La iniciativa elevaría la pena máxima por feminicidio de 80 a 105 años de prisión, un aumento de 25 años respecto a la legislación federal vigente.
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024, el país registró 852 feminicidios, lo que equivale a un caso cada 10 horas; asimismo, reportó que esta cifra representa una tasa nacional de 1.3 muertes de mujeres por razones de género por cada 100 mil habitantes, indicador que mantiene a México entre los países más violentos de la región.
Además, el organismo internacional subrayó que, entre los países latinoamericanos, México encabeza el número total de homicidios de mujeres, con 3 mil 739 víctimas en el periodo analizado; pero, sólo 22.8 por ciento de estos casos recibió clasificación oficial de feminicidio.
En contraste, Brasil, con 2 mil 424 muertes, logró reconocer como feminicidio el 60 por ciento de los asesinatos de mujeres.
En este contexto y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de México presentó el Plan Nacional de Búsqueda, orientado a la prevención, la localización inmediata, las búsquedas en campo, el fortalecimiento forense y la atención a familias. La estrategia busca articular esfuerzos federales y estatales para enfrentar la crisis de personas desaparecidas y mejorar los mecanismos de coordinación.
El plan contempla una campaña permanente por la igualdad y contra las violencias, con el propósito de impulsar un cambio cultural en todo el país. También incluye el acompañamiento al proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual en las entidades federativas, así como la coordinación con fiscalías y tribunales locales para asegurar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada.
De manera paralela, se plantea la instalación de una mesa de coordinación con las instancias estatales de movilidad para definir lineamientos y acciones que permitan prevenir y atender las violencias en el transporte público y concesionado. La estrategia incorpora además el compromiso de garantizar todos los derechos para todas las mujeres sin importar la entidad en la que residan, y prevé la creación de senderos seguros en espacios públicos identificados como de alto riesgo.
Otro componente del plan es la realización mensual, cada día 25, de actividades en escuelas orientadas a fomentar la igualdad y el respeto entre niñas y niños. Asimismo, se contempla la capacitación y certificación de funcionarios públicos para que desempeñen sus labores con perspectiva de género.
Por último, establece una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y robustecer los protocolos de atención e investigación de violencias, así como acciones específicas para garantizar la atención integral de las víctimas indirectas de feminicidio.
La iniciativa elevaría la pena máxima por feminicidio de 80 a 105 años de prisión, un aumento de 25 años respecto a la legislación federal vigente.
El asesinato ocurrió casi seis meses después de que Lavín Romero sobreviviera a otro atentado.
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Los homicidios dolosos pasaron de mil 818 a mil 209 víctimas en comparación con junio de 2025, de acuerdo con cifras oficiales. La reducción coincide con el despliegue del operativo de seguridad implementado durante el Mundial 2026.
Los estados que encabezan el listado de violencia letal son: Colima, Nayarit y Quintana Roo.
Los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026 fueron los que mantuvieron mayor incidencia.
El año con más asesinatos fue el 2021 con un total de 99 personas ultimadas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera