La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La Iglesia Católica expresó el jueves 1 de mayo su preocupación y temor ante la posibilidad de que, en las elecciones del Poder Judicial del próximo 1 de junio, los cargos terminen en manos del crimen organizado o en personas sin la preparación adecuada.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), organismo colegiado de los obispos, advirtió: “Sentimos temor ante la posibilidad de que algunas personas sin la preparación adecuada ocupen cargos clave, lo cual podría restar efectividad a la reforma judicial que tanto se espera”.
El presidente de la CEM, Obispo Ramón Castro Castro, afirmó en conferencia de prensa que existe el riesgo de que “incluso los mismos servidores públicos queden bajo la influencia del crimen organizado; se trata de un temor compartido, no exclusivo de la Iglesia católica”.
Durante el mensaje de la CXVIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Cámara Alta presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de aspirantes a jueces, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Además, Fernández Noroña declaró a medios que algunas personas con antecedentes como defensores de narcotraficantes buscan ingresar al Poder Judicial mediante estas elecciones.
Ante la violencia persistente en el país, la CEM exhortó a sus fieles a mantener la esperanza y a no ceder ante el miedo.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
Empleados del Poder Judicial capitalino mantienen paro y cierres en varios juzgados; exigen libertad sindical y repetir la elección para la dirigencia del sindicato.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera