Ya se cumplen dos meses de que los vecinos y los jóvenes y niños que habrán de beneficiarse con la construcción de una unidad deportiva en la ciudad de Morelia están reclamando que el gobierno del estado intervenga de manera efectiva para arrancar de las manos de una banda de invasores de predios un terreno que fue destinado con todas las de la ley para ese propósito. Y nada. Los delincuentes siguen tan campantes. Durante todo este tiempo no ha sido posible conseguir, ya no se diga una entrevista, sino ni siquiera una declaración pública del señor gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en el sentido de que las víctimas tienen razón y de que se hará justicia pronta y expedita. Muchos actores políticos y testigos del país entero se preguntan las razones profundas de esa conducta.

Todo indica, como lo denunciara públicamente en su momento el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, que no se trata solamente de un par de sujetos que consuetudinariamente se dedican a la invasión y trafique de predios. La señora Haidee Yépez Rangel y su marido, Manuel Rodríguez Valencia, solo son los empleados de una operación de mayor calado cuyos alcances llegan, por lo pronto, al despojo del predio en beneficio de personajes poderosos, a objetivos de carácter electoral y, posteriormente, mucho más allá. No deja de sorprender el hecho de que toda la atención a los demandantes de justicia y a sus representantes haya sido dejada en manos del secretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo, quien, si no tiene otra cualidad, posee la de hacer compromisos y no cumplirlos, la de maniobrar y la de mentir fríamente.

¿Por qué? ¿Qué esconde? ¿A quién protege? Difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto y es perfectamente comprobable para cualquier observador de buena fe, es que un delito como es la ocupación violenta de un predio urbano de cuatro hectáreas por dos sujetos que encabezan a otros ocho, se ha dejado correr y agravar sin dedicarle una intervención política efectiva para desalentarlo.

Cabe informar que pronto haremos público un video en el cual, empleados de la secretaría de gobernación en el estado de Michoacán dialogan con los invasores para, supuestamente, hacerlos desistir de sus hechos; pero, en realidad, chacotean divertidos con los delincuentes; quien vea y escuche el video mencionado, por ningún motivo afirmaría que se trata de desalentar la comisión de un delito, sino de una convivencia entre compinches. Que no es una simple invasión de un predio por parte de dos tipos aislados, contribuye a demostrarlo: 1) el hecho de que ya se hayan atrevido a enviar a unos sicarios armados con machetes a agredir a los vecinos que acampan diariamente en parte del terreno y que, pese a los reiterados llamados, ninguna autoridad haya acudido a protegerlos; 2) el hecho, documentado mediante otro video, en el que un camión, enviado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentó en el sitio de la invasión con órdenes precisas de conectar el servicio de energía eléctrica (para los millones de mexicanos que no tienen luz y para los millones que han pasado 15 o 20 años solicitando un servicio “provisional”, deberá de resultar muy sorprendente que la CFE se apreste a atender a un inexistente asentamiento humano con toda eficiencia y celeridad) y; 3) el envío de “mensajeros” que hacen el “favor” de informar a los vecinos en la guardia, que ya Haidee Yépez y Manuel Rodríguez hicieron trato y entregaron nombres al crimen organizado para que inicie las ejecuciones (por si hubiera alguna duda en caso de una investigación, tenemos plenamente identificada, con nombre y apellidos, a la mujer que se comidió a llevar el mensaje).

Es más –las pruebas de la mano negra oficial se acumulan–, después de haber asegurado que el desalojo del predio se llevaría a cabo “el viernes 15 o el sábado 16” del mes en curso, y que, evidentemente, esto no sucedió, Armando Hurtado ya no se comunicó, ahora solo manda recado de que no fue posible el desalojo porque “el tribunal negó la restitución del bien”. Estamos ante una nueva maquinación escandalosa para despojar a niños y jóvenes del terreno para su unidad deportiva. Debe saberse que fue Armando Hurtado, por sí y ante sí, quien decidió renunciar a la ruta política para lograr la restitución del predio, que fue él quien decidió seguir la vía jurídica, que fue él mismo quien redactó y entregó la denuncia de hechos y, finalmente, que fue el secretario de gobierno, Armando Hurtado, quien mantuvo diálogo privado con el mencionado tribunal y, al momento de redactar estas líneas, solo él conoce las razones que pudo haber aducido esa autoridad para negar la restitución del bien. Toda una macabra trama para apoderarse del predio del Quinceo. La autoridad con las manos metidas hasta los sobacos.

Va quedando despejada, pues, la duda acerca de quién empuja y protege a los dos sujetos que prestan sus nombres. El predio en cuestión consta de 39 mil 999.95 metros cuadrados y se encuentra a un costado del “Estadio Morelos” de la ciudad de Morelia; y, evidentemente, dejaría grandes ganancias si se vende por lotes. El predio fue entregado oficialmente en comodato por el gobierno del estado con el fin de que se destinara a la construcción de una Unidad Deportiva; el comodato fue protocolizado el 18 de julio del año 2000, durante el gobierno del Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí y está firmado por el entonces Oficial Mayor de Gobierno, el Lic. Fausto Vallejo Figueroa y por el C.P. Sergio Zepeda, entonces Director de Patrimonio Estatal. La comodataria es la Asociación Deportiva Antorcha Popular, A.C. y no hay ninguna duda acerca de su legalidad; por lo demás, hasta ahora, nadie se ha atrevido a incursionar por ese lado.

Los años transcurridos desde que el predio se entregó en comodato dejan dos lecciones muy importantes. La primera es que el tiempo de solución de los problemas sociales es largo y penoso; a las exigencias de que se construyera la unidad deportiva, varios gobiernos respondieron siempre que no había recursos, pero, como recursos sí hay, lo que hay que entender de la respuesta es que el proyecto no ha estado dentro de sus prioridades, así como no ha estado entre sus prioridades proporcionar un buen servicio médico a la población. Y, en segundo lugar, el tiempo transcurrido demuestra palmariamente la congruencia, la honradez del Movimiento Antorchista, que ha dedicado mucho tiempo y trabajo de sus miembros a defender el proyecto original de construir una unidad deportiva.

No falta ya mucho para que haya elecciones. Los candidatos de los diferentes partidos a los diferentes cargos de elección popular recorrerán el país y el estado tratando de ganarse el voto popular. Quién más, quién menos se mostrará hondamente preocupado por la grave situación por la que atraviesa el país y se ofrecerá a sí mismo como la solución perfecta. Los candidatos habrán de recorrer también la zona que nos ocupa, en la que miles de familias con hijos jóvenes y niños han sido agraviados y amenazados, zona en la que las familias michoacanas se mantienen durante semanas como rehenes de políticos inescrupulosos. ¿Qué les dirán sobre la unidad deportiva que necesitan para sus hijos? ¿Les dirán que cuando hizo falta que defendieran a los niños y jóvenes y a su unidad deportiva, lucharon hombro con hombro con ellos, o les dirán que desde la sombra estuvieron al lado de los atracadores y de sus poderosos padrinos?

Finalmente, estoy convencido de que, pese a todo lo acontecido hasta ahora, debe quedar constancia escrita de que, hasta el último momento, insistimos en solicitar respetuosamente la intervención del señor Gobernador del estado, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Y así lo hago ahora a nombre de los michoacanos atropellados.