Cargando, por favor espere...
“El Ejército mexicano se mantiene en la zona sin actuar; no existe autoridad alguna que detenga la violencia”, denuncian organizaciones de derechos humanos.
Integrantes de grupos del crimen organizado reclutan de manera forzada a hombres, jóvenes e incluso niños de Frontera Comalapa, Chiapas, para obligarlos a participar en retenes. Bajo amenaza de multas económicas e incluso asesinato en caso de negarse, los pobladores se ven forzados a colaborar.
La organización Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT) publicó un comunicado en su página web dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que denuncia las atrocidades que sufren los habitantes de este municipio chiapaneco y otras localidades cercanas, como los ejidos Emiliano Zapata y San José Las Chicharras, en el municipio de Bellavista.
“La población se encuentra refugiada en sus casas, sin posibilidad de salir, confinada por la delincuencia organizada. Todas las entradas y salidas están bloqueadas, no hay acceso a alimentos básicos y hay escasez de lo poco que logran conseguir. No hay acceso a servicios básicos, como salud y educación pública”, denunció la organización.
Según la ONG, integrantes de dos grupos de delincuencia organizada que pelean por el control de la zona han estado amedrentando a la población desde hace 15 días para que participen en bloqueos y otras actividades delictivas, en caso de negarse, los extorsionan, despojan de sus propiedades, los obligan al desplazamiento forzado o les imponen castigos físicos e incluso han llegado a asesinarlos, lo que ha incrementado la inseguridad, la violencia y el número de homicidios en la región.
La Diócesis de Tapachula ya había alertado sobre esta situación desde el pasado 1 de septiembre: “Los habitantes de las comunidades sufren por muchas razones: son usados como escudos humanos en los enfrentamientos entre carteles, viven en condiciones de esclavitud al no poder transitar libremente, son obligados a participar en los retenes o filtros que los carteles mantienen en las comunidades, deben pagar cuotas impuestas por las autoridades locales si no pueden estar en los filtros, son forzados a guardar silencio ante la muerte y desaparición de sus familiares, carecen de alimentos y viven en la incertidumbre de lo que pueda suceder al día siguiente”.
A pesar de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la zona, “no existe autoridad alguna que detenga la violencia, que se torna cada vez más crítica”, aseguró RED TDT.
La organización alertó que, si los gobiernos estatal y federal no intervienen, el conflicto podría escalar y se registrarían más violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región chiapaneca.
Por tal motivo, RED TDT pidió al gobierno del presidente López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que intervengan para construir un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil y salvaguarde su vida e integridad física y psicológica. También solicitó implementar acciones para brindar atención integral a la población civil que huye debido a la violencia extrema; además de poner en marcha rutas de investigación y desarticulación de los grupos armados.
El huracán dejó al menos 23 muertos en Acapulco y causó severos daños materiales.
"No existe autoridad alguna que detenga la violencia”, denuncian organizaciones de derechos humanos.
Presuntos sicarios sustrajeron de sus hogares a hombres y mujeres de los poblados de Llano Grande y Nueva Independencia, en Ángel Albino Corzo.
El documento determinó que el nivel socioeconómico es uno de los factores principales para que las mujeres participen en actividades criminales.
Organizaciones afirmaron que pobladores de 14 municipios de Chiapas se encuentran en “riesgo inminente” de convertirse en víctimas del crimen organizado.
Escrito por Adamina Márquez Díaz
Directora editorial de buzos. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.