La reciente irrupción de sicarios en las comunidades Tepozonalco e Iyotla, donde quemaron 24 viviendas y ocho automóviles, ocasionó el desplazamiento de cerca de 400 personas, que se sumaron a otras 800 de Leonardo Bravo. Este municipio y Zitlala forman parte de la zona amapolera de la región Montaña de Guerrero que controla un grupo delictivo.

Además de las comunidades citadas, los desplazados vivían en Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación y Tlaltempanapa, Zitlala y la mayoría huyó primero a Chichihualco, donde se asilaron temporalmente en el auditorio municipal, para después trasladarse a Chilpancingo, Cuernavaca y la Ciudad de México (CDMX).

Todos salieron huyendo por la violencia armada provocada por los grupos delictivos, la ineficiencia de las autoridades de seguridad pública –incluidos los militares del Ejército Nacional y la Marina– y el desinterés del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en resolver este grave problema social.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (CRDDH) y representante de un grupo de desplazados, denunció que decenas de éstos huyeron porque la policía estatal cateó sus domicilios y los obligaron a buscar refugio en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo

Hoy estas personas, en su mayoría humildes, se enfrentan a dos graves pandemias: El Covid-19, que se encuentra en su etapa más álgida y los grupos delincuenciales, cuyas actividades ilícitas han hallado mayor libertad durante la contingencia sanitaria.

El grave problema de inseguridad pública en la región de La Montaña tiene que ver con el control de la explotación de concesiones mineras de oro que extraen. Esta zona forma parte del “cinturón de oro” de Guerrero, donde las autoridades estatales y federales privilegian el interés de los empresarios por encima de la seguridad de la población.

La violencia ha aumentado en los últimos tres años –de 2018 a la fecha– debido a que los grupos de la delincuencia organizada se disputan el control de las zonas mineras y a la baja sensible del precio internacional de la goma de opio, que es extraída de la amapola, cuyo cultivo es común en esa región de Guerrero.

Los habitantes de las comunidades serranas afirman que las autoridades civiles favorecen al grupo delincuencial con la Policía del Estado y otras corporaciones, cuyos elementos se dedican a intimidarlos, agredirlos e inculparlos sin sustento a fin de provocar su huida.

Recientemente, un grupo de desplazados por la Policía Comunitaria de Tlacotepec pidió la intervención de un defensor de derechos humanos de la organización civil antes citada (CRDDH), porque los policías interrogaron a la gente, la amenazaron y le exigieron la entrega de armas y celulares, con el pretexto de que buscaban sospechosos.

También demandaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (CDHG), a cargo de Ramón Navarrete Magdaleno, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Gobierno del Estado a cargo de Héctor Astudillo Flores, para que asuman su responsabilidad, frenen las violaciones a los derechos humanos y desmovilicen a los grupos armados.

Olivares Hernández y la defensora Teodomira Rosales Sierra lamentaron que la seguridad pública de la región esté en manos de un grupo delincuencial, que militares y policías acompañen al grupo delictivo y que las comunidades sean víctimas cotidianas de violaciones a sus derechos humanos y desplazamientos.

Luego de la última irrupción violenta del grupo delictivo, ambos defensores de derechos humanos fueron detenidos durante 40 minutos y los agresores les prohibieron el ingreso a los pueblos serranos. La CDHEG condenó las amenazas, se solidarizó con ellos y exhortó a las autoridades estatales a garantizar su seguridad y su labor humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red de Derechos para todos, alertaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno en torno al riesgo que corren Manuel Olivares y Teodomira Rosales por acompañar y respaldar a las víctimas del desplazamiento forzado de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Zitlala.

Continúa la estela de muertes

Cientos de familias del llamado “cinturón dorado” salen de sus pueblos por miedo a quedar en el fuego cruzado, tener que huir, dejar a sus pueblos en calidad de fantasmas o pasar a conformar una estadística de muertos.

