No debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan.
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Ya han pasado dos años desde que en México apareció la pandemia del Covid-19, que ocasionó la suspensión de la economía, que los trabajadores perdieran empleos y disminuyera el consumo, además aumentó la demanda de préstamos para solventar gastos de la vida diaria. El crecimiento económico no se ha recuperado sino que se agrava. Ante estas circunstancias cabe preguntar, ¿cuál es la situación del crédito de los trabajadores?
El sector financiero, que por lo general atiende los créditos de los trabajadores, está muy ligado a las instituciones de microfinancieras (instituciones que se dedican a prestar dinero a personas que emprenden pequeñas actividades comerciales y que generalmente también son trabajadores). Las compañías más importantes de este tipo en el mercado nacional son Compartamos, Financiera Independiente y Provident México, solo por mencionar algunas de las 59 que clasifica ProDesarrollo 2020. Estas financieras ofrecen créditos a personas que no tienen acceso a los grandes bancos comerciales como Banamex, Banregio, BBVA, HSBC, Banorte, etcétera.
Aunque se supone que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estas microfinancieras realizan prácticas abusivas contra sus clientes. Entre sus abusos destacan las elevadas tasas de intereses, que justifican con el argumento de que asumen más riesgos, y los métodos de cobranza que son un verdadero martirio para los deudores. Por ejemplo, la reposición de los préstamos grupales de Compartamos para disminuir riesgos de impago (el no pago de la deuda) se carga al colectivo cuando falla uno de los deudores para que la empresa no pierda. Otras microfinancieras ni siquiera tienen la regulación de la CNBV, y es en ellas donde se guarecen miles de trabajadores necesitados de México porque no tienen acceso a los bancos comerciales tradicionales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021) en 2021, el 52 por ciento de la población adulta contaba con algún tipo de financiamiento. Entre 2018 y 2021 se observó lo siguiente: 1) Unas de las principales razones por las que el 25 por ciento de las personas consultadas ya no obtuvieron crédito fue que los intereses fueron muy altos; el 11.5 por ciento aseguró haber tenido mala experiencia y el 7.5 por ciento no cumplió con los requisitos. 2) Hubo personas que afirmaron nunca haber tenido crédito porque no cumplían con los requisitos (25 por ciento); el 10 por ciento porque los intereses y las comisiones eran muy altos. Y (3) el 27 por ciento de la población adulta (21.3 millones de personas) utilizó un instrumento informal de crédito; el 10 por ciento usó dos instrumentos informales (7.6 millones de personas) y el dos por ciento de la población adulta recurrió a tres o más instrumentos de este tipo, lo que abarcó a 1.7 millones de personas.
Si bien es cierto que el crédito ayuda a resolver alguna necesidad o, en su defecto, a crear negocios que contribuyan a mejorar la suerte de los deudores, su uso en estas circunstancias parece más bien destinado a beneficiar a los acreedores, porque se quedan en una situación tan deplorable que, para enfrentar a un préstamo, muchas veces deben efectuar otro préstamo. Así pues, la única salida que queda para quienes no les alcanza su ingreso o resolver sus necesidades básicas es demandar trabajo y que éste sea bien remunerado. ¿Quién, cómo y dónde? Éstas son las preguntas que primero deben hacerse para resolver el problema.
No debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan.
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Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.