Finalmente, en diciembre de 2022 se aprobó la propuesta para ampliar el periodo de vacaciones a los trabajadores mexicanos y entró en vigor a principios del presente año. Ahora las “vacaciones dignas” son una realidad, pero solo para el 44 por ciento de la población ocupada. El resto, que representa a más de la mitad de esta población, seguirá padeciendo las mismas condiciones de explotación ya conocidas: jornadas laborales extenuantes que exceden las ocho horas diarias; pésimas condiciones de trabajo; y salarios miserables que, consecuentemente, producen una pésima calidad de vida.

Es sabido que los trabajadores que componen el sector informal carecen de un trabajo registrado ante el gobierno, no reciben las prestaciones laborales establecidas por la ley, no tienen un contrato de trabajo, es decir, muchos trabajan por su cuenta, vendiendo productos en la calle o realizando actividades informales sin estar dados de alta en el IMSS. Además, esas mismas condiciones los excluyen de la posibilidad de organizarse en sindicatos. Entre los trabajadores informales destacan los vendedores ambulantes, artesanos, taxistas independientes, trabajadores domésticos, así como trabajadores de las plataformas.

Ahora, en la Cámara de Diputados se empezó a discutir la reducción de la jornada laboral. La propuesta contempla que la jornada se reduzca de 48 a 40 horas a la semana. La justificación de la necesidad de dicha propuesta es inobjetable. A decir de Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, más del 25 por ciento de la población ocupada trabaja más de la jornada legal máxima de 48 horas por semana. México es uno de los países que más horas trabaja. Datos de la OCDE señalan que, en promedio, los mexicanos trabajan dos mil 137 horas al año, mientras que los países de esta organización tienen un promedio de mil 730 horas. Resulta, entonces, de manera urgente y necesaria la propuesta.

Sin embargo, la realidad no cambiaría para el 60 por ciento de la población ocupada. La situación de la mayoría de la clase obrera mexicana es un tema pendiente para la agenda política nacional. Tanto las vacaciones dignas como la reducción de la jornada laboral, si se llegaran a aprobar, beneficiarían solo a cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos.

Los retos que sugiere esta problemática no son sencillos ni expeditos de resolver. Las reformas que se plantean tanto para el sector formal como para el informal son indispensables. Aun así, es necesario volver al manido, pero no por ello real, histórico y objetivo, planteamiento de que las reformas políticas resultan solo un avance a los derechos laborales. Bajo este contexto, el sindicalismo se convierte en una herramienta imprescindible. No es una cosa del pasado, por el contrario. Solo hay que voltear a ver a los países más desarrollados, cuya afiliación sindical rebasa el 50 por ciento, mientras que en nuestro país solo el 18 por ciento de los trabajadores que laboran en el sector formal está afiliado a un sindicato. Solo la clase obrera mexicana organizada podrá defender y exigir que sus derechos sean respetados.