Es evidente el terror entre los habitantes de pueblos de la Sierra, la mayoría en situación de pobreza extrema, en cuyos rostros la expresión más común es el deseo de recuperar la tranquilidad que perdieron después de los cruentos choques armados donde fue exterminado el Cártel del Sur.

Es necesario destacar que los pobladores que huyen de la violencia no forman parte de ninguna organización delictiva, pero que sí se sintieron “protegidos” durante varios años por tal grupo, que fue amo de la zona y finalmente replegado hasta los linderos de Chilpancingo.

Integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) afirman que tras múltiples ataques armados a los comunitarios y a la población civil, elementos de las fuerzas de élite exterminaron al Cártel del Sur, logrando neutralizar a 32 sicarios, que fueron abatidos en las comunidades Carrizal, Balsamar, El Naranjo, Tepozonalco, La Soledad, Iyotla y la cabecera municipal, Chichihualco, donde aún están a la vista casas y vehículos calcinados.

Admiten su incursión en las comunidades donde regularmente se escondían los delincuentes aunque no se han instalado para operar, ya que pretenden evitar el desplazamiento de personas que nada tienen que ver en este asunto; pero que abandonan sus hogares por temor a represalias o a morir en el fuego cruzado.

El grupo de desplazados de Filo de Caballos, representado por Manuel Olivares Hernández, colocó un plantón en la entrada de Tepozonalco para no permitir el ingreso a las fuerzas de seguridad y proteger a éste. Pero en la comunidad sigue la riña.

A través de un comunicado, la policía comunitaria del FUPCEG reiteró su compromiso con la sociedad y con las 760 comunidades que forman parte de las filas comunitarias y anunciaron acciones encaminadas a erradicar por completo al citado cártel, que tiene su base de operaciones en Chichihualco.

En abril de este año, hubo un enfrentamiento entre la Policía Comunitaria de Tlacotepec y un cártel local, resultaron muertos 20 personas y cuatro guardias comunitarios. Posteriormente se replegó para favorecer las labores de las autoridades gubernamentales.

Pero los comunitarios amagan con incursionar nuevamente en El Naranjo porque no se ha logrado el propósito principal: liberar a los pueblos de la influencia del grupo criminal y porque quieren colaborar en la pacificación de la zona.

Una vez logrado este objetivo, iniciará una etapa de paz, que constará de varias acciones, como solicitar a las autoridades la creación de una comisión integrada por miembros de la Policía Comunitaria, por organismos de derechos humanos y el Ministerio Público, a fin de que los ciudadanos afectados formulen sus quejas y denuncien las vejaciones que sufrieron a manos del cártel mencionado.

También se prevé la conformación de una comisión especial de ciudadanos de las comunidades, que se dedicará a buscar, localizar y exhumar restos humanos para identificarlos y entregarlos a sus familiares. Todas estas acciones se realizarían en colaboración con las autoridades competentes.

Las macabras curvas de Chichihualco

El recorrido por carretera de Chilpancingo a Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, dura apenas 40 minutos, pero se hace más largo porque tiene innumerables curvas y en éstas abundan las cruces de personas muertas violentamente, vehículos calcinados o abandonados y personas armadas que vigilan a los viajeros.

Después de pasar por un retén de la Policía del Estado, un aserradero, las comunidades de Jalapa, Atlixtac y El Palmar, el primer sitio de Chichihualco es una quebradora de piedra. Luego del angustiante tránsito por esa parte de la sierra, llegamos a la cabecera municipal en medio de un agradable clima frío.

La señora Joaquina “N”, nativa de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, cuenta a buzos que a causa de la violencia “el tres de noviembre de 2018 salí de mi pueblo natal, con mis dos hijos –de nueve y seis años– mi mamá y algunos documentos, dejando mi casa, animales, siembra de maíz, frijol y calabaza. Caminamos toda la noche hasta llegar a Copalillo, donde permanecimos dos meses, luego estuvimos en México y actualmente tenemos un año viviendo en la cabecera municipal de Chichihualco”.

