos realidades coexisten en México, aparentemente desconectadas: una marcada por la creciente violencia perpetrada tanto por el Estado como por el crimen organizado, y la otra caracterizada por el dinamismo económico.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera