El Ajusco ha sido escenario de múltiples desapariciones y hallazgos de cuerpos sin vida, lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes y visitantes.
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Ante el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada, misma que sigue atemorizando a la población en la zona de los Altos de Chiapas, habitantes de las etnias Tzotzil y Tzeltal marcharon el pasado domingo 12 de enero en el municipio de Chenalhó, para exigir seguridad y justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, ocurrido hace tres meses.
Asimismo, los manifestantes exigieron a las autoridades que se investigue el homicidio de dos jóvenes la noche del 11 de enero en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas.
Los afectados piden al Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que participe en el desarme de los grupos armados y que frene a la delincuencia organizada que los ha desplazado durante varios años.
Durante la movilización, insistieron que cientos de familias no han podido regresar a sus comunidades debido a las amenazas constantes de grupos delictivos que operan en la región, queman viviendas y obligan a las personas a abandonar sus propiedades.
Finalmente, urgieron a las autoridades a que apliquen una estrategia que les regrese la seguridad en todas las comunidades, mismas en las que se está disputando el territorio para continuar con delitos como el tráfico de drogas, trata de personas y extorsión, por mencionar algunos.
El Ajusco ha sido escenario de múltiples desapariciones y hallazgos de cuerpos sin vida, lo que ha generado una gran preocupación entre los residentes y visitantes.
El informe marcó tres lustros de medición continua sobre el tamaño real de la inseguridad en el país.
Los defensores de derechos humanos y periodistas de la entidad son víctimas de agravios y ataques directos, no sólo provenientes de bandas del crimen organizado, sino también de autoridades locales y municipales.
En el primer trienio de Berenice Hernández (2022-2024) en Tláhuac, la incidencia delictiva aumentó 20 por ciento respecto al mismo año de su antecesor Raymundo Martínez.
Chiapas, Durango, Nayarit, Guerrero y Baja California son las entidades con más nacimientos de todo el país.
Exigen regularización de su estatus migratorio, aseguran que llevan años sin respuesta.
Las víctimas de desplazamiento aseguran que sufrieron amenazas y extorsiones.
Piden a grupos criminales apoyar con la entrega de medicamento
El alcalde denunció que la penetración del crimen organizado en Uruapan tiene más de 25 años.
En Sinaloa, por segundo año consecutivo, cancelan festejos patrios.
Fenómenos climáticos y tensiones con Estados Unidos también presionarán el desarrollo económico.
Díaz Flores acusó al presidente de la CEDH, de desviar recursos públicos y manipular redes sociales para atacarla.
La FGR recibió la denuncia el 27 de agosto; un día después, se confirmó que el Ministerio Público comenzó la investigación.
Se presume que el Defensor de Derechos Humanos de Chiapas se quedaba con el 63 por ciento del salario de un empleado, a quien corrieron por denunciar el hecho.
Chiapas se sumó a otras entidades del país que han legislado sobre este tema, entre ellas la Ciudad de México, Aguascalientes, SLP y Tabasco, entre otras.
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Escrito por Redacción