En campaña, López Obrador dijo que cuando gobernara este país se acabaría el espionaje gubernamental ilegal. Nada más lejos de la realidad hoy que es Presidente. En este sexenio se ha espiado ilegal y descaradamente a periodistas, opositores, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, igual o más que con los gobiernos anteriores. El último caso conocido fue el del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos quien, en 2020, de acuerdo con una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, fue objeto de intervención telefónica con el programa Pegasus cuando investigaba la ejecución extrajudicial de tres personas por parte de las fuerzas armadas en Tamaulipas. El propio Presidente aceptó, en una conferencia mañanera, que dicha persona había sido espiada por su gobierno, aunque dijo que con él “no se realiza espionaje”, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”, queriendo decir con esto que no había ninguna ilegalidad en ello, lo cual es falso.

Si bien el gobierno en turno pretende normalizar el espionaje y hasta le llama “inteligencia” para confundir a la población, intervenir las comunicaciones privadas está prohibido, en principio, pues cuando se realiza se afecta el derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos personales, derechos reconocidos y protegidos por nuestro sistema constitucional. El derecho a la privacidad es aquel que permite a las personas excluir o negar a otras el conocimiento de su vida privada, personal y familiar, o determinar en qué medida otros pueden conocerla. Así, nuestro domicilio, correspondencia y demás sistemas de comunicación privada están protegidos en contra de cualquier injerencia arbitraria del poder. El derecho a la protección de nuestros datos personales implica que cada persona pueda tener el control sobre los datos que lo identifican, determinar quién puede conocerlos así como quién tiene derecho a acceder a ellos, a pedir su rectificación, cancelación y a oponerse a que sean publicados.

Ahora bien, las comunicaciones privadas sí se pueden intervenir, fundamentalmente en dos casos. El primero, como parte de una investigación penal respecto de la comisión de algunos delitos, caso en el que se pueden intervenir las comunicaciones privadas de una persona (correo o telégrafo, teléfono alámbrico y móvil o a través de Internet) con la autorización de un juez federal, previa petición fundada y motivada de la autoridad ministerial, donde se señale el tipo de intervención a realizar, la persona a la que va dirigida y su duración (no puede ser mayor a seis meses). Dicha intervención no se autorizará cuando los asuntos investigados sean de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni las comunicaciones entre un detenido y su defensor; y el segundo, cuando existan amenazas a la seguridad nacional de acuerdo con el Artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, espionaje, terrorismo o actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Estas intervenciones a las comunicaciones se harán en los términos que la ley señale y siempre con autorización judicial, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia.

En el caso de Raymundo Ramos se verificó que no se encontraba en ninguno de los supuestos legales antes enunciados para intervenir sus comunicaciones; y mucho menos existía autorización judicial para hacerlo, con lo cual se evidencian dos cosas: la falsedad de las declaraciones del presidente López Obrador respecto de este caso concreto pues, como vemos, dicho espionaje no fue legal; y que el actual Gobierno Federal, que se dice diferente, espía ilegalmente a sus ciudadanos igual que los de antes, demostrando con ello, una vez más, su carácter autoritario.

Bajo ninguna circunstancia los mexicanos debemos normalizar estos agravios por parte del gobierno, pues tenemos derecho a vivir tranquilos, libres de acoso, chantaje, extorsión o persecución por parte del poder. Para ello es necesario que nuestros derechos sean respetados y el espionaje ilegal, realizado a conveniencia del gobierno, desaparezca. Así lo debemos exigir.