Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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Por lo menos siete universidades públicas de México están en riesgo de quebrar debido a que el presupuesto federal para educación acumula un déficit de más de 30 mil millones de pesos (mdp), por lo que no es posible cubrir salarios, prestaciones de fin de año y mantenimiento de infraestructura, informó el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Palencia.
Aseguró que, durante los cinco años del gobierno de la 4ª Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han cancelado fondos extraordinarios y se ha incumplido en términos de otras mermas, lo cual ha provocado que el déficit presupuestario en las universidades siga incrementando y puede pasar de 13 mil mdp hasta los 30 mil mdp.
A pesar de los recursos limitados, señaló que las universidades han hecho un gran esfuerzo para incrementar sus matrículas hasta un diez por ciento; sin embargo, son las familias de más de cinco millones de estudiantes quienes han tenido que absorber los costos del déficit a través de cuotas; con lo cual se incumple la promesa presidencial en la reforma educativa de hacer gratuita y universal la educación.
González Palencia prefirió no enlistar a las universidades que están en riesgo de quiebra para no “balconearlas”; pero, asintió que se trata de las que funcionan actualmente en los estados de Sinaloa y Durango, por mencionar solo algunas.
Ante este panorama, indicó que se alistan para acudir a la Cámara de Diputados a defender el presupuesto de todas las universidades e institutos tecnológicos públicos estatales, principalmente las 211 que están asociadas al ANUIES.
“Solicitaremos al menos un incremento extraordinario de siete mil mdp para atender áreas urgentes como la recuperación de la política salarial de 2024, el fondo solidario para infraestructura y equipamiento y evitar la quiebra de universidades”, concluyó.
Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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Escrito por Redacción