En esta población hay también desplazados de Los Morros, Filo de Caballos, La Escalera, Tres Cruces, entre otras comunidades. Aunque no han sido aceptados en su totalidad por gente de Chichihualco bajo el argumento de que “solo traen problemas”, los niños ya pueden acudir a la escuela mientras los adultos deben permanecer en sus casas y no asistir a reuniones ni a las iglesias.

Tras una intensa lucha en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), lograron que el Gobierno Federal los apoyara con el pago de renta de viviendas y comida. Sin embargo, estos apoyos no les alcanzan para cubrir todas sus necesidades.

“El recurso es insuficiente y lo tenemos que estirar para que alcance. Además, ya me acostumbré a vivir aquí y ya me prestaron las tierras para sembrar maíz y frijol durante la actual temporada agrícola”, mencionó nuestra entrevistada.

Para los desplazados, la seguridad y la reubicación son principales exigencias. Joaquina quiere seguir viviendo en Chichihualco con su familia y no desea regresar a Tlaltempanapa, donde a la mayoría de los vecinos les impiden salir a trabajar y si salen los multan.

En Chichihualco, sin embargo, la situación no es mucho mejor a la que vivió en su comunidad, ya que un grupo armado quemó viviendas y carros cerca de la casa y el terreno que un señor le arrendó. El ataque fue justo a un lado.

“Atacaron en la noche y en la mañana, cuando realizaba mis labores domésticas, más de 10 policías estatales, armados y encapuchados, entraron violentamente a mi casa sin orden de cateo, me interrogaron y revisaron todo el lugar ante la mirada atónita de los dos niños”, relató.

También la cuestionaron porque hurgaron varias colchonetas en busca de algo, debido a que en la vivienda de la persona que le renta la casa, habían encontrado un arsenal. Pese a este incidente, Joaquina insiste en que Chichihualco es un mejor lugar para ella, ya que sus hijos pueden estudiar.

Para José “N”, de 76 años, el panorama es totalmente diferente. Afirma que le resulta muy triste haber dejado el pueblo donde nació, creció, estudió la primaria, se casó, crío a sus hijos y forjó un patrimonio con base en muchos esfuerzos.

“Toda una vida en la comunidad Los Morros y de repente tengo que huir como delincuente… sin nada. No sé si regresaré un día a mi pueblo”, sollozó. Instantes después, no obstante, narró con voz firme y mirada serena cómo su pueblo fue repentinamente rodeado por gente armada que los obligó a desplazarse.

Debió salir de su casa con la ropa que traía puesta y algunos documentos. Él y sus vecinos caminaron durante horas, sin mirar atrás y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, donde estuvieron unos días. Actualmente están en casas particulares esperando que se resuelva su exigencia de reubicación y seguridad. Él solo quiere volver a su hogar.

El inicio de la “guerra”

La empresa minera canadiense Leogold Mining Corporation tiene derecho a explotar una superficie a cielo abierto de cuatro mil 246 hectáreas en Los Filos y El Bermejal. Su objetivo para 2024 consiste en extraer 889 mil onzas de oro y ocho mil 322 onzas de plata.

A una década de que se iniciaran las actividades extractivas en el denominado “cinturón de oro” se han generado, ciertamente, empleos en la región y algunos recursos fiscales para construir obras públicas como carreteras y puentes. Pero casi al mismo tiempo, en 2011, surgieron los grupos delictivos que azotan a otras empresas y los pobladores de las comunidades aledañas.

En 2018, la violencia delictiva se agudizó y los ejidatarios se arrepienten por haber rentado sus tierras a los complejos mineros que solo han traído problemas. Las familias comenzaron a huir a pie desde noviembre de ese año y la mayoría buscó refugio en Chichihualco.

A principios de 2020 se recrudecieron los hechos violentos, los desplazamientos masivos y el número de los pueblos abandonados crece día a día debido a la codicia de los delincuentes y el desinterés de los gobiernos estatal y nacional en brindar seguridad a los ciudadanos pobres y marginados.